La corrupción y el clima de negocios El Financiero
La percepción de corrupción afecta profundamente el clima de negocios. Según el Foro Económico Mundial, la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios, incrementando los costos operativos hasta en un 10%.
El combate efectivo a la corrupción sigue siendo un pendiente en el país y se suma a los desafíos que enfrenta el gobierno si en verdad queremos atraer inversiones de calidad y de largo plazo y lograr los niveles de crecimiento y bienestar que el país merece.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional revela un panorama preocupante para México con una puntuación de 27 sobre 100, lo que lo posiciona en el lugar 141 de 182 países evaluados.
Aun cuando esto representa una ligera mejora (un punto) respecto a 2024, sigue indicando niveles alarmantes de corrupción en el país.
En el contexto regional de la región latinoamericana, el promedio de calificación es 42 y México se ubica entre los países peor calificados, solo por encima de naciones como Guatemala (26) u Honduras (22).
Los hallazgos clave destacan cómo la corrupción ha facilitado la infiltración del crimen organizado en la política, exacerbando la violencia y deteriorando la democracia.
Esto se manifiesta en el debilitamiento de instituciones, la impunidad y el impacto directo en la vida cotidiana, incluyendo violaciones a derechos humanos y fallos en servicios públicos.
La inseguridad derivada de la corrupción obliga a las empresas a destinar hasta el 5% de sus presupuestos a medidas de seguridad.
En un entorno en el que la concentración de poder erosiona contrapesos institucionales, la incertidumbre económica persiste, agravada por reformas que priorizan criterios políticos sobre técnicos.
La asignación directa de contratos públicos sin respetar principios básicos de procura de bienes y servicios y el favoritismo en licitaciones públicas generan un campo desigual, disuadiendo inversiones locales y extranjeras de calidad más allá del capitalismo de amigos (crony capitalism), lo que afecta severamente el clima de negocios y la certidumbre.
Esto frena el crecimiento, fomenta la desigualdad y reduce la competitividad global de nuestro país que enfrenta retos de infiltración criminal en sectores clave, amén de riesgos y retos geopolíticos y comerciales en un contexto internacional por demás complejo.
La corrupción erosiona profundamente el Estado de derecho al socavar la confianza en las instituciones. Cuando los funcionarios públicos utilizan su poder para obtener beneficios personales, se crea un entorno en el que la justicia se ve comprometida y las leyes son aplicadas de manera desigual.
Esto no solo desincentiva la inversión y el desarrollo económico, alimenta también la impunidad.
La corrupción perpetúa además la desigualdad social, ya que los recursos que deberían destinarse al bienestar común son desviados hacia intereses privados.
En última instancia, este ciclo dañino debilita la gobernanza, fomenta la inestabilidad y mina la legitimidad del Estado, haciendo que los ciudadanos desconfíen de su capacidad para proteger sus derechos y garantizar un entorno justo, aumentando la exposición legal de empresas a disputas sesgadas.
Más allá de la insistente narrativa oficial, lo cierto es que la reforma judicial ha generado vulnerabilidades por lo deficiente de su implementación y el comportamiento percibido en fondo y forma en algunos tribunales federales y locales, comenzando por el máximo tribunal de nuestra República.
Transparencia Internacional recomienda centrar la lucha anticorrupción en la agenda gubernamental, fortalecer un poder judicial independiente, proteger libertades fundamentales y transparentar las adquisiciones públicas. Otras medidas incluyen mayor escrutinio en contratos privados, canales para denuncias con protección a informantes y cooperación internacional para combatir el lavado y la influencia criminal.
La implementación de programas robustos de compliance en empresas y reformas para descentralizar recursos locales podría mitigar riesgos, fomentando un entorno más atractivo para las inversiones.
En conclusión, el IPC 2025 subraya que la corrupción en México no solo es un lastre ético, sino un obstáculo estructural para el desarrollo.
Es urgente recalcular el rumbo y enfrentar los desafíos mediante reformas integrales que podrían ayudar a transformar el clima de negocios y ofrecer seguridad jurídica, impulsando un crecimiento inclusivo.
El desafío es pasar de la percepción a la acción concreta, involucrando a gobierno, sector privado y sociedad civil.