Una historia de poder y violencia legal Sol Yucatán

Ericka Contreras Pérez

Durante más de una década, Estefi y G. H. fueron, para quienes los miraban desde fuera, lo que suele llamarse una pareja ideal. Compartían proyectos, viajes, una vida social activa y un entorno de estabilidad económica que reforzaba la imagen de éxito. Sin embargo, como ocurre en demasiadas relaciones marcadas por la desigualdad de poder, esa imagen pública convivía con señales que, aunque intermitentes, comenzaban a inquietar a quien las vivía desde dentro.

Dice, había actitudes que la alertaban, gestos que la incomodaban, episodios que aparecían casi siempre cuando él bebía. Nada que desde fuera pudiera señalarse con facilidad. La esperanza, la costumbre y el deseo de que las cosas mejoren estaba ahí. La relación atravesó altas y bajas hasta que llegó una primera separación. Entonces no había hijos. Estefi salió de esa etapa con las manos vacías y el corazón roto, convencida de que aquel capítulo había terminado.

No fue así.

Él volvió, prometió cambiar, ofreció un nuevo comienzo. De ese regreso nació su primera hija, en Miami, ciudad donde pasaban temporadas largas y que eligieron para el nacimiento de la niña. La llegada de un hijo no trajo calma. Trajo más tensión, más control, más desgaste.

Con el tiempo, Estefi llegó a una certeza simple y clarísima: no quería que su hija creciera creyendo que eso era una relación de pareja. La relación debía terminar. Esta vez, de manera definitiva.

Las amenazas comenzaron a llegar: “Te voy a dejar en la calle”, “te voy a quitar a mis hijos”, “nadie te va a creer”, “soy intocable”. No eran frases dichas al azar. G. H. y su familia cuentan con capital económico, social y político. Públicamente, tiene el antecedente de haber sido exonerado de una acusación de fraude relacionada con 58 predios lo que permite dimensionar el entorno del que se habla y explica por qué esas amenazas resultaban creíbles.

Como ocurre casi siempre, la violencia no se detuvo: escaló.

Estaba por dar a luz a su segundo hijo cuando ocurrió uno de los episodios más reveladores de esta historia. Se preparaba para una cesárea programada. Al salir, descubrió que las cuatro llantas de los vehículos habían sido destrozadas. Alguien había tenido acceso al domicilio. No fue un acto fortuito ni vandalismo: fue un mensaje.

Días antes, otro episodio había marcado su historia. Su entonces esposo llegó a la casa alterado con el pretexto de irse, no hubo golpes, pero sí amenazas: “Si no te quitas, te vergu#0”, le dijo, según consta en su testimonio. Ella llamó a la policía e inmediatamente fue con sus abogados para después retornar a un hogar saqueado. Él se llevó muebles, objetos personales, ropa, juguetes, TODO. La dejó sin una sola prenda.

 La violencia, una vez más, no necesitó golpes para ser efectiva.

Afirma contar con audios y videos que documentan estas amenazas. En uno de ellos, él le anticipa que el banco la sacará de la casa. Y lo cumplió. El 5 de febrero de 2026, un día aparentemente cualquiera, se presentaron en su domicilio en Temozón Norte para desalojarla a ella y a sus pequeños hijos.

De acuerdo con sus asesores jurídicos, el desalojo se ejecutó mediante una simulación legal. Casualmente, cuando Estefi solicitó el divorcio y se dictó como medida de protección que ella y sus hijos permanecieran en el inmueble, se activó un supuesto juicio ejecutivo. En él se presentó un convenio transaccional de desocupación y entrega entre G. H. y un abogado que no habitaba la vivienda, pero que afirmó hacerlo. Con base en ese contrato se ejecutó el desalojo.

Quedaron sin un techo seguro, dependiendo de la buena voluntad de familiares y amigas.

Ella no pide privilegios. Lo ha dicho con claridad: pide un juicio justo, conforme a derecho.

Este caso permite reconocer un patrón de violencia: El uso de los mecanismos legales como herramientas de violencia patrimonial, familiar, económica y vicaria. Lo que esta familia vive responde a dinámicas estructurales que la ley mexicana y la legislación de Yucatán reconocen y sancionan como formas de violencia, pero que en la práctica siguen encontrando resquicios para operar con normalidad.

La preocupación mayor recae en las infancias. El principio del interés superior de la niñez, consagrado en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en las normas estatales vigentes, no es una consigna. Es una obligación jurídica. Ninguna disputa patrimonial, ningún conflicto entre adultos, ningún interés económico puede estar por encima del bienestar, la seguridad y la dignidad de niñas y niños.

Cuando los procesos legales se usan para despojar, intimidar o castigar, no solo se vulneran derechos individuales. Se envía el mensaje de que el poder pesa más que la ley, que los privilegios se imponen sobre la protección de las infancias y que la justicia puede doblarse cuando quien presiona tiene recursos.

Este caso no es solo la historia de una mujer desalojada y de sus hijos. Es un ejemplo de cómo operan ciertas violencias y de la responsabilidad que tienen las instituciones frente a ellas.

Estefi es una mujer inteligente, divertida, locuaz y decidida a defender a sus hijos, a trabajar por y para ellos, a sostenerse desde la sensatez y la esperanza de que esto será solo un episodio en sus vidas. Pero su determinación no basta: necesita que las autoridades, especialmente el Poder Judicial, garanticen justicia. Ni más ni menos.

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