Policía ambiental detiene a dos personas realizando minería ilegal en Panamá Infobae
Guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y unidades de la Policía Ambiental informaron sobre la captura de dos personas por realizar minería ilegal dentro de la Reserva Forestal El Montoso, agravando la preocupación por el daño irreversible que estas actividades provocan en ecosistemas de Panamá. La acción se produce en un contexto de aumento de casos de minería ilegal, en el que las autoridades advierten sobre la contaminación de ríos y suelos por sustancias tóxicas, lo que constituye un grave riesgo para la salud pública y la biodiversidad del país.
Los infractores son un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos en el cauce del río Tebariomientras extraían minerales sin autorización. En el operativo, realizado por guardaparques y agentes policiales, se incautaron tres platos de madera empleados para lavar oro, tres palas, dos barras de hierro y tres envases plásticos con material minero presuntamente ilícito. Ambos individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para el inicio de los procesos legales correspondientes.
La proliferación de minería ilegal en Panamá representa uno de los mayores desafíos en materia ambiental y legal. Según información oficial de MiAmbiente, la principal amenaza radica en el uso no regulado de productos químicos como mercurio y cianuro, elementos que suelen emplear quienes extraen oro de manera artesanal y sin permisos. Estos compuestos tóxicos tienen la capacidad de degradar suelos, contaminar cursos de agua y comprometer la salud de comunidades aledañas, generando efectos persistentes a largo plazo.
En respuesta al incremento de infracciones, la entidad ambiental exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier acción que atente contra el ambiente a través de la línea 311 o mediante sus redes sociales oficiales. El llamado se da en un contexto de creciente preocupación por la frecuencia y sofisticación de las actividades mineras clandestinas en áreas protegidas y zonas rurales del territorio panameño.
Repunte de la minería ilegal y patrones recientes
Durante los últimos meses, Panamá ha registrado un repunte en los casos de minería ilegal, una tendencia que intensifica la presión sobre las autoridades y desafía la normativa ambiental vigente. El fenómeno incluye tanto la captura de particulares sorprendidos en flagrancia como la detección de campamentos clandestinos con maquinaria y túneles excavados sin autorización.
A mediados de febrero de 2026, unidades conjuntas de guardaparques y de la Policía Ambiental intervinieron en el Parque Nacional Chagres, sector Santa Librada en Colón, donde detuvieron a dos individuos implicados en labores mineras dentro del área protegida. Según reportes oficiales, la operación contempló la retención de herramientas y equipos para detener el avance de prácticas extractivas que amenazan la integridad de estos ecosistemas.
Un mes antes, a fines de enero, las autoridades detuvieron a cuatro personas en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, tras ubicar un campamento subterráneo desde el cual se realizaban excavaciones de varios metros para extraer minerales. El operativo permitió decomisar bombas de agua, una planta eléctrica, herramientas diversas, combustible y dos campamentos improvisados, evidenciando una estructura organizada que opera al margen de la ley.
Regulación y sanciones previstas para la minería ilegal
La minería artesanal y de pequeña escala en Panamá se rige por el Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963), que exige la obtención de concesiones y el cumplimiento de normas ambientales estrictas para la protección de los recursos naturales. Además, la Ley General de Ambiente (Ley 41 de 1998) establece parámetros adicionales para preservar el entorno.
De acuerdo con la legislación vigente, quienes infringen estas disposiciones pueden recibir sanciones que van desde 150 a 365 días-multa hasta la suspensión de la licencia de operación por un período de uno a tres años, dependiendo del daño ambiental ocasionado. La normativa también contempla la inhabilitación para contratar con la administración pública por hasta tres años, como medida paralela a las penas administrativas y penales aplicables.
Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una figura penal sancionada tanto por la ley ambiental como por el sistema judicial panameño. Alertan sobre los riesgos asociados a la explotación no regulada de los recursos minerales y la necesidad de mantener una vigilancia constante en los territorios protegidos.
