El ROBO de COMBUSTIBLE dejó de limitarse a la perforación clandestina para Evolucionar a Huachicol Fiscal Punto Por Punto

En México, el problema del robo de combustibles dejó de limitarse a la perforación clandestina de ductos para evolucionar hacia mecanismos más complejos, difíciles de detectar y con fuerte impacto económico.

El llamado huachicol fiscal, basado en la importación de gasolina bajo clasificaciones arancelarias incorrectas para evadir impuestos, se consolidó como una de las principales amenazas para el mercado formal, al tiempo que abrió espacio a la circulación de combustibles adulterados que comprometen el funcionamiento de los vehículos.

La operatoria combina legalidad aparente y evasión real

El combustible se compra de manera regular en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, pero al ingresar a México es declarado como si se tratara de insumos con menor carga tributaria.

• A través de redes de corrupción en puertos y cruces fronterizos, esos volúmenes terminan comercializándose sin pagar los gravámenes correspondientes, generando una ventaja de precio imposible de igualar para la cadena formal.
• La escala alcanzada por este circuito quedó expuesta tras los aseguramientos realizados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, período en el que se incautaron 98 millones de litros de combustible ilegal en el país.
• Más que un dato policial, la cifra funciona como indicador del tamaño de un mercado paralelo que opera con lógica industrial. Esa lógica se explica, en gran medida, por el volumen que permite el contrabando fiscal.

Mientras la extracción clandestina desde ductos suele limitarse a cargas cercanas a los 50 mil litros por operación, el ingreso por vía marítima o ferroviaria habilita movimientos exponencialmente mayores.

Un solo buque puede transportar hasta 50 millones de litros, y cada carro cisterna ferroviario supera los 113 mil litros.

• La posibilidad de introducir grandes cantidades en poco tiempo reduce riesgos operativos y multiplica la rentabilidad total, incluso considerando el costo de compra del combustible y los gastos logísticos.
• De acuerdo con datos de PetroIntelligence, el litro de gasolina Magna promediaba 23.32 pesos en México a comienzos de febrero, mientras que la gasolina regular en Texas se ubicaba en 11.46 pesos por litro.
• La diferencia responde principalmente a la carga impositiva: alrededor de 13 por ciento del precio final en Estados Unidos frente a niveles que pueden alcanzar 44 por ciento en México, equivalentes a unos 10.40 pesos por litro.

En términos prácticos, lo que un consumidor mexicano paga solo en impuestos se acerca al valor total del combustible del otro lado de la frontera.

Ese desfasaje crea el incentivo perfecto para la evasión

• Incluso vendiendo por debajo del precio de mercado, el combustible ingresado sin tributar puede ofrecer márgenes elevados.
• Así, el huachicol fiscal no solo reduce la recaudación pública, sino que altera las condiciones de competencia para las estaciones de servicio que operan dentro de la legalidad.

A la distorsión económica se suma un riesgo técnico creciente: la adulteración

• Estudios de laboratorio detectaron irregularidades en hasta 35 por ciento de las muestras analizadas en controles que superan las 2.500 inspecciones anuales.
• Según explicó a Surtidores Latam, Andrés Gutiérrez Torres, director del laboratorio Ciefsa, en algunos casos los propios expendios desconocen la irregularidad del producto, mientras que en otros se evita realizar controles adicionales para sostener precios competitivos en un mercado presionado por la oferta ilegal.
• Cuando el combustible falla, quien finalmente asume el costo es el consumidor. El avance del huachicol fiscal revela así un fenómeno más profundo del delito tradicional.

Se trata de una combinación de incentivos fiscales desalineados, diferencias internacionales de precios, capacidad logística del crimen organizado y debilidades en los sistemas de control de calidad.

Sus efectos se extienden desde la recaudación del Estado hasta la confianza en las estaciones de servicio y el desempeño del parque vehicular.

La gota de combustible que derramó el vaso de la corrupción

En México, el «Niño Huachicolero» es el santo popular de los criminales que se dedican al robo y la venta ilegal de combustible. Suele representarse con un vestido blanco, un bidón y una manguera, instrumentos que sirven para extraer el oro negro de los oleoductos perforados.

El hurto de petróleo, conocido como huachicoleo o tráfico de huachicol, nació como un fenómeno local a finales del siglo pasado. Sin embargo, a partir de la década de 2010, los cárteles de la droga empezaron a adueñarse del negocio ilícito, desangrando las venas negras del país.

• Drogas y combustible: En la actualidad, el huachicol es la segunda fuente de financiamiento del crimen organizado en México, señala Verónica Ayala, de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Se calcula que este delito ha generado pérdidas millonarias de cerca de 4000 millones de dólares entre 2019 y 2024.

La periodista mexicana explica a DW que el tráfico ilegal de combustible ha aumentado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, apenas con la presidenta Claudia Sheinbaum se habrían lanzado operativos para combatirlo. «En todo el sexenio anterior, negaron que existiera esta problemática y nunca se tomaron medidas en contra», observa Ayala.

• Caso «huachicol fiscal». Este 7 de septiembre se confirmó el arresto de 14 personas presuntamente implicadas en una red de contrabando, en un operativo ligado al decomiso de diez millones de litros de hidrocarburos a principios de año.

Entre los detenidos, destacan el vicealmirante de la Marina mexicana Manuel Roberto Farías Laguna y otros nueve marinos y funcionarios aduaneros. De ahí que el llamado caso «huachicol fiscal» no solo ponga el foco sobre el tráfico ilegal de combustible, sino también deje al descubierto prácticas corruptas en la Armada.

Corrupción en el Ejército y la Marina

Estos arrestos, más el presunto suicidio de otro miembro de la Marina, «son solo la punta del iceberg del nivel de corrupción e impunidad que impera en las Fuerzas Armadas Mexicanas», subraya Paloma Mendoza, del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (CESIG-ITAM).

• Durante muchos años, prosigue, «la Marina mantuvo una narrativa de ‘cero impunidad’ sobre este tipo de casos para diferenciarse del Ejército. Sin embargo, investigaciones periodísticas serias y filtraciones afirmaban lo contrario».
• El expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó a las Fuerzas Armadas «una serie de funciones y responsabilidades de desarrollo de infraestructura, que le otorgaron un gran poder económico a Marina y Defensa», observa la Dra. Mendoza.

«Convirtió a los militares en empresarios, y la presidenta Sheinbaum está pagando las consecuencias del error estratégico de las decisiones de su antecesor, que resultaron en un caldo de cultivo para la corrupción, el nepotismo y la profundización del statu quo de las operaciones del crimen organizado en las aduanas y en los puertos de México», sentencia la experta en seguridad.

No solo la Marina…

• En 2020, el expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó el control administrativo de las aduanas fronterizas al Ejército y el control de los puertos a la Marina, «porque eran consideradas las instituciones más confiables», cuenta Verónica Ayala, de MCCI. En su opinión, esta medida «no logró frenar la corrupción».

Sin embargo, la periodista también destaca que hay varias instituciones implicadas en el huachicoleo, como por ejemplo la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Esta se encarga de analizar las muestras que se toman de los contenidos de los cargamentos que llegan vía marítima al país.

• El combustible clandestino «no solo se transporta vía marítima, sino también pasa a través de las aduanas fronterizas, donde el Ejército está a cargo, y también se transportan grandes cantidades de huachicol en pipas, que recorren las carreteras del país y son controladas por la Guardia Nacional», explica Ayala.

Huachicol afecta imagen de la Armada

Si bien la experta de MCCI saluda las primeras acciones del Gobierno de Sheinbaum contra autoridades de alto nivel en la Marina, exige que las investigaciones abarquen a todas las instituciones involucradas.

• Por su parte, el politólogo Javier Ulises Oliva, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoce que el caso del «huachicol fiscal» ha afectado el prestigio de la Armada de México.
• Sin embargo, también está convencido de que la institución se verá fortalecida porque «ha dado un paso al frente» en la lucha contra la corrupción, a diferencia de otras áreas del sector público.

Asimismo, el Dr. Oliva apunta que el robo de combustible en México, su refinamiento en Estados Unidos y su regreso a México, «no solamente nos habla de un problema en las aduanas, sino de las complicidades de empresarios y autoridades en los Estados Unidos».

Verónica Ayala comparte este punto de vista, y está convencida de que las «detenciones tienen mucho que ver con la presión que está ejerciendo Estados Unidos, porque se trata de esquemas transnacionales». «Quizá, si no hubiera esta presión por parte de Estados Unidos», agrega, «no habría estas acciones por parte de las autoridades mexicanas».

Piden a EU extradición de los Jensen por ‘huachicol fiscal’

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la extradición de empresarios vinculados con la introducción ilegal de combustibles al País, entre ellos integrantes de la familia Jensen, investigados por contrabando fiscal de hidrocarburos.

El caso forma parte de indagatorias abiertas en México y en territorio estadounidense por redes que habrían ingresado gasolina y diésel sin pagar impuestos, mediante operaciones de comercio exterior y triangulación de empresas. «Sí, son empresarios que se dedicaban a hacer parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México y hay solicitud de extradición de algunos empresarios», afirmó.

La Mandataria indicó que la información detallada corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de investigaciones en curso y cooperación internacional. ¿Son los Jensen?, se le preguntó.

«Entre otros», respondió Sheinbaum.

Autoridades federales investigan un esquema de «huachicol fiscal» mediante el cual se declaraban aditivos o aceites industriales para pagar menos impuestos, aunque en realidad se trataba de gasolina o diésel que posteriormente era comercializado en el mercado nacional.

• Las pesquisas también incluyen operaciones relacionadas con importaciones irregulares de hidrocarburos y transferencias financieras trianguladas, detectadas por instancias fiscales y de inteligencia financiera.
• Sheinbaum confirmó que existe coordinación con agencias estadounidenses debido a que algunos involucrados enfrentan procesos en ambos países, pero se negó a ofrecer detalles del caso.

«Es la Fiscalía quien tiene que dar la información si es que así se puede en el marco de la investigación de los nombres de estos empresarios», sostuvo.

Baja en huachicol

Por otro lado, la Presidenta aseguró que el robo de combustibles registra una disminución y que el fenómeno se refleja en el aumento de ventas legales tanto en Pemex como en empresas privadas.

La Mandataria sostuvo que las autoridades mantienen operativos contra el contrabando fiscal y contra las tomas clandestinas en ductos, mientras continúan investigaciones para frenar nuevas modalidades de extracción ilegal.

• «El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados», afirmó.
• Sheinbaum explicó que una de las medidas centrales es el control de trazabilidad del combustible transportado por carretera mediante códigos de verificación obligatorios.

«Los vehículos que llevan combustible ya tienen un QR grande. Ese QR lo da la Secretaría de Energía. Tiene el origen y el destino del combustible y eso garantiza que es un combustible legal», indicó.

Señaló que cuando una pipa no porta el código, las autoridades federales pueden detenerla y dar vista a la Fiscalía.

• «Si no trae el QR, entonces se detiene al vehículo y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va; algunas de las veces se llama la fiscalía y se incauta el vehículo», agregó.
• La Jefa del Ejecutivo federal atribuyó la reducción del transporte ilegal al sistema de seguimiento implementado por dependencias energéticas y fiscales.
• «Esto ha hecho que disminuya muchísimo el transporte de combustible ilegal porque necesariamente tienen que tener trazabilidad, quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va», sostuvo. /PUNTOporPUNTO