Colapso del sistema de salud Sol Yucatán
- Hospital inconcluso, salud en crisis y el costo político de la negligencia.
Daniel Lee/Sol Yucatán
El abandono del sistema de salud no se mide únicamente en cifras presupuestales o informes administrativos. Se mide en hospitales inconclusos, en atención insuficiente y en enfermedades que crecen mientras el Estado promete soluciones que nunca llegan.
El caso del Nuevo Hospital General de Ticul, cuya apertura sigue sin fecha tras más de una década, se ha convertido en el símbolo más contundente del desgaste político, la desorganización institucional y la crisis de prioridades que enfrenta el gobierno estatal encabezado por Joaquín Díaz Mena.
Lo que debía ser una obra estratégica para garantizar atención médica digna hoy representa un emblema del retraso gubernamental, del gasto público cuestionado y de la creciente distancia entre las necesidades sociales y las decisiones del poder. Mientras tanto, miles de ciudadanos continúan enfrentando un sistema de salud saturado, insuficiente y con capacidades limitadas, sin que pareciera importarle a la Secretaría de Salud (@salud_yucatan).
La incapacidad de concluir el Nuevo Hospital General de Ticul no es un simple retraso administrativo: es el retrato de un modelo de gestión pública que privilegia la narrativa sobre los resultados y la imagen sobre la responsabilidad institucional.
La pregunta que emerge es inevitable: ¿cómo puede justificarse una década de retraso en una obra esencial para la salud pública?
El problema trasciende lo técnico. Es político, administrativo y ético.
Un hospital no es un proyecto decorativo ni una obra de lucimiento; es una necesidad vital. Cada día sin su funcionamiento representa atención médica postergada, diagnósticos tardíos y oportunidades perdidas para salvar vidas.
La paradoja del gasto público
El retraso del hospital contrasta con decisiones presupuestales que han generado creciente polémica social. Mientras proyectos estratégicos permanecen inconclusos, el gobierno impulsa inversiones en obras de impacto mediático, programas de presencia territorial y proyectos cuya prioridad es cuestionada por diversos sectores.
Esta contradicción ha intensificado el debate sobre el uso del gasto público: recursos destinados a infraestructura secundaria mientras proyectos esenciales para la salud permanecen estancados.
El presupuesto no solo refleja decisiones administrativas; revela la jerarquía real de prioridades del poder.
Y en esa jerarquía, la salud pública parece no ocupar el lugar que debería.
La emergencia silenciosa: trastornos de la nutrición en ascenso
El retraso del hospital adquiere mayor gravedad frente al panorama sanitario que vive la región. Los datos oficiales muestran una realidad alarmante: cerca de 50 mil personas en la Península de Yucatán fueron atendidas clínicamente durante 2025 por trastornos de la nutrición, la cifra más alta en trece años.
Se trata de enfermedades que afectan no solo el cuerpo, sino la estabilidad emocional, la vida social y la calidad de vida de la población: desnutrición, obesidad, anorexia y bulimia.
A nivel nacional se diagnosticaron 797,152 casos, un incremento de 10.54% respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento en la Península fue mucho más acelerado: 48,906 casos, equivalentes al 6.13% del total nacional, con un aumento anual de 27.69%.
El dato más revelador es el siguiente: Yucatán lideró la región con 21,238 personas atendidas, un incremento de 34.82%.
Estas cifras representan mucho más que estadísticas médicas. Son el reflejo de un sistema de prevención insuficiente, de políticas de salud fragmentadas y de una capacidad institucional limitada para enfrentar problemas complejos.
Mientras las enfermedades crecen, la infraestructura hospitalaria permanece detenida.
Salud pública sin estrategia estructural
Por otra parte, el aumento de trastornos alimentarios revela fallas profundas en prevención, educación nutricional, atención temprana y cobertura médica. No se trata únicamente de un fenómeno sanitario, sino de un problema social que exige intervención integral del Estado.
Sin embargo, la respuesta institucional parece dispersa, reactiva y carente de visión estratégica.
La crisis nutricional demanda hospitales funcionales, personal especializado, programas de atención psicológica, prevención comunitaria y políticas de salud pública sostenidas. En cambio, el retraso del hospital de Ticul simboliza exactamente lo contrario: planeación deficiente, ejecución lenta y ausencia de urgencia gubernamental.
El costo social de esta inacción es incalculable.
Cuestionamientos al gabinete y fragilidad institucional
El caso del hospital también ha alimentado cuestionamientos públicos al gabinete estatal. Diversos sectores han señalado falta de coordinación administrativa, opacidad en procesos de obra pública y ausencia de rendición de cuentas sobre los retrasos.
Cuando un proyecto de tal magnitud permanece inconcluso durante años, la responsabilidad deja de ser técnica y se convierte en institucional.
La percepción pública comienza a configurar un diagnóstico preocupante: un gobierno con dificultades para ejecutar, supervisar y concluir proyectos estratégicos. La confianza en la capacidad del gabinete se erosiona cuando los resultados no llegan.
La credibilidad institucional no depende del discurso oficial, sino de la eficacia de la gestión.
El desgaste político prematuro
Todo gobierno enfrenta crítica; lo excepcional en el caso yucateco es la rapidez con que surge el desgaste político. Lo que debería ser etapa de consolidación administrativa comienza a mostrar signos de fatiga institucional.
El retraso del hospital, el debate sobre el gasto público y el aumento de problemas de salud generan una narrativa de gobierno que pierde legitimidad antes de consolidarse.
Se configura un fenómeno clásico: la distancia entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
Mientras el discurso habla de avances, la realidad muestra carencias. Mientras se anuncian proyectos, los problemas persisten. Mientras se promete transformación, la infraestructura permanece inconclusa.
Gobernar es priorizar
El caso del Hospital General de Ticul plantea una discusión fundamental sobre la naturaleza del poder público: gobernar implica elegir prioridades.
Cuando las decisiones presupuestales no coinciden con las necesidades sociales, la legitimidad se debilita. Cuando la infraestructura esencial se posterga, la confianza pública se erosiona. Cuando la salud queda subordinada a la política de imagen, el gobierno pierde su razón de ser.
Un hospital inconcluso durante más de una década no es solo un retraso administrativo; es un fracaso político.
La deuda con la sociedad yucateca
La sociedad no exige discursos, exige resultados. No reclama inauguraciones simbólicas, exige servicios reales. No necesita narrativas optimistas, necesita instituciones funcionales.
El gobierno estatal enfrenta hoy una disyuntiva histórica: corregir el rumbo mediante transparencia, rendición de cuentas y ejecución efectiva de proyectos estratégicos, o persistir en una gestión que privilegia la apariencia sobre la solución de fondo.
La crisis sanitaria, el aumento de enfermedades y la infraestructura inconclusa constituyen una advertencia clara.
El poder político puede administrar la percepción durante un tiempo, pero no puede sustituir indefinidamente la realidad.
En Yucatán, el Hospital General de Ticul se ha convertido en símbolo de una promesa incumplida, de una administración cuestionada y de un modelo de gobierno cuya legitimidad comienza a desgastarse bajo el peso de sus propias omisiones.
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