Existe un pasivo ambiental que enferma a México, denuncia organización Siete24.mx
Ciudad de México.— La organización México, Comunicación y Ambiente A. C. refirió que en nuestro país existen más de 2 mil 200 sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de ese total, sólo alrededor de 30 cumplen con los criterios establecidos en la NOM-083 y el resto funciona fuera de la normatividad ambiental vigente, pese a contar en muchos casos con permisos oficiales.
Asimismo, señaló que México genera 47 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos. La cifra forma parte de un volumen total estimado en 366.15 millones de toneladas de residuos de distinto tipo cada año. Entre ellos se encuentran 3.2 millones de toneladas de residuos peligrosos, 1.5 millones de residuos eléctricos y electrónicos, 28.8 millones de llantas y 12 millones de residuos de la construcción.
Según la organización, una parte significativa de estos materiales termina en sitios que no cumplen con las condiciones técnicas requeridas.
Cumplimiento limitado de la NOM-083
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó más de 2,200 sitios de disposición final en el país. La NOM-083 establece las especificaciones para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias, con el fin de prevenir contaminación del aire, agua y suelo.
México, Comunicación y Ambiente A. C. sostuvo que solo una treintena de estos espacios cumple con la norma. En los demás se generan aproximadamente 30 millones de toneladas anuales de biogás compuesto por dióxido de carbono y metano. También se han documentado afectaciones a más de 200 cuerpos de agua y la contaminación de 1,320 millones de metros cúbicos de suelo en una superficie cercana a 30 mil hectáreas. Durante 2024 se registraron 204 incendios en sitios de disposición final.
Impacto económico de la degradación ambiental
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que los costos totales de la degradación ambiental en el país ascienden a 2.5 billones de pesos. Estas cifras incluyen afectaciones vinculadas con contaminación del aire, agua y suelo.
La organización señaló que durante años existió fragmentación de responsabilidades entre autoridades municipales, estatales y federales en materia de gestión de residuos, la situación permitió la operación continua de sitios fuera de norma.
Inspecciones y clausuras en curso
México, Comunicación y Ambiente A. C. acusó que durante años, la omisión y la fragmentación de responsabilidades entre autoridades municipales, estatales y federales permitieron que estos focos de contaminación se normalizaran. Hoy, ese ciclo comienza a romperse con la actual administración federal, a través de la PROFEPA, encabezada por Mariana Boy, que ha iniciado inspecciones, sanciones y clausuras que marcan un punto de inflexión en la política ambiental del país.
No obstante, dijo que el reto no termina con colocar sellos, romperlos, ignorarlos o continuar operando tras una clausura constituye un delito, con responsabilidades administrativas y penales, tanto para las empresas como para los funcionarios que toleren o encubran estas violaciones.
“La autoridad que clausura está obligada, por ley, a vigilar y hacer cumplir sus propias resoluciones, especialmente cuando se trata de clausuras definitivas”, indicó.
Con base en publicaciones de medios de comunicación y en información difundida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la México, Comunicación y Ambiente A. C. documentó una serie de casos que, a su juicio, evidencian la necesidad de una aplicación estricta de la legislación en materia de residuos:
En el caso de Pro Faj S.A. de C.V., con operaciones en Puebla y Estado de México, la organización refiere que en Naucalpan un deslave en sus instalaciones provocó la muerte de trabajadores sepultados por residuos. En San Pedro Cholula, la autoridad ambiental ordenó la clausura tras inconformidades de comunidades organizadas. El cierre definitivo debió ejecutarse desde abril de 2025, sin que hasta ahora exista constancia pública de su cumplimiento total, reveló.
En Cuautla, Morelos, el relleno sanitario La Perseverancia acumula denuncias vecinales por liberación de lixiviados y olores asociados a afectaciones a la salud. Durante 2025 se registraron incendios prolongados que derivaron en una emergencia ambiental. La medida impuesta consistió en una clausura parcial temporal.
Asimismo la organización detalló que en Querétaro, el relleno sanitario Mompamí, operado por la empresa Veolia durante casi 30 años, regresó al control municipal. La decisión incluyó avanzar hacia su clausura anticipada ante reportes de mala operación y saturación del sitio.
En San Luis Potosí, el relleno sanitario El Zapote presenta derrames de lixiviados hacia fraccionamientos y carece de sistemas adecuados para el manejo de biogás y compactación. La PROFEPA ordenó su clausura definitiva con fecha límite al 31 de diciembre de 2025. Pese a ello, continúa en operación.
En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la empresa CAABSA operó durante 32 años el relleno sanitario Los Laureles. El sitio fue clausurado en 2021. El proceso de remediación reporta un avance del 8 por ciento. Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo y Tlaquepaque adoptaron un esquema intermunicipal para la gestión de residuos tras concluir la concesión.
En Yucatán, el relleno sanitario de Kanasín, operado por Ciclo Corporativo, fue objeto de inspecciones federales que documentaron filtraciones de lixiviados al acuífero y dispersión de residuos. La PROFEPA impuso clausura, pero la operación continuó. Un Tribunal Colegiado de Circuito concedió suspensión provisional para mantener el cierre.
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