La muerte de 15 migrantes en la frontera de Ceuta en 2014, "en silencio judicial" Infobae
Ceuta, 6 feb (EFE).- Los organizadores de la "XIII Marcha por la Dignidad", que todos los años recuerda la muerte de 15 migrantes subsaharianos el 6 de febrero de 2014 en la frontera de Ceuta con Marruecos, han lamentado este viernes que a nivel judicial la situación se encuentre en "silencio".
En declaraciones a los periodistas, Ramsés Mohamed, uno de los organizadores de la "Marcha por la Dignidad", que este año se ha sustituido por un acto por el mal tiempo, ha advertido que la situación está en un "silencio judicial, a la espera de los recursos de amparo".
Ramsés Mohamed ha recordado que el caso sigue en manos del Tribunal Constitucional después de que en 2024 fuera admitido a trámite el recurso contra el archivo de la causa en una acción judicial promovida por la Asociación Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).
"El caso se ha abierto y cerrado pero actualmente no hay nada nuevo en este aspecto", ha concretado.
Asimismo, en febrero del 2024 uno de los supervivientes, Ludovic N., que reside en Alemania, presentó una queja contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU donde se pedía la reapertura de una nueva vía hacia la justicia y posteriormente el 6 de febrero del 2025 una segunda víctima, el camerunés Brice O., que perdió la visión de un ojo por una pelota de goma disparada por la Guardia Civil, también presentó una nueva denuncia ante la ONU.
"La situación no ha cambiado, cada vez es más difícil el acceso de los migrantes por vías legales o seguras y hay que seguir manteniendo actos de protesta y recuerdo para que se produzca un giro radical de las políticas migratorias que sólo se enfocan en controlar, reprimir y violentar los derechos humanos", ha añadido Ramsés Mohamed.
Los organizadores han conseguido que este año uno de los supervivientes, Brice O., participe en una mesa redonda junto a Hanaa Hakiki, directora de Justicia Fronteriza y abogada del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos. EFE
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