Mónica García emplaza por carta al Comité de Huelga a conseguir un Estatuto Médico mediante iniciativas parlamentarias Infobae

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este jueves una carta al Comité de Huelga médico en la que emplaza a los sindicatos a recurrir a otros trámites, como las iniciativas parlamentarias, para conseguir un Estatuto propio para el colectivo médico y facultativo, aseverando que utilizar el recurso de la huelga para impulsar esta demanda impone una afección prolongada en la atención sanitaria y en la población.

Mónica García ha remitido esta misiva en el marco de la convocatoria de huelga médica estatal por parte del Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O"MEGA).

La huelga arrancará el lunes 16 de febrero y se prevé que se desarrolle durante una semana al mes hasta junio, con el objetivo de demandar un Estatuto Marco que recoja las particularidades de los profesionales médicos y mostrar su rechazo al acuerdo normativo alcanzado por el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF, pendiente de tramitación para su remisión al Consejo de Ministros.

En la carta, la titular de Sanidad recuerda al Comité de Huelga que es precisamente la Mesa del Ámbito de Negociación el órgano legitimado para el diálogo y la adopción de acuerdos en materia de legislación laboral, con la participación de aquellas organizaciones sindicales que han sido elegidas democráticamente en las elecciones sindicales y representan a todos los profesionales, incluidos los médicos facultativos.

Pese a esto, destaca que el Ministerio de Sanidad se ha reunido con sindicatos del Comité de Huelga en más de 20 ocasiones, tanto con CESM, que también forma parte del Ámbito, como con organizaciones de APEMYF. "En el seno de dichas reuniones se alcanzaron numerosos puntos de convergencia que quedaron reflejados en el texto. El Ministerio de Sanidad llegó a remitir, en diciembre de 2025, un documento con propuestas orientadas a la consecución de un posible acuerdo, sin recibir una contrapropuesta", señala.

Sobre el acuerdo de Estatuto Marco, que permitiría su actualización tras 23 años, la ministra subraya que supone una "mejora sustancial" de las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios, además de incorporar un capítulo específico y diferenciado para el colectivo médico facultativo que responde a la "gran mayoría" de sus demandas, algo que han aceptado de forma "expresa" los sindicatos que convocan la huelga en varias reuniones.

En este punto, apunta que aquellas demandas que no se ajustaban a las competencias del Ministerio de Sanidad ni al ámbito propio de una ley marco de carácter estatal han sido trasladadas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia plena en aspectos como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su incremento.

Por todo ello, asevera que la reiterada exigencia de retirar este texto, acordado durante más de tres años de negociación, para iniciar de cero la elaboración de un estatuto médico exclusivo para el personal facultativo "no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)", porque supone "la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas, la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar, el desconocimiento de la legislación vigente en materia de negociación colectiva y el desaprovechamiento del extenso trabajo desarrollado en más de 60 reuniones".

MECANISMOS LEGÍTIMOS

En la misiva, García expresa en nombre del Ministerio de Sanidad su "máximo respeto" por el derecho de huelga, pero advierte que utilizar este recurso con el objetivo de que su departamento impulse la elaboración de un estatuto propio "plantea serias dificultades", por lo que sugiere al Comité de Huelga que opte por otras vías contempladas en el ordenamiento jurídico vigente.

Entre ellas, apunta a la proposición de ley, utilizada por los grupos parlamentarios para impulsar leyes y normas ante el Congreso de los Diputados; la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), empleada por la sociedad civil para promover iniciativas normativas con el respaldo directo de la ciudadanía; y las iniciativas legislativas promovidas por los parlamentos o asambleas autonómicas.

Junto a estas, señala que los sindicatos pueden recurrir a negociar aquellas condiciones de trabajo cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas en el marco de las mesas sectoriales de los respectivos servicios de salud, tal y como ha sucedido recientemente en alguna comunidad autónoma.

Asimismo, añade la opción del trámite de audiencia e información pública y, tras ello, el propio trámite parlamentario del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, en el que el texto se somete al debate y a la presentación de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios para su revisión y eventual mejora.

Sobre estas alternativas, asegura que sus plazos no resultarían más prolongados que los que tendrían lugar en el supuesto caso de que el texto fuera impulsado directamente desde el Ministerio de Sanidad, por lo que "no cabe invocar razones de plazo como justificación del recurso a una huelga indefinida".

"Por todo ello, consideramos que focalizar las reivindicaciones exclusivamente en este Ministerio no resulta la opción más adecuada, cuando existen mecanismos legales suficientes y plenamente accesibles para canalizarlas, especialmente teniendo en cuenta que la decisión en cuestión ha sido adoptada legítimamente en el marco del diálogo social", destaca.

Para finalizar, Mónica García reitera su "firme voluntad" de continuar el diálogo, en el marco de los cauces legales y desde la responsabilidad institucional, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales, proteger el interés general y salvaguardar la salud de la ciudadanía.