Las viviendas turísticas ilegales se disparan, ya alcanzan el 23% de la oferta del alquiler vacacional Infobae
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha exigido a las principales plataformas digitales que eliminen la oferta ilegal de viviendas turísticas y temporales, que ya suponen 86.275 y representan 435.689 plazas, un 23% del total de las 1.927.931 existentes.
La patronal del turismo advierte en un comunicado que estos pisos ilegales suponen una amenaza directa a la sostenibilidad, a la competitividad de las empresas legalmente establecidas y a la convivencia en los centros urbanos porque que se comercializan “sin cumplir con las preceptivas normativas autonómicas y locales que las regulan”.
Incide en que la proliferación de viviendas turísticas sin licencia compromete los estándares de calidad y seguridad exigidos al sector, afectando la imagen internacional de España como destino turístico de referencia. Un fenómeno que, a juicio de la organización, impacta negativamente en la reputación del país y erosiona la confianza de los viajeros en la oferta regulada.
Daños colaterales
Desde una perspectiva macroeconómica, Exceltur alerta sobre los efectos disruptivos que genera la oferta irregular en el mercado residencial. Según los datos publicados, la derivación de viviendas de uso habitual hacia el alquiler temporal dificulta el acceso a la vivienda para la población residente en las zonas de mayor demanda turística. Esta tendencia, según la patronal, reduce la vitalidad de los barrios y aumenta la presión sobre los servicios públicos en los distritos más saturados.
La entidad también subraya el daño que esta actividad ocasiona al empleo y al sistema fiscal, ya que “daña la imagen del conjunto del sector turístico español y especialmente de toda la base empresarial que cumple con la extensa y variada legislación vigente para responder a unos adecuados estándares de calidad y seguridad frente al consumidor”.
En este sentido, la patronal reconoce el potencial de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos como herramienta estratégica para asegurar la transparencia en la comercialización de viviendas turísticas. Sin embargo, considera que el éxito de esta iniciativa depende de la responsabilidad social de los operadores digitales, a quienes insta a priorizar un modelo de crecimiento que respete la capacidad de acogida de los territorios y la calidad de vida de los ciudadanos residentes.
Acabar con la ‘piratería’
Exceltur realiza esta petición después de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) notificara esta semana a las principales plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada ilegales, cuyos anuncios deberán ser retirados de forma obligatoria. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro exigido por la normativa, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos.
Esta actuación del ministerio, se enmarca en la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, una herramienta clave para controlar el mercado y perseguir prácticas irregulares. España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear este registro, con el objetivo de aumentar la transparencia, combatir la ilegalidad y proteger el mercado del alquiler residencial.
Desde el pasado mes de julio, todos los propietarios que quieran ofrecer una vivienda turística o de temporada deben contar con un código obligatorio, que otorgan los Registradores de la Propiedad. Este identificador se comparte posteriormente con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que permite cruzar datos y detectar anuncios que no cumplen la ley.
Una vez el Ministerio comunica la irregularidad, las plataformas que operan en el sector están obligadas a retirar los anuncios correspondientes, incluso aunque el inmueble se esté comercializando simultáneamente en varias webs. El objetivo es cerrar el cerco a un fenómeno que, según el Gobierno, ha contribuido de forma notable al encarecimiento de la vivienda y a la expulsión de vecinos de los centros urbanos.
