Laura Fernández mantiene una ventaja considerable antes de las elecciones en Costa Rica Infobae

Cuando los costarricenses acudan a las urnas de votación el domingo, elegirán algo más que a su próximo presidente. La votación también podría determinar si se refuerza o se rechaza el estilo de gobernar del actual gobierno, caracterizado por sus esfuerzos por erosionar las normas democráticas.

Ante una crisis de homicidios sin precedentes y un gobierno en conflicto con las autoridades judiciales y electorales, en gran medida muchos costarricenses han apoyado el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, un populista de derecha que ha tratado de debilitar las instituciones que actúan como contrapeso a su poder.

Ahora, su sucesora elegida, Laura Fernández, se ha convertido en la favorita en una contienda en la que compite contra otros 19 candidatos, entre ellos una ex primera dama y un maestro de bachillerato.

Fernández, de 39 años, quien se desempeñó como principal enlace de Chaves con la Asamblea Legislativa, se mantiene en torno al 40 por ciento necesario para asegurar la victoria en la primera vuelta y evitar una segunda vuelta, según las encuestas recientes.

Sus oponentes más cercanos, Álvaro Ramos, economista y tecnócrata, y Claudia Dobles, ex primera dama con un programa progresista, permanecen en un distante segundo lugar con 9 y 8,6 por ciento de los posibles votantes, respectivamente, según una encuesta reciente de la Universidad de Costa Rica.

Aunque la legislación costarricense impide a Chaves presentarse a un segundo mandato consecutivo, Fernández principalmente ha basado su campaña en una plataforma que supondría la continuación de su mandato, un mensaje que ha calado hondo entre un electorado profundamente preocupado por el aumento de la delincuencia.

La preocupación por los grupos del crimen organizado transnacional ha ido en aumento en toda América Latina y se ha extendido incluso a refugios que antes eran estables, como Costa Rica.

Fernández ha propuesto imponer estados de emergencia para restringir los derechos civiles en las zonas con altos índices de criminalidad. Ha prometido reformar el sistema judicial, al que Chaves ha acusado de sabotear su gobierno. Y se ha comprometido a terminar la construcción de una prisión al estilo de El Salvador, encargada por su antiguo jefe.

Sentada fuera del último mitin de campaña de Fernández el jueves, Karla Evans, de 60 años, dijo que tenía fe en las propuestas de seguridad de la candidata, concretamente en la nueva prisión.

"Eso va a permear", dijo Evans. "Ya cuando esa cárcel esté y vean cómo los van a tratar, ya todo va a bajar".

Sin embargo, los expertos advierten que los abusos contra los derechos humanos suelen estar relacionados con algunas de estas medidas de mano dura. Y temen que Fernández cumpla los deseos de Chaves de concentrar el poder, lo que ha dado lugar a gobiernos autoritarios en otras partes de Centroamérica.

"Lo que hemos vivido es un ataque a las instituciones democráticas que sí nos preocupa muchísimo", dijo Claudia Paz y Paz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, sobre el gobierno de Chaves. "Existe un peligro cuando se trata de deslegitimar los distintos medios de control que existen".

Durante casi 80 años, Costa Rica, un país de más de cinco millones de habitantes, ha sido un caso atípico de paz en la región.

Tras una breve guerra civil que dejó más de 2500 muertos, el país abolió su ejército en 1949 y cambió sus armas por maestros y sus soldados por científicos. La nación redirigió los fondos militares hacia la salud pública, la educación y la infraestructura social. Además, puso sus elecciones bajo el control de un tribunal independiente y creó organismos gubernamentales de supervisión.

Pero el deterioro de la situación de seguridad ha puesto a prueba el compromiso del país con el pacifismo y su respeto por los fundamentos de su democracia.

"Hay una contradicción con lo que hemos sido como sociedad, o que hemos pretendido ser", afirmó Giselle Boza, una destacada experta en libertad de expresión. "Esta elección ha puesto en tela de duda si el costarricense realmente era tan pacifista, tan conciliador, tan legalista. Parece que no es tan así".

Hoy en día, los observadores de la democracia siguen otorgando a Costa Rica una buena calificación, pero sus últimos informes contienen una nueva serie de advertencias. En el centro de esas advertencias se encuentra Chaves, un exfuncionario del Banco Mundial que fue elegido en 2022 en medio de revelaciones de acoso sexual, que él negó repetidamente.

Desde que asumió el cargo, ha utilizado sus conferencias de prensa semanales para atacar a cualquiera que considere un obstáculo --desde fiscales y legisladores hasta periodistas y los líderes de su propio partido-- acusándolos de ser enemigos del pueblo, de querer orquestar golpes de Estado contra él y de frenar sus propuestas políticas.

Para justificar sus ataques, Chaves ha popularizado la afirmación de que Costa Rica, con todos sus controles y contrapesos, es una "dictadura perfecta" en la que burócratas no elegidos frustran las decisiones del presidente.

Entre sus propuestas se encuentra un proyecto de ley destinado a despojar a la contraloría general, un importante organismo de control del gobierno, de su facultad de supervisar los contratos públicos antes de que se gaste el dinero. Chaves y Fernández consideran que este organismo es un obstáculo para el desarrollo; los críticos dicen que es una importante barrera contra la corrupción.

Los analistas afirman que muchos costarricenses han llegado a percibir a su poder judicial como corrupto y a su sistema de partidos como desconectado de los problemas cotidianos de la gente, y que culpan a las élites políticas de aumentar la desigualdad. Una encuesta reciente reveló que tres cuartas partes del país ya no se identifican con ningún partido político.

Las tensiones se intensificaron el año pasado, cuando la Corte Suprema solicitó que se levantara la inmunidad presidencial del Chaves --que le impide ser juzgado-- para que pudiera ser juzgado por cargos de corrupción relacionados con un contrato adjudicado en beneficio de un aliado cercano suyo. Meses más tarde, la autoridad electoral de Costa Rica también pidió que se levantara su inmunidad tras acusarlo de utilizar su poder para interferir en las elecciones del domingo y beneficiar a Fernández.

En ambos casos, los legisladores no alcanzaron la mayoría cualificada de 38 votos necesaria para procesar a Chaves, cuyo mandato termina en mayo.

Chaves criticó esas iniciativas por considerar que tenían motivaciones políticas, y argumentó que sus oponentes trataban de utilizar estas instituciones como arma para evitar perder su control sobre el país. También los ha acusado de sabotear su gobierno, que se ha visto sacudido por la expansión del crimen organizado.

Y si hay algo que preocupa a los votantes es la inseguridad.

En los últimos años, los costarricenses han sido testigos de niveles de violencia que rara vez habían experimentado antes, con unos 900 homicidios al año desde 2023, cifras que siguen siendo casi un 50 por ciento superiores a las registradas antes de que Chaves asumiera el cargo. El aumento de la violencia se ha producido al tiempo que el país se transforma en un importante centro de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, facilitado por grupos criminales locales que colaboran con los cárteles mexicanos. El año pasado, Costa Rica designó al Cartel del Caribe Sur como la primera organización criminal transnacional del país.

Los esfuerzos del gobierno no han sido suficientes para hacer frente a lo que los expertos han denominado una "epidemia" de homicidios que afecta incluso a personas que no tienen vínculos con el tráfico de drogas. Las autoridades identificaron al menos 873 asesinatos el año pasado, de los cuales 86 víctimas, entre ellas decenas de menores, han sido reconocidas como daños colaterales.

Un niño de 13 años recibió un disparo en la cabeza. Una joven madre murió por disparos durante un tiroteo cerca de un taller mecánico. Hombres armados abrieron fuego en una reciente celebración navideña, matando a tres personas.

"Ya uno no quiere ni salir en las noches", dijo Evelyn Villareal, investigadora que estudia el sistema judicial de Costa Rica. "Entonces por ese miedo al crimen organizado es que la gente busca un salvador, un hombre fuerte, que los va a proteger".

Chaves ha asumido ese papel con un éxito considerable. Las encuestas de la Universidad de Costa Rica muestran que ha mantenido un alto índice de aprobación de forma consistente, el cual a menudo ronda el 60 por ciento.

Fernández, que ha dicho que le ofrecerá un puesto en su gabinete si resulta elegida, ha hecho suyos los proyectos de Chaves.

Su agenda, por ejemplo, incluye finalizar la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), una prisión en las afueras de la capital, San José.

El proyecto pretende imitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la instalación que el presidente Nayib Bukele de El Salvador transformó en su emblemática "megaprisión", símbolo de su campaña contra las pandillas. Este año, Chaves invitó a Bukele a inaugurar simbólicamente la prisión, cuya apertura está prevista para junio.

Pero si Fernández quiere que los planes de Chaves se lleven a cabo, una posible victoria en las urnas no sería suficiente. Su partido, Pueblo Soberano, también necesitaría asegurar al menos 38 escaños en la Asamblea Legislativa, una mayoría cualificada por la que ella ha hecho campaña específicamente.

Aún no está claro si el partido logrará la mayoría cualificada. Pero los expertos afirman que conseguir esos escaños podría cambiar el equilibrio de poder en Costa Rica.

Daría al movimiento de Chaves el poder de nombrar una nueva lista de magistrados leales, lo que podría conducir a un mayor control sobre el poder judicial. Haría que los proyectos de ley de Fernández fueran inmunes a las anulaciones de la oposición. Y proporcionarían una vía para enmendar la Constitución del país y permitir la reelección presidencial consecutiva, un objetivo que los altos cargos del movimiento han discutido abiertamente.

Algunos de los partidarios de Fernández ya han tomado una decisión.

"Nadie me va a decir, "Ay, no, es que ellos van a hacer esto o lo otro". No", dijo Evans, la votante que se encontraba fuera del mitin de campaña. "Pongo mi fe en dios que ella va a ser elegida, y que va a hacer algo bueno".

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.