Las maniobras de alias Pipe Tuluá para aplazar su extradición Estados Unidos mientras busca diálogo con el Gobierno Petro
La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la estructura criminal la Inmaculada, está prácticamente definida, pero su defensa ha puesto en marcha una estrategia jurídica y política para retrasar su entrega a Estados Unidos.
Aunque la resolución que autoriza la extradición ya fue firmada, el proceso aún podría extenderse durante varios meses mientras se resuelven recursos legales y se exploran posibles canales de diálogo con el Gobierno.
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Según confirmó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, el traslado de Pipe Tuluá a Estados Unidos es “un hecho” y se concretaría en las próximas semanas. No obstante, la defensa del capo presentará una revocatoria directa del acto administrativo que habilitó la extradición y, de no prosperar, interpondrá una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Estos recursos podrían dilatar el proceso, especialmente si se invocan medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), según El Tiempo.
En paralelo a la ofensiva judicial, Marín Silva ha buscado abrir una puerta política. A través de cartas enviadas al presidente Gustavo Petro y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), manifestó su interés en ser escuchado en una mesa de diálogo en el marco de la política de “paz total”.
En esos escritos, fechados el 15 y el 30 de diciembre, se presenta como jefe e interlocutor de la Inmaculada y expresa la voluntad de explorar una salida negociada que permita, según afirma, superar la violencia en el norte del Valle del Cauca.
En una de las misivas, Pipe Tuluá solicita de manera explícita la suspensión de la extradición, argumentando que su presencia en Colombia es necesaria para instalar la mesa de diálogo y cumplir los compromisos que asumiría la organización.
Fuentes citadas por el medio mencionado señalan que la estrategia jurídica no apunta a eludir los procesos en Estados Unidos, sino a dilatar la extradición para permitir que se instalen los diálogos y se defina un relevo en la cúpula de la organización antes de la salida del cabecilla del país.
Como parte de esta estrategia, también esperan que Estados Unidos envíe las garantías habituales en estos casos, como la prohibición de la pena de muerte, el respeto por su salud y el contacto con su familia, así como la limitación del juzgamiento a los delitos incluidos en la solicitud de extradición.
Mientras se definen los tiempos judiciales, Pipe Tuluá permanece recluido en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá. En Tuluá, su principal zona de influencia, las autoridades locales y la Fuerza Pública anunciaron una “megatoma” de seguridad para prevenir posibles reacciones violentas de la Inmaculada ante la eventual extradición de su líder.
Infobae
