Presume SCJN que es más veloz en resolver, pero aseguran especialistas que es con deficiencias

A cuatro meses de iniciar funciones, la nueva Suprema Corte presume haber aumentado el ritmo en el desahogo de sus pendientes, pues según su último informe de labores pasó de resolver 1.8 asuntos por sesión a 16.4 tras eliminar salas, reducir integrantes y concentrar todo en el pleno.

Especialistas advierten que el énfasis en la eficiencia ha venido acompañado de fallos.

TE PUEDE INTERESAR: Gran Masa de Aire Frío azota a México; nevadas, evento Norte y temperaturas de -15 grados para estos estados

“No se trata solamente de un concurso de rapidez, sino también de la calidad de las decisiones para que se garantice el abatimiento del rezago”, sostiene en entrevista Luis Eliud Tapia, abogado especializado en derechos humanos.

Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, advierte deficiencias graves en algunos asuntos que han causado la protesta del gremio jurídico.

Una de ellas ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un proyecto de la ministra Lenia Batres propuso revisar el criterio que obligaba a consultar a personas con discapacidad respecto a leyes que inciden en sus vidas.

Tras el reclamo y audiencias con organizaciones civiles, el debate para avanzar en el fallo del asunto aún no tiene fecha para reanudarse.

Ayala toma este episodio para puntualizar cómo las decisiones de la Corte sientan un precedente obligatorio para todos los tribunales y juzgados del país, por lo que sus resoluciones deben ser cautas y bien estudiadas.

¿Una Corte más cercana al pueblo?

Algunas de las principales resoluciones del nuevo pleno están relacionadas con el acceso a derechos sociales.

En diciembre, la SCJN amplió el alcance de las pensiones familiares del IMSS al establecer que personas que no son parientes directos pueden acceder al beneficio si acreditan dependencia económica y un rol parental efectivo respecto al trabajador fallecido.

En noviembre, la Corte atrajo la disputa que mantienen pueblos mayas contra la empresa Xcaret por la supuesta apropiación de símbolos.

Para Luis Tapia, estas decisiones deben leerse con cautela, pues aunque hay señales de apertura, aún no se garantiza plenamente una “perspectiva pluricultural en el acceso a la justicia” para comunidades indígenas.

Otro asunto en el que se acusaron deficiencias fue cuando la SCJN validó la incorporación de la violencia vicaria en la legislación federal, decisión que fue cuestionada por organizaciones civiles al considerar que se trata de un marco normativo que no garantiza una protección integral a víctimas.

Los cuestionamientos hacia la nueva Corte alcanzaron su mayor punto con la controversia de la “cosa juzgada”, un principio del derecho que implica que cuando ya se realizó una sentencia definitiva en un caso, no se puede volver a juzgar el asunto otra vez.

A finales de noviembre, cinco integrantes del pleno plantearon realizar un cambio en el criterio respecto a la obligación del Estado de restituir recursos al Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, lo que generó reclamos sobre si se podrían estar reabriendo asuntos que ya habían sido concluidos.

La discusión llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum: “Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”, zanjó. Poco después, la Corte emitió un comunicado en el que negó que el principio de la cosa juzgada estuviera en riesgo.

Impuestos y controversias

En diciembre, la SCJN avaló la constitucionalidad de un cobro de 2% a empresas como Uber y DiDi en la capital del país, pues consideró que no es un impuesto, sino un monto por el aprovechamiento, uso y explotación de la infraestructura urbana de la ciudad.

La decisión ha generado debate entre el sector empresarial y organizaciones que advierten posibles impactos económicos y tensiones con compromisos internacionales como el T-MEC.

“Deben tener cuidado en cómo interpreten los temas fiscales, pues hay diferentes tipos de contribuyentes, no todas las personas tienen estrategias para no pagar impuestos y tienen a su disposición abogados para alargar litigios”, considera Luis Tapia.

También en noviembre, la Corte discutió recursos de empresas de Ricardo Salinas Pliego con relación a créditos fiscales impugnados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El Supremo consideró infundados los amparos y ordenó el pago de los adeudos.

Ante la resolución, Salinas Pliego aseguró que los ministros omitieron el análisis del fondo jurídico y no consideraron un “evidente acoso político” en su contra.

Melissa Ayala señala que es fundamental que los casos se examinen con base en precedentes y que se resuelvan de manera imparcial.

“Las animadversiones personales pueden existir, pero el papel de un juez o una jueza constitucional es emitir sentencias apegadas al derecho”, asevera.

Para este 2026, la Corte tiene pendiente la resolución de impugnaciones de adeudos millonarios de otras empresas con presencia internacional, como Movistar y Samsung.

Ni el desastre anunciado, ni la promesa cumplida

Pese a las deficiencias, los especialistas consultados señalan que, hasta el momento, la nueva Suprema Corte se ha desempeñado mejor de lo inicialmente proyectado.

”Todavía hay una curva de aprendizaje, pero está siendo menor a la que esperábamos”, indica Melissa Ayala.

“No es tan mala como sus críticos más duros lo habían pensado, ni tan buena como sus mejores promotores lo habían prometido”, matiza Luis Tapia.

Ambos destacan el trabajo de Hugo Aguilar como mediador en el pleno.

“El ministro ha sabido ser el director del debate, incluso mejor que otros presidentes y presidentas de la Suprema Corte”, considera Tapia.

Laynez augura Corte “irrelevante”

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ministro en retiro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, anticipó que la actual integración del Máximo Tribunal será mayormente irrelevante, salvo en asuntos que tengan trascendencia como la prisión preventiva oficiosa.

Esta figura jurídica ha sido considerada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado mexicano reformarla o eliminarla.

”México había obedecido a la Corte Interamericana, yo diría, sin chistar, porque su jurisdicción está reconocida en nuestra Constitución. Ahora no sólo no se ha cumplido, sino que incluso se agregaron más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para desafiar a la CIDH”, señaló.

Se prevé que en 2026 la Suprema Corte revise esta figura, que, según organizaciones, mantiene a cerca de 50 mil personas en prisión sin una sentencia.

”¿Hasta dónde están dispuestos a dejar un legado individual o colectivo ante este tipo de temas? Ahí es donde veremos de qué está hecha esta nueva Corte”, concluye Laynez Potisek.