¿Podría Luigi Mangione no ser sentenciado con la pena de muerte? Defensa sostiene que el conflicto de intereses de la Fiscal General es uno de los motivos El Imparcial
ESTADOS UNIDOS.- Los abogados de Luigi Mangione solicitaron que se suspenda la posibilidad de imponer la pena de muerte en su caso federal por asesinato, al argumentar la existencia de un presunto conflicto de intereses que involucra a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, de acuerdo con una nueva presentación judicial difundida esta semana.
Mangione enfrenta cargos federales por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en la ciudad de Nueva York en diciembre de 2024.
La fiscalía lo acusa de acechar y disparar fatalmente contra Thompson, indicó ABC News.
Mangione se ha declarado inocente y mantiene una batalla legal para impedir que el gobierno solicite la pena de muerte en caso de una eventual condena.
En su escrito, la defensa sostiene que Bondi incurrió en un conflicto de intereses al no revelar su trabajo previo en la firma de cabildeo Ballard Partners, la cual, según los abogados, mantiene a UnitedHealth Group como cliente frecuente.
Los defensores aseguran que Bondi se benefició económicamente de la relación entre Ballard Partners y UnitedHealth Group antes de asumir como fiscal general en 2025.
“Cuando la Sra. Bondi dejó Ballard Partners para convertirse en Fiscal General, el primer acusado que seleccionó personalmente para enfrentar la pena de muerte fue el hombre acusado de asesinar al director ejecutivo de su antiguo cliente”, afirmaron los abogados.
¿Por qué la defensa habla de violación al debido proceso?
Según el equipo legal de Mangione, la relación pasada y presuntamente vigente entre la fiscal general y empresas vinculadas a UnitedHealthcare compromete la imparcialidad del proceso.
“La conexión financiera de la Fiscal General con UHG representa un conflicto de intereses que debería haberla llevado a abstenerse de tomar decisiones sobre este caso”, se lee en el documento judicial.
La defensa sostiene que la misma funcionaria con autoridad para solicitar la pena de muerte tendría un interés financiero previo relacionado con la víctima del caso, lo que, aseguran, vulnera el derecho constitucional al debido proceso.
La postura de la fiscalía federal
La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York no ha emitido comentarios públicos sobre el señalamiento, una práctica habitual en casos en curso.
Se espera que presente una respuesta formal por escrito a los argumentos de la defensa en las próximas semanas.
De manera paralela, la fiscalía ya informó que no utilizará ciertas declaraciones realizadas por Mangione en la comisaría tras su arresto, un punto que también forma parte de las disputas legales previas al juicio.
La disputa por la evidencia clave del caso
Además del debate sobre la pena de muerte, la defensa busca excluir pruebas tanto en el proceso federal como en el estatal.
Uno de los puntos centrales es el registro de la mochila de Mangione, realizado tras su detención en un restaurante McDonald’s en Altoona.
Los abogados sostienen que el cateo fue ilegal:
“No existía ninguna posibilidad razonable de que el Sr. Mangione pudiera evadir a los numerosos agentes que lo rodeaban y abrir su mochila mientras estaba esposado”, argumentaron.
Por ello, señalan que el registro no puede justificarse como un cateo incidental a un arresto legal.
¿En qué etapa está el proceso judicial?
La audiencia preliminar del caso estatal concluyó el jueves. El juez Gregory Carro otorgó los siguientes plazos:
- 29 de enero: fecha límite para que la defensa presente su alegato final por escrito.
- 5 de marzo: plazo para que la fiscalía responda.
- Dos semanas después: réplica final de la defensa.
El juez adelantó que emitirá su decisión el 18 de mayo, cuando también podría fijar la fecha del juicio.
Un caso con implicaciones legales y políticas
El caso de Luigi Mangione no solo pone en juego la responsabilidad penal por un asesinato de alto perfil, sino que también abre un debate más amplio sobre conflictos de intereses en decisiones de pena capital, la transparencia de altos funcionarios y los límites del poder del Estado al buscar la pena de muerte.
El fallo que se emita en los próximos meses podría sentar precedentes relevantes en la forma en que se evalúan este tipo de señalamientos dentro del sistema judicial federal.
