Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte Infobae
La conferencia de prensa encabezada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, tuvo como punto de partida la respuesta institucional del Estado frente al atentado contra una fiscal especializada en violencia contra la mujer. No obstante, el mensaje derivó en una reflexión sobre la capacidad del Ministerio Público para enfrentar delitos de alta complejidad, como el sicariato y la extorsión, fenómenos que en los últimos años se han expandido con especial intensidad en determinadas jurisdicciones del país.
Durante su intervención, Gálvez subrayó que los ataques contra fiscales no son episodios aislados. Por el contrario, los describió como parte de una dinámica criminal orientada a intimidar y neutralizar a quienes investigan organizaciones criminales. En ese contexto, anunció que el Ministerio Público se encuentra evaluando la posibilidad de crear una subespecialidad fiscal orientada específicamente a combatir el sicariato y la extorsión, con equipos capacitados, protocolos diferenciados y una coordinación permanente con las unidades especializadas de la Policía Nacional.
La propuesta se plantea en un escenario particularmente complejo para los operadores de justicia. El propio fiscal de la Nación interino informó que, actualmente, más de 68 fiscales a nivel nacional cuentan con resguardo policial debido a amenazas vinculadas directamente con las investigaciones que conducen. Este dato, según explicó, refleja la magnitud del problema y pone en evidencia que el modelo tradicional de persecución penal enfrenta serias limitaciones frente a organizaciones criminales que operan con estructuras cada vez más sofisticadas.
Respaldo institucional y medidas inmediatas de seguridad
La conferencia de prensa congregó a diversas autoridades del sistema de justicia y del Poder Ejecutivo, entre ellas el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola; la coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas; y el presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte. Todas las autoridades coincidieron en condenar el atentado y expresar un respaldo institucional expreso a la fiscal afectada, así como a los demás magistrados que enfrentan riesgos similares.
Desde el ámbito policial, Arriola anunció que se tomarán las medidas inmediatas para reforzar la seguridad de la víctima. El resguardo policial, que ya existía y que permitió disuadir al atacante durante el reciente intento de sicariato, será fortalecido. Además, se desplegará un equipo especializado de inteligencia con el objetivo de proteger tanto el entorno familiar como el laboral de la fiscal, mientras se profundizan las investigaciones destinadas a identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
El ministro del Interior, por su parte, sostuvo que el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los fiscales que enfrenten amenazas en el ejercicio de sus funciones. Indicó que en Lima Norte existen investigaciones avanzadas relacionadas con casos de intimidación y violencia contra operadores de justicia, algunas de las cuales se encuentran próximas a culminar con detenciones.
Investigación en curso y mensaje del Estado
Las autoridades confirmaron que las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la comisaría de Independencia y que existe una coordinación permanente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para esclarecer el atentado. El presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Norte reiteró que la institución no retrocederá frente a la violencia y que se impulsarán todas las acciones necesarias para sancionar a los responsables.
En este contexto, la eventual creación de una subespecialidad fiscal enfocada en el sicariato y la extorsión aparece como una de las principales apuestas del Ministerio Público para enfrentar una amenaza que ha evolucionado. La propuesta, aún en evaluación, se presenta como una respuesta institucional frente a un crimen organizado que desafía de manera directa la capacidad del Estado para garantizar justicia y seguridad.
