Consumo también limitará los alimentos ultraprocesados en centros públicos como museos, bibliotecas y universidades Infobae

El texto legislativo impulsado por el Gobierno establece que los cribados nutricionales pasarán a formar parte del protocolo regular tanto en hospitales como en centros residenciales, incorporándose en el proceso de ingreso y con revisiones periódicas para anticipar y detectar posibles casos de desnutrición o riesgo alimentario. La normativa contempla además que, según los resultados de estas evaluaciones, se promuevan planes de atención nutricional adaptados a las exigencias de cada persona, informando previamente a los usuarios y comunicando las medidas adoptadas, así como las indicaciones correspondientes al momento del alta. Este enfoque se enmarca en un esfuerzo gubernamental por reformular la alimentación en espacios públicos e institucionales y limitar el acceso a alimentos ultraprocesados, según reportó El País.

El Real Decreto presentado por Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se dio a conocer durante la XVI Convención NAOS. Tal como informó El País, la propuesta busca modificar las pautas alimenticias y establece criterios mínimos en materia de nutrición y sostenibilidad para museos, bibliotecas, universidades, instalaciones deportivas y otros espacios de titularidad pública, incluyendo también la restauración en centros de trabajo estatales. La ley también afectará a instituciones, ya sean públicas o privadas, que brinden atención a colectivos vulnerables: centros sanitarios y sociosanitarios, residencias de mayores, centros de acogida para víctimas de violencia de género y dependencias de tutela para menores, abarcando así a una amplia variedad de usuarios.

De acuerdo con El País, la regulación determina que, en centros con régimen residencial o en los que se brinde pensión completa, se limite a dos las raciones semanales de productos ultraprocesados y alimentos sometidos a fritura. Para desayunos y meriendas, la normativa será aún más restrictiva, con solo una ración semanal autorizada de ese tipo de productos. Los menús dirigidos específicamente a la población infantil en estos centros excluyen de manera absoluta los ultraprocesados, independientemente del tipo de institución.

Las restricciones no se limitan únicamente a los menús servidos en comedores, sino que también alcanzan las máquinas expendedoras. Según consignó El País, al menos el 80 por ciento de los productos disponibles en las máquinas ‘vending’ deberán ser saludables, ajustando el tipo de alimentos accesibles a los usuarios y, además, evitando colocar productos ultraprocesados en las posiciones más visibles o centrales de las vitrinas. Esto refuerza la intención de reducir la exposición y el consumo de opciones catalogadas como poco recomendables, sobre todo en entornos frecuentados por menores, estudiantes, personas mayores o en situación de vulnerabilidad.

El acceso gratuito al agua potable figura entre las prioridades de la nueva regulación. El País detalló que el decreto promueve la instalación de fuentes de agua señalizadas en todas las dependencias afectadas, garantizando así el suministro de agua sin costo en espacios de tránsito y reunión. El texto legal también establece que un mínimo del 90 por ciento de frutas y hortalizas ofrecidas en los menús deberán corresponder a productos frescos y estacionales, y al menos el 10 por ciento deberá tener origen en circuitos de producción corta y agricultura ecológica. Del mismo modo, se fomenta que la elaboración de comidas se realice en las propias cocinas de las instituciones, con el fin de garantizar la frescura y calidad de las preparaciones.

La iniciativa retoma y amplía lineamientos del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado en abril de 2025, el cual, tal como describió El País, asegura que todos los escolares reciban cinco comidas saludables por semana amparadas en el consumo diario de frutas y verduras frescas y de temporada, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con estas disposiciones, el Gobierno intenta consolidar un marco de protección nutricional que priorice la salud alimentaria desde la infancia y hasta la atención en centros de adultos mayores o personas dependientes.

En relación con la promoción de opciones saludables frente a productos ultraprocesados, el ministro Bustinduy argumentó durante la presentación de la medida: “Es una obviedad, que no resulta comprensible, que la Administración permita que en los colegios, hospitales y residencias se primen ofertas alimentarias insanas. Más bien al contrario, la alimentación saludable debe ser una prioridad para los poderes públicos”. Bustinduy indicó que esta normativa debería revertir la práctica extendida de ofertar productos poco nutritivos en lugares bajo supervisión institucional.

El decreto, según resaltó El País, también contempla la atención a necesidades individuales, permitiendo adaptaciones en los menús por motivos de salud, éticos o religiosos. Esta flexibilidad facilitará que el nuevo sistema nutricional responda a la diversidad de demandas existentes en las poblaciones atendidas por entidades públicas y privadas bajo la órbita de la regulación.

A esta estrategia se suman iniciativas legislativas sobre la publicidad de productos poco saludables dirigida a menores y adolescentes, que Consumo prevé impulsar próximamente. “En este país, el 80 por ciento de niños y adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables. Pero son aquellos que están más expuestos a estos mensajes publicitarios quienes los consumen en mayor proporción”, afirmó Bustinduy, según recogió El País. El funcionario alertó sobre los riesgos de una exposición constante a anuncios de alimentos contrarios a las recomendaciones sanitarias y recalcó: “Las cifras dicen que solo en el soporte televisivo cada niño de este país recibe de media 11 impactos publicitarios de alimentación malsana cada día”.

Bustinduy sostuvo que los intereses comerciales relacionados con la comida no saludable no deben tener prioridad sobre el derecho a la salud de la infancia y adolescencia. Las tres grandes líneas de actuación impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 –normativa en comedores escolares, regulación de la alimentación en centros públicos y límite a la publicidad de productos insanos– configuran, en palabras del ministro y según informó El País, un “programa de mínimos” que pretende sentar las bases para transformar los estándares alimentarios y fortalecer la salud pública desde los lugares institucionales donde se forman, trabajan, conviven o reciben atención diferentes colectivos sociales.