Dos años de transitar juntos el camino hacia el desarrollo Infobae

Hay momentos en la vida de una provincia que no se explican sólo por las acciones concretas que se llevan adelante, sino por el horizonte y los valores que guían cada medida. En estos dos años, la sociedad entrerriana empezó a transitar un rumbo distinto. Un camino de orden, previsibilidad y responsabilidad. No fue una decisión unilateral, tomada en soledad desde un despacho; fue la voluntad colectiva de una ciudadanía que exigió dejar atrás las excusas, terminar con las viejas prácticas y trazar un norte serio, justo y de sentido común, donde la política cumple lo que promete, las reglas claras reemplazan la discrecionalidad y las personas están en el centro de las prioridades.

Estos dos años marcaron un antes y un después en la provincia: con esfuerzo, la gestión provincial está llevando adelante transformaciones postergadas por décadas, y se trata de un compromiso que se ratificó hace poco más de un mes, cuando la sociedad dio una muestra clara en las urnas de que no quiere volver atrás, incluso cuando el contexto económico es uno de los más difíciles desde el retorno de la democracia.

Gobernar en estos 24 meses no fue solamente atender lo urgente y administrar lo que había; estamos cambiando la forma en que el Estado se relaciona con la gente, con el sector productivo, con sus propios trabajadores, con los municipios, con el país y con el mundo. Este logro no podría haber sido posible sin partir de una premisa básica: la confianza, perdida durante muchos años, sólo se recupera cuando la política se ajusta, cuando rinde cuentas, cuando escucha y cuando tiene la audacia necesaria para corregir lo que no funciona.

No fueron dos años sencillos. Fueron años difíciles, de establecer prioridades, de dar discusiones necesarias y de mucho esfuerzo, pero también de empezar a ver que ese esfuerzo, por fin, vale la pena.

Lo primero que se hizo desde la gestión provincial fue cortar con décadas de privilegios y opacidad. Se eliminaron los gastos reservados, se recortó drásticamente el gasto político, se transparentó cada peso público y se resolvieron expedientes que estaban cajoneados desde hacía mucho tiempo. Además, se determinó que el ingreso al Estado sea, a partir de ahora, sólo mediante concursos públicos, abiertos y transparentes, evitando así la incorporación de amigos y familiares del poder de turno a la Administración pública. Se puso fin a los contratos precarios y se creó la figura de planta de gabinete, generando de esta manera un esquema que permite que los equipos políticos acompañen la gestión y abandonen sus funciones al finalizar el mandato del gobernador, para no seguir engrosando la planta permanente del Estado a costa de los contribuyentes. Ese cambio cultural –pasar de un Estado que escondía a uno que rinde cuentas–, junto a las políticas públicas implementadas, muestra una tendencia consolidada hacia un modelo de desarrollo sostenible.

A la vez, se volvió a poner a la producción y al trabajo en el centro del desarrollo. El sector privado no podía seguir financiando la ineficiencia del Estado. Se redujo la presión fiscal, con impuestos que bajaron en términos reales comparándolos con la inflación, se eliminaron más de 100 tasas, se sumaron incentivos y se facilitó el acceso al crédito como nunca antes –muestra de esto es que Entre Ríos es la provincia con más créditos en gestión a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) ya supera los 200 mil millones de pesos comprometidos, reflejando un crecimiento sostenido en la radicación de proyectos.

Además, la administración provincial hizo gestiones para aliviar a las familias, las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el pago de la tarifa eléctrica: se congeló el Valor Agregado de Distribución (VAD), se eliminaron los impuestos provinciales de la boleta, se fortalecieron subsidios y se redujo la tasa del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), lo que permitió que Entre Ríos pasara de tener la tarifa más cara del país a ubicarse en la mitad de la tabla.

La provincia también avanzó en una política portuaria integral, para poder convertirse en un nodo logístico estratégico de alcance nacional e internacional, y está construyendo un ecosistema propicio para el desarrollo de la economía del conocimiento. Un ecosistema que tiene un corazón bien visible y es el MiradorTec, un edificio que estaba originalmente destinado a oficinas públicas y que decidimos convertir en una plataforma de ciencia, tecnología e innovación, donde se acompaña a emprendedores, se genera articulación con empresas y se fortalece un ámbito que ya empieza a ser referencia regional.

El turismo también recibió un impulso, incluso en un momento complejo en materia económica para los argentinos: Entre Ríos se consolidó como uno de los destinos más elegidos del país, gracias a la participación del sector privado y al trabajo de promoción turística que hicimos, apoyado por la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, que se fortaleció como una gran vidriera para el sector turístico y productivo.

En paralelo, la educación volvió a ocupar un lugar preponderante. Se recuperaron edificios escolares que estaban en estado crítico, se impulsó un plan de alfabetización basado en evidencia y se fortaleció el vínculo entre educación y trabajo. Hoy la educación volvió a ser el puente entre el presente y el empleo del futuro. Y esto se complementa con una política de primera infancia y adolescencia integral y seria: se conformó una Mesa Interministerial de Primera Infancia, se desarrolló, con la colaboración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un trabajo territorial junto a municipios, jardines, centros comunitarios y organizaciones sociales, y Entre Ríos fue la primera provincia en incorporarse al Programa Federal de Primera Infancia.

Se llevaron adelante políticas públicas destinadas a dejar atrás la burocracia y la lentitud en el funcionamiento del Estado. Se avanzó en la digitalización de procesos, lo que permitió promover la despapelización de la Administración; se simplificaron trámites y se consolidó la construcción de un Estado ágil, accesible, moderno y transparente, que deja de ser un obstáculo para convertirse en un aliado de la producción y de los ciudadanos.

Se hizo un ordenamiento en las políticas sociales, terminando así con las intermediaciones opacas y los comedores manejados como cajas políticas.

La gestión social se convirtió en una herramienta de dignidad, no de la política. Hoy los recursos llegan adonde deben llegar, y se impulsa y se acompaña a las expresiones culturales y a los clubes e instituciones deportivas, que cumplen un rol social decisivo y hoy reciben más apoyo y herramientas. Además, pusimos el foco en dos temas esenciales que hacen a la vida de la gente: la salud y la seguridad. Se está avanzando en la recuperación de hospitales y centros de salud que se encontraban deteriorados, se sumó equipamiento y ambulancias, se fortaleció la seguridad con cámaras, chalecos, patrulleros y controles, hay más presencia del Estado en el territorio y la Policía volvió a las calles.

La obra pública dejó de ser sinónimo de sobreprecios y licitaciones a medida. Se regularizó la deuda heredada, se reactivaron proyectos paralizados y, por primera vez, la provincia está construyendo una cartera unificada de infraestructura con planificación, previsibilidad y participación del sector privado. Ya arreglamos más de 500 escuelas, 10.000 kilómetros de rutas y caminos y más de un tercio de los hospitales de la provincia, y se abrió la puerta al financiamiento internacional, que va a permitir poner en marcha el plan de infraestructura más ambicioso de la historia reciente.

En estos meses, la provincia logró construir una relación seria y madura con la Nación, aun con diferencias. Se defendieron los recursos de los entrerrianos como nunca nadie lo había hecho, incluso llevando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamos en materia previsional y energética. Y se avanzó con éxito en un trabajo en conjunto en temas clave: se consiguió el aval para acceder a 350 millones de dólares destinados a rutas, se firmó un acuerdo histórico con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, se obtuvo un aumento del 28 por ciento en la tarifa de la energía que se genera en la represa Salto Grande, y se logró que Entre Ríos sea parte de la próxima licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, rompiendo así con 30 años de exclusión.

Todos estos avances tuvieron lugar en un contexto de caída histórica de recursos donde, además, se cumplió con cada vencimiento de la deuda heredada, evitando así que la provincia volviera a caer en default como lo había hecho en 2021, lo que hubiese puesto en riesgo la credibilidad de Entre Ríos y hubiese cerrado el acceso a cualquier fuente de financiamiento futura. Gracias a este esfuerzo, la provincia recuperó su reputación financiera, mejoró posiciones en todos los rankings que miden la salud fiscal y hoy está en condiciones de recibir financiamiento internacional esencial para su desarrollo.

Esa recuperación no fue un fin aislado ni un logro meramente técnico: es parte de una visión más amplia. Una Entre Ríos que vuelve a ser confiable y previsible, que honra sus compromisos y que tiene credibilidad para proyectarse hacia el mundo, porque entiende que el desarrollo no se logra encerrándose hacia adentro.

Por eso se está construyendo, por primera vez, una agenda internacional seria, estable y de largo plazo, que nos devuelve presencia, confiabilidad y oportunidades. La agenda de cooperación que se llevó adelante con Baviera, Alemania, es un ejemplo contundente: proyectos concretos en ciencia, educación y producción que integran a Entre Ríos a cadenas globales de conocimiento y trabajo, y que empiezan a abrir puertas que durante años estuvieron cerradas. Entre Ríos hoy forma parte de la agenda internacional y se posiciona con peso propio.

Dos años después, Entre Ríos cambió. No porque se hayan resuelto todos los problemas, sino porque se sentaron bases nuevas, profundas y necesarias que muestran una tendencia consolidada hacia un modelo de desarrollo sostenible. Esto se logró con esfuerzo, pero sin trasladar el peso al sector privado.

Hoy la provincia piensa distinto su destino. Entiende que el orden es condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo, y que la austeridad de la política y la transparencia no son un castigo, sino un acto de respeto hacia quienes pagan impuestos y sostienen al Estado todos los días.

Las provincias están llamadas a ser protagonistas del nuevo federalismo argentino, y Entre Ríos volvió a ocupar un lugar en ese debate: con cuentas sanas, con una política tributaria más justa, con un Estado más eficiente, con inversiones, con diálogo y con un modelo de gestión que empieza a ser referencia en otros territorios.

Entre Ríos consolidó un rumbo basado en el orden, la previsibilidad y la responsabilidad fiscal. El desafío de los próximos años será profundizar estas transformaciones, sostener la estabilidad lograda y avanzar en políticas que fortalezcan el desarrollo productivo, la infraestructura estratégica y la igualdad de oportunidades para cada entrerriano.