La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona Infobae
La Guardia Civil sitúa en el centro de una compleja red de mediaciones irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, a quienes atribuye la conformación de un grupo criminal orientado a obtener beneficios económicos mediante su influencia en empresas públicas. Según el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y remitido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, los tres investigados habrían cobrado comisiones asociadas a sobrecostes de hasta el 50% en dos contratos de la empresa pública Enusa adjudicados a Acciona, compañía que cuenta con tres exdirectivos o exaltos cargos investigados en el denominado caso Koldo.
El documento policial describe una operativa diseñada para favorecer que Acciona se hiciera con dos explotaciones de Enusa: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. Para viabilizar esta operación, los investigados habrían desplegado una estrategia basada en contactos directos con responsables de la empresa pública y en la contratación de un despacho de abogados que, de forma aparente, debía aportar cobertura jurídica al proceso. Como contraprestación por esta mediación, el grupo percibió pagos por un total de 17.545 euros, canalizados a través de un despacho jurídico. Fuentes del sector consultadas han precisado, sin embargo, que Acciona nunca llegó a concretar ninguna oferta formal sobre esas dos explotaciones ni terminó haciéndose con ellas.
Estos hechos constituyen una de las cinco operaciones bajo sospecha que la UCO ha puesto en conocimiento del juez instructor y que dieron lugar a la detención de Díez, Fernández y Alonso por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Tras su paso por sede judicial, los tres quedaron en libertad con medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.
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