La ola delictiva que reconfigura la política de América Latina Diario.mx

Enclavadas en las altísimas mesetas de los Andes chilenos, entre alpacas que pastan y arroyos de aguas cristalinas, las casas de adobe de los agricultores indígenas ahora tienen puertas altas de aluminio y rejas de hierro soldadas a sus ventanas.

Erika Moscoso, de 57 años, una panadera nacida en el pueblo, afirmó vivir con temor. Recientemente había instalado cerraduras en sus puertas por primera vez para protegerse de los delincuentes.

Ese temor se ha filtrado a través del patio abrasado por el sol de Moscoso, en el pequeño pueblo de Cariquima, cerca de la frontera noreste de Chile con Bolivia, y se ha extendido a lo largo del estrecho territorio del país, llegando a la capital, Santiago, y extendiéndose hacia el sur, hasta la Patagonia.

Un aumento en los asesinatos y otros delitos violentos en los últimos años, impulsado por la rápida expansión de los grupos criminales internacionales, ha sacudido a un país muy acostumbrado a una relativa seguridad, convirtiéndose en un tema político dominante que probablemente contribuirá a impulsar a Chile hacia la derecha en las elecciones presidenciales del domingo.

Pero los temores por la violencia se extienden mucho más allá de Chile.

En toda América Latina, el crimen organizado ha aumentado considerablemente durante la última década, y la violencia se ha apoderado de países que antes vivían con paz, como Chile, Costa Rica y Ecuador. Las encuestas muestran que, al menos en ocho países, entre ellos Chile, la seguridad es la principal preocupación de los votantes, lo que lleva a muchos latinoamericanos a exigir medidas de mano dura y a mostrar una mayor tolerancia hacia las políticas férreas contra la delincuencia.

Eso ha convertido en un modelo a seguir al presidente Nayib Bukele de El Salvador, quien ha restringido los derechos civiles a fin de bajar de manera drástica la tasa de delincuencia de su país.

Algunos líderes, como el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, han tratado de emular las medidas de seguridad de línea dura de Bukele, que incluso han despertado un interés inesperado en el presidente de Uruguay, de izquierda.

En Chile, el asunto de la seguridad ha fortalecido la popularidad de los candidatos de derecha, entre ellos José Antonio Kast, quien posiblemente sea electo presidente y se reunió el mes pasado con el secretario de seguridad de Bukele. La delincuencia es una preocupación clave que probablemente influencie las elecciones del próximo año en Perú, Colombia y Costa Rica.

“El crimen organizado es una fuerza con enorme capacidad transformadora”, dijo Will Freeman, investigador especializado en estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Ahora la región está resolviendo las consecuencias de ello”.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina y algunos cuestionan la severidad de una crisis que es un entramado entre la realidad, la política y la percepción pública. Pero pocos discuten que la delincuencia ha impactado a los chilenos de maneras profundas y trascendentes.

Los homicidios en todo Chile alcanzaron una cifra récord de 1322 en 2022, según cifras del gobierno, y aunque cayeron a 1207 en 2024, sigue siendo un 43 por ciento más que en 2018. Menos del 40 por ciento de los chilenos se sienten seguros al caminar de noche, según un sondeo de Gallup. En Estados Unidos, esa proporción es del 70 por ciento.

La crisis empezó en el norte.

Al inicio de la pandemia del coronavirus en 2020, decenas de miles de migrantes, en su mayoría venezolanos que huían del colapso económico, comenzaron a atravesar el desierto de Atacama hacia Iquique, una extensa ciudad portuaria situada a unos 1450 kilómetros al norte de Santiago, con rascacielos encajados entre una gigantesca duna de arena y el océano Pacífico.

Las autoridades locales se vieron desbordadas por lo que describieron como una crisis humanitaria y sanitaria, con niños que andaban por las pampas en medio de fuertes vientos y campamentos improvisados en las plazas neoclásicas de la ciudad.

Aunque las personas que han cometido delitos son una pequeña fracción de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a Chile, los fiscales, las autoridades y los expertos afirman que entre los recién llegados también hay pandillas, cuyas víctimas suelen ser otros migrantes.

Renzo Trisotti, legislador de Iquique y miembro del partido de Kast, dijo que el aumento de la migración y la delincuencia ha creado un efecto muy peligroso de xenofobia en la ciudad, que históricamente ha sido una mezcla cosmopolita de comunidades indígenas, europeos, asiáticos, bolivianos y colombianos.

Durante una protesta en Iquique en septiembre de 2021, la gente quemó colchones y ropa propiedad de migrantes sin hogar mientras cantaban “chilenos primero”.

Kast, por entonces candidato a las elecciones presidenciales de 2021, viajó a la región, criticando la migración y la delincuencia y prometiendo cavar zanjas a lo largo de la frontera. Su popularidad se disparó, pero unos meses más tarde fue derrotado por Gabriel Boric, un líder de izquierda cuyas promesas de equidad y justicia social fueron acogidas por los votantes como prioridades más importantes.

Desde entonces, la preocupación por la seguridad se ha intensificado y Kast ha movilizado a más votantes en torno a este asunto.

En Iquique, inquietantes informes policiales comenzaron a documentar un tipo de violencia nunca antes visto en Chile.

Mauricio Macchiavello, alcalde de la ciudad, habló de reportes de personas atadas, ajusticiadas, quemadas dentro de coches. “Cosas que nunca imaginamos”.

La policía dijo que bandas criminales, como el Tren de Aragua de Venezuela, también habían emigrado a Chile y se habían afianzado en Iquique, una ciudad de unos 200.000 habitantes.

El número de asesinatos en Tarapacá, una región que incluye Iquique, aumentó a 53 en 2021, frente a los 20 del año anterior, según datos del gobierno.

En 2022, tres personas asesinadas con machetes fueron encontradas en un cementerio de mascotas de la región y el cadáver de una mujer transgénero apareció en una playa de Iquique, y las autoridades acusaron a dos hombres colombianos de su asesinato. Este año, un venezolano fue apuñalado más de 70 veces y decapitado.

“No sé si mañana habrá un atraco y un tiroteo en una esquina”, dijo Franchesca Barraza Campos, que vive en Iquique.

Aun así, en muchos aspectos, la situación en Iquique ha mejorado. El gobierno desplegó al ejército en la frontera con Bolivia en 2023, y el número de migrantes que las autoridades dicen haber interceptado ha disminuido de cientos al día a unas pocas decenas. El número de asesinatos en Tarapacá ha disminuido significativamente después de que Boric creó equipos especiales contra el crimen organizado y los homicidios, y de que líderes de los cárteles fueron procesados y condenados.

Aun así, en Iquique, cualquier conversación sobre mejoras ha quedado eclipsada por el clamor más fuerte sobre la crisis en torno a la delincuencia y la migración. Macchiavello, el alcalde, afirma que el miedo se ha arraigado en la población.

En Quebe, un pequeño pueblo situado en la carretera que va desde la frontera con Bolivia a Iquique, una mujer de 83 años fue asesinada en su casa este año. “Me agobia y me da miedo”, dijo entre lágrimas una vecina de la víctima, Cipriana Vásquez, de 60 años.

Mientras Vásquez, una agricultora de quinua, caminaba por el pueblo señalando ventanas rotas y otros signos de vandalismo, contó que sus vecinos habían insistido en que votara por Kast.

Kast ha dado prioridad al tema de la seguridad y ha prometido cambiar la legislación chilena para tipificar como delito la entrada al país sin autorización. Ha prometido construir una barrera “física” a lo largo de las fronteras de Chile, haciéndose eco del muro fronterizo del presidente Donald Trump.

Kast también ha advertido a los migrantes que están de manera ilegal en el país que se auto deporten o se enfrentarán a la expulsión si resulta elegido. Sus advertencias han empujado a algunos migrantes a cruzar a Perú, lo que ha llevado a José Jerí, el presidente peruano, a declarar el estado de emergencia en la frontera.

Como en otros países de la región, en el Perú el crimen ha aumentado en años recientes, sobre todo la extorsión. Muchos peruanos están a favor de tratar a los delincuentes con mano dura, según una encuesta de este año, incluso si eso implica cruzar una línea y el riesgo de perjudicar a personas inocentes.

En Costa Rica, Chaves ha adoptado una postura dura conforme se ha ido profundizando la crisis de seguridad. Visitó la megaprisión de El Salvador y anunció planes de construir una en su país.

“Una parte cada vez mayor de la población latinoamericana está diciendo: ‘Quizás valga la pena sacrificar algunas libertades y derechos democráticos si es necesario para empoderar al Estado y que adopte una postura más dura contra estos grupos criminales’”, dijo Freeman.

El aumento de la delincuencia no es universal: en Brasil y México, los dos países latinoamericanos más poblados, la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, aunque los expertos afirman que eso no significa que las organizaciones delictivas hayan perdido poder.

En Ecuador, que se ha convertido en un corredor mundial del narcotráfico, el presidente Daniel Noboa ha declarado 14 estados de emergencia. Cuando cuatro niños fueron asesinados durante una patrulla militar, tras ser confundidos con miembros de una banda, los ecuatorianos quedaron conmocionados y se plantearon interrogantes sobre el costo de la batalla contra el crimen.

En Chile, incluso algunos votantes que rechazan las posturas conservadoras de Kast en contra del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, afirman que estarían dispuestos a sacrificar esos derechos a cambio de una mayor seguridad.

“No me gusta que quiera dar marcha atrás en cosas en las que hemos progresado”, dijo Mirna Matcovich, de 68 años, contadora jubilada de Iquique. “Pero lo necesitamos para que vuelva el orden”.