El agua, los tratados internacionales y Chihuahua: entre la obligación legal y la realidad hídrica Diario.mx

Regularmente, las personas contraemos compromisos u obligaciones financieras a las que se les llama deudas, porque son precisamente promesas de pago a futuro, es decir, obtenemos una determinada cantidad de dinero inmediatamente, en el presente, y nos obligamos a pagar esa cantidad, más sus respectivos intereses en un plazo de tiempo pactado, en el futuro, con pagos parciales y todos los acuerdos necesarios en caso de incumplimiento, o bien, de pago anticipado. En términos generales, esa es la mejor descripción o definición de deuda.

Pero no solo dinero se puede pactar en una transacción así, también se hacen ese tipo de acuerdos o convenios sobre bienes materiales, como casas, autos, negocios, etcétera, y eso también ocurre entre organizaciones, instituciones, empresas y países o naciones, también se pactan estos tratados o acuerdos sobre los recursos naturales que debemos compartir ordenada y equitativamente en virtud de la vecindad geográfica con otros países.

Es el caso de México y los Estados Unidos de Norteamericana cuyos gobiernos, históricamente, se han visto obligados a celebrar distintos acuerdos, en muy diversos temas que regulan nuestra convivencia binacional al compartir fronteras en seis estados mexicanos (Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), así como en cuatro estados estadounidenses (California, Arizona, Nuevo México y Texas), lo que significa que compartimos 3 mil 152 kilómetros (o unas 1 mil 954 millas) de frontera terrestre con Estados Unidos y todo lo que eso implica en cuanto a comercio, seguridad, migración, economía, cultura y, por supuesto, recursos naturales.

Desde luego que no es para nada sencillo alcanzar buenos acuerdos, sobre todo equitativos y justos, en temas tan trascendentes para comunidades que pertenecen a dos países distintos, con regulaciones diferentes, con intereses diversos -algunas veces opuestos- y menos cuando hablamos de recursos naturales y que, en esos temas, inciden factores completamente ajenos al origen de tales acuerdos, como lo es en estos momentos el cambio climático, por ejemplo.

Y es el caso que nos ocupa en varias vertientes, en las últimas semanas y meses el agua ha sido causa de encendidas discusiones, incluso de reformas a las leyes y hasta de amenaza de sanciones arancelarias a nuestro país, pero lo cierto es que son temas distintos que corren por vías separadas, aunque el centro de la discusión o polémica sea el mismo: el agua.

Enfoquemos el presente análisis al tema de los tratados internacionales que regulan el uso del agua en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, para comprender mejor de qué estamos hablando y los efectos que esa discusión o conflicto pudiera tener para los Chihuahuenses.

En días pasados, y a propósito de este mismo tema, el ex gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez concedió una entrevista a Radio Fórmula en la que afirmó: “La falta de agua a los tejanos no es porque México no haya pagado, porque no tiene nada que pagar, es porque esa agua no llegó y hay un déficit entre lo estimado y lo calculado en el tratado y lo que en estos 5 años llovió, pero además ese déficit también lo tiene el Río Colorado en Estados Unidos y lo tiene también el Río Colorado en Nuevo México que tiene vacías las presas y lo tiene, pues todo Texas que tiene las presas con muy bajos niveles el problema no es de ninguna manera un incumplimiento de México, el problema es una crisis hídrica en toda la Cuenca del Bravo y del Colorado.”

Y a la pregunta que le hizo el periodista Pepe Cárdenas sobre cuál debería ser la forma de resolver este conflicto, el exgobernador insistió: “Me parece que hay dos graves ausencias en esta crisis, en este conflicto, las ausencias son los comisionados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que deberían estar con su voz orientando al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos, así como al pueblo y al gobierno de México, no hay en ninguna parte una versión oficial de quienes están comisionados para eso, el tratado del 44 estableció una comisión que se encarga de Administrar y manejar todos los asuntos de límites y aguas establecidos en el tratado... este problema se resuelve con el tratado en la mano y el tratado dice que, del agua que llegue de 7 ríos mexicanos al Bravo un tercio es para Estados Unidos, si no llega porque no llovió nosotros no debemos nada, hay un déficit entre lo presupuestado en el 44 y lo que llovió en el 25, esto es un punto básico para resolver esta crisis y establecer a Estados Unidos que México no le debe ni un litro de agua.” (https://tinyurl.com/2yte7wd3)

El día de hoy, a las 10 de la mañana, en el programa Pido la Palabra por canal 44 de televisión abierta tendremos una muy interesante entrevista con tres expertos en el tema: Roberto Espíndola, Geólogo; Iván González, historiador y académico y el Ingeniero Mario Mata Carrasco, Director Ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, profundo conocedor de la problemática hídrica en la entidad.

Para Mario Mata, las afirmaciones del exgobernador Patricio Martínez son esencialmente correctas, y aún más, describe puntualmente en qué consisten las obligaciones de nuestro país derivadas de los tratados internacionales de 1906 y de 1944, sí, porque son dos tratados los que regulan esta situación. México no le debe nada de agua a Estados Unidos.

El Tratado de 1906 establece una entrega anual fija del Río Bravo a Estados Unidos, destinada al Valle de El Paso, Texas. Se trata de un volumen relativamente reducido, constante y con mecanismos claros de ajuste en caso de sequía extrema. Su operación rara vez genera conflicto. Aunque en opinión de expertos en su tiempo resultó ser un acuerdo demasiado benéfico para EEUU.

El Tratado de 1944, en contraste, tiene una arquitectura más compleja y es el eje del problema contemporáneo. En él se establece que México debe aportar a Estados Unidos un volumen total de agua en ciclos de cinco años, proveniente de seis afluentes ubicados en territorio mexicano. Entre ellos destaca el Río Conchos, cuya cuenca se localiza mayoritariamente en Chihuahua.

Mata Carrasco nos explica con mucha claridad que el cumplimiento del tratado no se realiza mediante transferencias directas hacia la frontera. Opera a través de un sistema de contabilidad hidrológica administrado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que registra escurrimientos naturales y aportaciones de presas nacionales. Cada metro cúbico se mide y se suma a una cuenta quinquenal.

Para Chihuahua, este mecanismo no es una abstracción diplomática, sino una realidad cotidiana. El agua comprometida proviene de cuencas sobre concesionadas que sostienen actividades agrícolas, ganaderas, industriales y urbanas. Cuando los escurrimientos disminuyen, la presión para cumplir recae sobre los usuarios locales.

Esta tensión se agrava por una asimetría estructural: mientras México cumple con aportaciones variables y sujetas al clima en el Río Bravo, Estados Unidos entrega a México volúmenes fijos y garantizados del Río Colorado. Legalmente es válido, pero socialmente genera inconformidad.

Desde el punto de vista jurídico, México no puede suspender unilateralmente sus obligaciones. Sin embargo, el propio tratado permite ajustes operativos mediante actas bilaterales y reconoce escenarios de sequía extraordinaria. El derecho internacional, además, admite la revisión de acuerdos ante cambios fundamentales de circunstancias, como el cambio climático, por ejemplo.

La entrega del agua se realiza con cortes quinquenales, en los que se mide el cumplimiento en metros cúbicos o los déficits que no pueden ser acumulativos, o que se pueden ajustar de un quinquenio a otro, por tanto, afirmar que México le debe agua a EU es completamente erróneo.

En Chihuahua, el reto consiste en defender el interés regional sin romper compromisos internacionales. El debate sobre el agua no admite simplificaciones. Más que cuestionar la existencia de los tratados, es indispensable reconocer que fueron diseñados para una realidad que ya no existe. En Chihuahua, asumir esta verdad será determinante para garantizar el desarrollo económico, la estabilidad social y la sostenibilidad hídrica en el largo plazo.