Incentivos de Puerto Rico para estadounidenses ricos: Reporte indica que ‘contribuyentes no pagan’ El Financiero
Los incentivos fiscales de Puerto Rico que miles de estadounidenses ricos han aprovechado en el territorio adjunto a Estados Unidos durante más de una década están bajo escrutinio después de que legisladores federales publicaron un informe este viernes de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
El informe encontró que las exenciones de la isla puertorriqueña podrían ascender a cientos de millones de dólares al año y urgió al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a mejorar su supervisión, advirtiendo que algunos beneficiarios “podrían no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales federales”.
El informe fue solicitado en julio de 2023 por los demócratas de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes para investigar cómo las exenciones fiscales “podrían crear un paraíso fiscal injusto para los ultrarricos y no hacer nada para beneficiar al pueblo de Puerto Rico”.
El congresista Jared Huffman, demócrata de California, afirmó en un comunicado el viernes que después de que la administración del presidente Donald Trump redujo el tamaño del IRS, “apenas queda alguien para verificar si este trasplante de riqueza está siquiera cumpliendo con las reglas y los requisitos básicos de residencia para justificar estas exenciones fiscales, y mucho menos contribuyendo a la comunidad”.
Servicio de Impuestos en Puerto Rico, bajo escrutinio
El informe se deriva de una auditoría que comenzó en diciembre de 2023 y terminó este mes. Señaló que Puerto Rico otorgó más de 5.800 decretos de incentivos para inversores residentes y casi 3.900 para negocios de servicios de exportación desde 2012 hasta 2024.
La mayoría de los inversores residentes provienen de California, seguidos por Florida, Nueva York y Texas.
El IRS anunció en 2021 que investigaría las preocupaciones de que algunas personas podrían estar eludiendo sus obligaciones fiscales federales.
Esa “campaña hasta recientemente comenzó a mostrar resultados, en parte, debido a la complejidad de las auditorías de altos ingresos y grandes patrimonios, la falta de prioridad del IRS en el esfuerzo y las brechas de comunicación entre el IRS y Puerto Rico”, indicó el informe de la GAO.
También señaló que hasta este año, el IRS no pudo obtener datos completos sobre aquellos que reclamaban el incentivo para inversores con números de Seguro Social para garantizar el cumplimiento. La oficina hacendaria tampoco tenía planes de obtener datos actualizados de Puerto Rico y no persiguió a los contribuyentes estadounidenses que Puerto Rico identificó que no cumplían con los requisitos de residencia del territorio.
El informe ofreció un ejemplo de agosto de 2023, señalando que funcionarios puertorriqueños compartieron una auditoría que identificaba a 179 contribuyentes que no proporcionaron evidencia para cumplir con un requisito de residencia.
“Un funcionario del (IRS) revisó algunos casos antes de determinar que las referencias no necesitaban ser priorizadas”, afirmó la GAO.
La legisladora federal Alexandria Ocasio-Cortez criticó las exenciones, afirmando que “no solo esta política está aumentando la desigualdad de riqueza en la isla, sino que también está robando valiosos ingresos fiscales federales utilizados para financiar el Seguro Social, Medicare y otros programas federales esenciales de los bolsillos de los estadounidenses”.
La GAO señaló que en 2024, el personal demócrata de la Comisión de Finanzas del Senado lanzó una investigación independiente sobre la supervisión de las exenciones.
El IRS ha declarado que está de acuerdo con las recomendaciones de la GAO y que ha tomado medidas, incluyendo conversaciones con funcionarios del tesoro de Puerto Rico para acordar una solicitud anual de datos.
13 años de incentivos para estadounidenses que llegan a Puerto Rico
Los incentivos, creados por el exgobernador Luis Fortuño en 2012 para impulsar la economía local, solo se aplican a aquellos que vienen de fuera de Puerto Rico y cumplen con ciertos requisitos.
Las exenciones han sido criticadas durante mucho tiempo en la isla de 3.2 millones de personas con una tasa de pobreza superior al 40 por ciento, y algunos funcionarios locales han dicho que estas han contribuido a un aumento en el costo de la vivienda, entre otras cosas.
La ley de servicios de exportación, comúnmente conocida como Ley 20, ofrece incentivos que incluyen una tasa impositiva corporativa del 4 por ciento y una exención del 100 por ciento en dividendos o distribuciones de ganancias.
Mientras tanto, la ley de inversores individuales conocida como Ley 22 está dirigida a individuos adinerados que se trasladan a Puerto Rico y ofrece una exención del 100% en dividendos, intereses y ganancias de capital a largo plazo.
Un estudio, encargado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico y publicado en 2019, encontró que las exenciones crearon más de 36.200 empleos y generaron más de 2.500 millones de dólares en inversiones.
Un estudio de 2024 realizado por la agencia estimó que en 2022, los individuos que recibieron el incentivo habían establecido más de 1.000 negocios y pagado más de 200 millones de dólares en impuestos y donaciones a Puerto Rico, mientras que los incentivos le costaron al gobierno 184 millones. El estudio también estimó que las empresas de servicios de exportación empleaban directamente a unas 22.000 personas.
El Departamento de Hacienda de Puerto Rico ha estimado que de 2020 a 2026, el gobierno habrá dejado de percibir 4.400 millones de dólares debido a los incentivos para inversores individuales y 1.800 millones debido a los incentivos para negocios de servicios de exportación.
Mientras tanto, la GAO dijo que “la economía de Puerto Rico ha mostrado poco o ningún crecimiento” desde que se introdujeron los incentivos en 2012, pero agregó que “no es posible medir qué crecimiento o declive habría habido sin los incentivos”.
También señaló que dos huracanes importantes, una serie de terremotos y la pandemia han afectado los indicadores económicos.
Desde entonces, Puerto Rico ha endurecido los requisitos de cumplimiento e informes para los externos adinerados para abordar las preocupaciones y ayudar a impulsar la economía, incluyendo duplicar a 10.000 dólares una donación anual individual obligatoria para organizaciones sin fines de lucro.
