Interior insiste en que Galicia pague el 50% de su Policía Adscrita y llama a firmar el acuerdo como hizo Andalucía Infobae
El acuerdo alcanzado en Andalucía sobre la financiación de la Unidad Adscrita de Policía ha sido citado como el ejemplo a seguir por parte del Ministerio del Interior, que plantea a la Xunta de Galicia la necesidad de asumir el 50% de los costes de su propia unidad policial y pide formalizar un pacto similar. Según detalló Europa Press, el Ejecutivo central mantiene su propuesta de reparto de fondos y amplía la presión sobre Galicia en el contexto de negociaciones abiertas, en las que la Xunta advierte sobre posibles cambios en las competencias de la unidad policial si no se logra consenso.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, expuso ante Europa Press que mantiene plena disposición para negociar tanto con Galicia como con las demás comunidades autónomas que cuentan con unidades de policía adscrita. Interior citó como precedente el acuerdo cerrado el pasado mes de febrero con la Junta de Andalucía, que gobierna el Partido Popular, y donde se estableció una fórmula de cofinanciación al 50% en los salarios de los agentes, además de la asunción de los gastos de inversión, mantenimiento de instalaciones, medios técnicos y contratación de los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del cuerpo policial.
En el caso gallego, la situación presenta singularidades. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, defendió que Galicia asume competencias y servicios por parte de la unidad policial adscrita que no se prestan en otras comunidades. Argumentó que, en este contexto, la financiación podría estudiarse mediante fórmulas diferentes. Entre los servicios diferenciados, la Xunta destaca la implicación de la Policía Adscrita en la protección de víctimas de violencia machista, un ámbito que consideran competencia estatal. No obstante, en 2016 ambas administraciones formalizaron un acuerdo de cooperación para que la unidad apoyara en estas tareas, en línea con la coordinación nacional en materia de seguridad y atención a víctimas.
A raíz del planteamiento del Gobierno central sobre modificar el reparto económico, la Xunta llamó esta semana a encontrar un acuerdo que contemple una solución intermedia. De acuerdo con Europa Press, el Ejecutivo gallego advirtió que, de no alcanzarse consenso, podría dejar de encomendar a estos agentes la protección de víctimas de violencia machista, lo que generó críticas desde partidos de la oposición y desde el propio Gobierno central. Ana Redondo, ministra de Igualdad, manifestó su desacuerdo con esta postura, instando a priorizar la protección de las mujeres.
A día de hoy, la Unidad de Policía Adscrita de Galicia cuenta con 338 agentes, aunque el objetivo es aumentar la plantilla hasta 500 efectivos. Bajo el esquema vigente, el Estado asume el coste de las nóminas, mientras que el Gobierno gallego cubre los complementos de productividad y el resto de gastos operativos del cuerpo policial. Según informó Europa Press, la propuesta del Ministerio del Interior busca que ambos gobiernos financien de manera equitativa los salarios de todos los policías y que la Xunta continúe costeando los gastos de funcionamiento diario.
Por parte de la Xunta, la respuesta ha sido matizar la propuesta del Ministerio. El conselleiro Diego Calvo planteó que Galicia podría mantener el modelo actual para los agentes existentes y planteó aceptar para las nuevas incorporaciones los términos sugeridos por Interior respecto a la financiación, lo que supondría adaptar progresivamente el reparto económico conforme la unidad policial crezca.
Las unidades de Policía Adscrita operan bajo dependencia orgánica de la Dirección General de la Policía, aunque de manera funcional están ligadas a las consejerías de Interior de las comunidades autónomas, según los convenios que delimitan sus actuaciones. Entre las funciones que habitualmente desempeñan figuran la protección de autoridades e instalaciones, la vigilancia de menores y la custodia del medio ambiente y del patrimonio, como detalló Europa Press.
El Ministerio del Interior aspira a reproducir con Galicia el esquema formalizado recientemente con Andalucía, acuerdo que también espera concertar a futuro con Aragón, según resaltó a Europa Press. Desde Interior destacaron que la ley obliga a que los convenios incluyan el compromiso de cofinanciación al 50% en las retribuciones de estas unidades y recordaron que este tipo de acuerdos son imprescindibles para asegurar el sostenimiento y la eficacia de los cuerpos policiales autonómicos adscritos.
La polémica ha visibilizado las discrepancias en la concepción de la financiación y en la asignación de competencias entre la administración central y la Xunta de Galicia. Según Europa Press, tanto el Ministerio del Interior como el Ejecutivo autonómico insisten en la necesidad de seguir negociando para conseguir un equilibrio entre las demandas estatales y las peculiaridades de Galicia, especialmente en el ámbito de la protección de víctimas y la cobertura de las necesidades operativas de la policía adscrita.
