PALACIO/ La meta del millón de deportados Entresemana.mx
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MARIO DÍAZ
H. Matamoros, Tamaulipas. A pesar de que la demanda de apoyo tiene sólido sustento en los abusos de la autoridad migratoria norteamericana, la realidad es que poco o nada podrá hacer en favor de las comunidades mexicanas el gobierno de la Cuarta Transformación.
La férrea política antiinmigrante implementada por el presidente de la Unión Americana, DONALD TRUMP, ha colocado en estado de indefensión a miles de connacionales que decidieron emigrar a ese país en busca de mejores condiciones de vida.
Poco más de 100 organizaciones defensoras de migrantes mexicanos están solicitando la intervención de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO para que refuerce los servicios de protección consular, ante la acción hostil y arbitraria que están sufriendo en distintas comunidades a lo largo y ancho del territorio norteamericano.
A través de una misiva enviada a la jefa del Ejecutivo federal, las organizaciones firmantes denunciaron que el Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas no están cumpliendo su cometido, dejando a la deriva a los migrantes aztecas ante el embate de la autoridad migratorias del vecino país del norte.
La petición de auxilio proviene de, entre otras organizaciones defensoras de migrantes, La Red Trasnacional de Organizaciones Inmigrantes Alianza Américas, Casa Michoacán, Central American Resource Center, Comunidades Indígenas en Liderazgo, Durango Unido en Chicago, Federación de Clubes Michoacán en Illinois, Florida Inmigrant Coalition y Southheast Inmigrant Rigths Network.
Les asiste la razón a los firmantes del SOS presidencial al subrayar en un párrafo del texto: “México no puede permanecer indiferente ante la violación sistemática de derechos humanos y la falta de proceso que enfrentan miles de connacionales. Se requieren acciones concretas y un presupuesto que refleje que las y los mexicanos en el exterior son una verdadera prioridad para este gobierno”.
Cabe señalar que la exigencia de la Casa Blanca para llegar a un millón de deportados durante el primer año del gobierno trumpista, prácticamente ha desatado una verdadera cacería por parte de los agentes federales antiinmigrantes.
Casos documentados demuestran que la dura política en materia migratoria conduce a actos de abuso y exceso del uso de la fuerza, separando familias e incrementando las estadísticas en los centros de detención.
La arbitrariedad más común es que los agentes federales actúan bajo criterio étnico y color de piel sin dar oportunidad a que los sospechosos comprueben su estancia legal en los Estados Unidos.
Invalidar las concesiones migratorias del ex presidente JOE BIDEN es “otra fuente” que genera arrestos de personas no nacidas en la Unión Americana y que permanecían en estancia legal mediante un estatus concedido en la pasada administración federal en el país de las barras y las estrellas.
Recientemente, un ciudadano de origen salvadoreño que ingresó ilegalmente al país hace más de quince años y resultó beneficiado con el programa en la materia del ex presidente BIDEN, legalizando así su estatus migratorio, fue detenido en un punto de inspección y trasladado a un centro de detención a disposición de un juez de migración.
El centroamericano se preparó académicamente al grado de que fue nombrado gerente general de una compañía internacional; contrajo nupcias con una ciudadana estadounidense y, para su desgracia, no estuvo presente en el nacimiento de su primogénito.
La actual política migratoria no toma en cuenta que, en el caso del ciudadano salvadoreño, no fue el ex presidente JOE BIDEN quien le otorgó el estatus legal sino el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Otro de los casos más socorridos que mantiene en zozobra e incertidumbre a ciudadanos por nacimiento de acuerdo a la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, son aquellos cuyas madres los dieron a luz con la atención de una partera y no en una institución de salud.
La ilegal venta de actas de nacimiento falsas que realizaron algunas personas que se dedicaban a esa actividad lícita, alrededor de 40 años después está afectando a ciudadanos que nacieron bajo esa circunstancia, pero continúan bajo la sospecha y escrutinio del gobierno yanqui.
Cabe señalar que la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos establece el estatus de ciudadanía por nacimiento o por naturalización. El mandato constitucional no cuestiona el nacimiento con parteras; y si bien algunas cometieron un acto criminal, no significa que todos los ciudadanos que no nacieron en un hospital sus padres hayan comprado ilícitamente sus actas de nacimiento.
¿Cómo la ve?
DESDE EL BALCÓN:
I.-A decir verdad, es poco probable que el gobierno de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO vaya a tomar en cuenta el llamado de auxilio de las organizaciones protectoras de migrantes mexicanos en los Estados Unidos.
Sin embargo, no estaría fuera de su alcance que gire instrucciones a las oficinas consulares en la Unión Americana para que tomen cartas en el asunto.
¿O no?
Y hasta la próxima.
