Raúl Navarro, el décimo funcionario de Claudia Pavlovich investigado/señalado por presunta corrupción o irregularidades en sexenio priista en Sonora Proyecto Puente

Con la vinculación a proceso por presunto peculado y asociación delictuosa contra Raúl Navarro, exsecretario de Hacienda en el anterior sexenio del PRI en Sonora (2015-2021), van diez exfuncionarios de la exgobernadora y actual embajadora de México en Panamá, Claudia Pavlovich, que han sido señalados por presunta corrupción o irregularidades en su desempeño en la administración estatal.

Este domingo, la Fiscalía de Sonora dio a conocer que el exfuncionario fue vinculado a proceso por dichos delitos, relacionados con la celebración de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos.

¿Quién es Raúl Navarro?

Raúl Navarro Gallegos fue uno de los funcionarios más influyentes del gabinete de Pavlovich Arellano durante su administración estatal (2015-2021), al desempeñarse como secretario de Hacienda y responsable directo del manejo financiero del Gobierno de Sonora.

Navarro llegó al cargo en septiembre de 2015 como parte del equipo cercano de la entonces gobernadora, con la encomienda de estabilizar las finanzas públicas tras el periodo de Guillermo Padrés. Durante su gestión, el gobierno estatal presumió avances en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Su papel dentro del gabinete pavlovichista lo colocó como una de las figuras clave en la operación financiera del sexenio, desde la planeación del presupuesto anual hasta la supervisión del ejercicio del gasto en secretarías, institutos y organismos descentralizados.

Pero el caso de Navarro, que ahora es acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa, no es el único de exfuncionarios o dependencias envueltas en investigaciones penales.

Si bien aún no culminaba el sexenio de Pavlovich, uno de los funcionarios estatales terminó siendo inhabilitado por 10 años del servicio público por el conocido caso de La Estafa Maestra. Se trata de Daniel Hidalgo Hurtado, exdirector de Telemax, acusado de desvío de recursos del erario.

El motivo de esa sanción, según consta en un documento de la Contraloría de Sonora publicado en Proyecto Puente, es que Telemax firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en abril de 2016 para realizar una serie de servicios. Sin embargo, Telemax subcontrató el 98.5% del dinero que recibió de la Sedatu a empresas terceras, lo cual supondría una violación al artículo primero de la Ley Federal de Adquisiciones, que estipula que solo se puede subcontratar hasta el 49%.

Tras el inicio del gobierno de Alfonso Durazo en 2021, desde 2022 tres dependencias estatales son las que concentran las investigaciones —al menos las que se han dado a conocer— por parte de las autoridades: Hacienda, Salud y Educación y Cultura. Los delitos señalados en las indagatorias son peculado, desvío de recursos y asociación delictuosa.

Salud

En el caso de Salud, a mediados de 2023 la Fiscalía Anticorrupción detuvo a tres exfuncionarios acusados de un quebranto por 59 millones de pesos contra la dependencia. Se trató del exadministrador Carlos “N”, acusado de abuso de autoridad, así como de Juan “N” y Lizbeth “N”, acusados del mismo delito y de incumplimiento del deber legal.

Sobre Carlos “N”, se informó en su momento que los hechos habrían ocurrido entre 2018 y 2020, cuando se otorgaron contratos cuyos servicios fueron pagados, pero no se llevaron a cabo.

SEC

Acerca de la gestión anterior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), su extitular Víctor Guerrero González y el exsubsecretario de Planeación, Francisco Alberto Curiel Montiel, fueron detenidos en agosto de este año por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal. Ambos fueron vinculados a proceso el 3 de septiembre, y se les determinó prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

En Proyecto Puente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, reveló que durante la administración de Pavlovich en la SEC se realizó un daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos. Explicó que los recursos desviados correspondían al capítulo 1000 de servicios personales, destinados a nóminas y prestaciones del personal, y fueron transferidos a la empresa Consulta Actuarios, que nunca cumplió con lo ofrecido. Las transferencias se realizaron entre 2018 y 2021, primero a un fideicomiso bancario y luego a una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL).

Ese daño patrimonial habría involucrado al extitular Víctor Guerrero y al exsubsecretario Francisco Curiel, así como a Ernesto de Lucas Hopkins, quien se desempeñó como secretario de Educación al final del gobierno pavlovichista, aunque no se ha confirmado que exista alguna orden de aprehensión en su contra.

Según el fiscal Anticorrupción, Guerrero y Curiel desviaron los recursos bajo la modalidad de un “programa de beneficios múltiples”, que requería autorización del SAT, la cual nunca se otorgó: “Desviaron recursos que debían destinarse a su objetivo original y los canalizaron a otro”, indicó.

Otras dos figuras clave en el gobierno de Claudia Pavlovich que se vieron inmiscuidas en señalamientos tras el fin del sexenio priista fueron el exjurídico Iván Jaimes Archundia y el exsecretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, dos funcionarios que obtuvieron patentes notariales al término de la administración estatal.

De funcionarios a notarios: se las quitan, uno la recupera

En el caso de Jaimes Archundia, el extitular jurídico de Pavlovich obtuvo la patente para la Notaría Pública 114 de Hermosillo, la cual mantuvo hasta septiembre de este año, cuando el actual Gobierno de Sonora, a través de la Dirección General de Notarías, la suspendió de manera definitiva tras un juicio de lesividad promovido por el Poder Ejecutivo estatal y confirmado por el Tribunal de Justicia Administrativa. Jaimes Archundia actualmente se desempeña como senador suplente de Manlio Fabio Beltrones.

Por otra parte, en lo referente a Pompa Corella, el exsecretario de Gobierno obtuvo la patente de titularidad de la nueva Notaría 113 Hermosillo en junio de 2021, luego de que la exgobernadora Pavlovich firmara la autorización del documento tras presentar el examen de oposición. Años después, en marzo de 2024, el gobierno estatal promovió un juicio administrativo por “acción de lesividad” argumentando irregularidades en el otorgamiento de esa patente.

Si bien sus funciones como notario fueron suspendidas, Pompa promovió un recurso para impugnar la suspensión y el 2 de abril un juez federal otorgó una suspensión provisional del acto administrativo que lo inhabilitaba, restaurando así sus facultades como notario. La medida fue confirmada semanas después con una resolución del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en noviembre de 2025, el abogado fue nombrado por el Senado como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Se va Pavlovich a Panamá con 2 mil 400 mdp de irregularidades durante su gobierno en Sonora, según ASF

La exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, recientemente ratificada como embajadora de México en Panamá, deja atrás un legado marcado por presuntos malos manejos de recursos federales que ascienden a 2 mil 427 millones de pesos, de acuerdo con datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según reportó el periodista y corresponsal de Proyecto Puente, Arturo Ángel.

Las cifras provienen de la revisión de las cuentas públicas de 2016 a 2021, periodo en el que se detectaron 90 irregularidades graves en el uso de fondos destinados a educación, salud, infraestructura por desastres naturales, apoyo a adultos mayores, agua potable y otros programas federales. Hasta hoy, ninguna de estas observaciones ha sido solventada, por lo que el daño patrimonial permanece vigente.

Entre los señalamientos destacan obras pagadas que no se ejecutaron, falta de comprobación de servicios, subejercicio de recursos, pagos indebidos de adeudos fiscales y el uso incierto de más de 18 millones de pesos que debían atender daños por desastres naturales en 2020.

El monto no aclarado es prácticamente equivalente al que dejó el gobierno anterior de Guillermo Padrés (2009-2015), señalado por 2 mil 945 millones de pesos. Pavlovich gobernó Sonora de 2015 a 2021.

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