Administrar con integridad: buenas prácticas y transparencia hacia un futuro responsable” MPV

En el contexto del Día del Administrador —celebrado cada 8 de diciembre en México— vale reflexionar cómo una gestión impecable, basada en datos, ética y transparencia, puede transformar gobiernos, escuelas, empresas y organizaciones civiles. La administración responsable no es solo una función técnica: es un puente hacia la confianza pública, la justicia y el bienestar colectivo.

Ser administrador no se limita a ordenar papeles o firmas contratos. Es, en realidad, ejercer un papel crucial: coordinar recursos —humanos, financieros, materiales—, definir estrategias, supervisar resultados y garantizar que todo funcione con honestidad. Es por eso que desde 1980, cada 8 de diciembre se reconoce en México al administrador como pieza clave en las organizaciones, ya sean privadas, sociales o públicas.

Pero hoy más que nunca esa labor adquiere retos y compromisos más profundos. La proximidad del Día Internacional contra la Corrupción —9 de diciembre— nos recuerda que la administración no puede desligarse de la ética, la transparencia y los datos como herramientas de rendición de cuentas.

Por qué la buena administración importa

Una buena administración asegura que los recursos —de una empresa, escuela, hospital, gobierno o asociación civil— se utilicen con eficiencia, pero también con responsabilidad. Eso implica planear cuidadosamente, asignar con criterio, supervisar y evaluar resultados.

Cuando esa gestión se une a prácticas transparentes, el impacto trasciende: se fortalece la confianza de quienes reciben servicios o participan en la organización; se reduce el desperdicio, la corrupción, los abusos; y se puede medir con datos claros lo que se hace, lo que se logró y lo que aún falta.

En el ámbito público, esos beneficios se traducen en decisiones informadas, presupuesto bien empleado, control ciudadano, accesos más equitativos, rendición de cuentas real. En empresas o escuelas: ambientes más profesionales, con reglas claras, resultados medibles, confianza de empleados, estudiantes, clientes o beneficiarios.

Buenas prácticas: transparencia, datos y rendición de cuentas

Para transformar esas ideas en realidades concretas, conviene impulsar algunos principios y acciones:

• Acceso a la información y transparencia proactiva. En México, la normativa de transparencia es una herramienta clave: permite que el ciudadano consulte información pública, conozca el uso de recursos, presupuestos, decisiones, contratos.

• Declaraciones patrimoniales y de intereses en el servicio público. Iniciativas como 3de3 promueven que servidores públicos y candidatos hagan públicas su situación patrimonial, sus posibles conflictos de interés y sus obligaciones fiscales —un mecanismo de transparencia para combatir corrupción.

• Contrataciones y adquisiciones bajo estándares claros de integridad. Mecanismos como los Integrity Pact (Pactos de Integridad) o mecanismos similares de “testigo social” permiten que las compras públicas, licitaciones y contratos se realicen con supervisión ciudadana y criterios de competencia leal.

• Uso de datos, evaluación continua y profesionalización de la gestión. Adoptar tecnologías de la información, sistemas de control, evaluación de desempeño, registro adecuado de datos, seguimiento de resultados —como modernización de trámites, mejora regulatoria, gestión documental— puede hacer la diferencia entre un ejercicio administrativo formal y una administración efectiva, dinámica y responsable.

• Participación ciudadana y supervisión social. La transparencia no basta si no existe vigilancia social: ciudadanos, organizaciones civiles, academia pueden ejercer contrapeso, exigir resultados, denunciar irregularidades. Esa vigilancia colectiva fortalece la gobernabilidad y reduce la impunidad.

Retos persistentes

Pero implementar estas buenas prácticas no siempre es sencillo. En muchos casos, los marcos normativos existen, pero su cumplimiento es desigual. Algunas dependencias se limitan al mínimo obligatorio; otras carecen de recursos, personal capacitado o voluntad política real. La supervisión se debilita, la rendición de cuentas se vuelve simbólica. 

Además, las reformas recientes en materia de transparencia y protección de datos públicos y privados han generado debate: algunos advierten que pueden restringir el acceso a la información bajo pretextos amplios, lo que complicaría la rendición de cuentas. 

También hay limitaciones estructurales: deuda pública transparente, control real del presupuesto estatal o local, supervisión clara del destino de recursos, equilibrio entre eficiencia administrativa y control ciudadano.

Hacia una cultura de la buena gestión: un llamado para todos

La verdad es que la administración —sea en un gobierno municipal, una escuela, una empresa, una ONG— debe entenderse como un acto de compromiso. Cada decisión, cada contrato, cada presupuesto, cada dato registrado tiene impacto en vidas, en desarrollo, en confianza social.

Celebrar el Día del Administrador es reconocer ese valor. Pero también es una oportunidad para renovar ese compromiso: impulsar la transparencia, la ética, la participación, la profesionalización. Es plantar semillas para que, cada día, la gestión sea sinónimo de responsabilidad.

Y es que, cuando la administración funciona bien, no solo se reducen pérdidas, fraudes o abusos: se crea un ambiente de respeto, credibilidad y esperanza. Los ciudadanos pueden confiar, los beneficiarios pueden exigir, las instituciones pueden legitimar su autoridad.

Para ello, se necesita voluntad —gobiernos con objetivos claros, empresas con visión ética, escuelas comprometidas con resultados, organizaciones civiles vigilantes. Pero sobre todo, se necesita a administradores que entiendan que su labor no es mecánica, sino profundamente humana.