Tras el terrible incendio en Hong Kong, la furia pública arde Infobae
El 26 de noviembre, un incendio en el complejo de viviendas Wang Fuk Court incendió siete bloques de pisos. Más de 150 personas murieron y otras 2.100 quedaron sin hogar. Decenas de personas siguen desaparecidas. En los días posteriores, las autoridades realizaron 15 arrestos por presunto homicidio involuntario y 12 por presunta corrupción (no se sabe con certeza si hubo personas detenidas por ambos cargos). Ante la creciente indignación pública, John Lee, líder de Hong Kong, anunció el 2 de diciembre que un comité independiente, dirigido por un juez, revisaría la causa del incendio.
En el pasado, los grandes incendios han provocado reformas políticas en la ciudad. En 1953, un incendio en Shek Kip Mei, entonces un barrio marginal, dejó a 58.000 personas sin hogar. Esto impulsó la creación del programa de vivienda pública de Hong Kong, que ahora alberga a un tercio de los residentes de la ciudad. Y en 1996, las autoridades reaccionaron ante un incendio que mató a 41 personas con la creación de una comisión de investigación independiente; sus hallazgos impulsaron una reforma de las normas de construcción y seguridad. Pero esta vez no parece probable que se produzcan tales reformas. En cambio, el gobierno parece decidido a controlar la tensión política en torno a la catástrofe, una demostración de la nueva intolerancia de Hong Kong hacia la disidencia.
El complejo de viviendas se encontraba en obras cuando se desató el incendio en una sección de andamios de bambú y se propagó rápidamente a través de las telas, redes y poliestireno de baja calidad utilizadas por el contratista. Las alarmas contra incendios se habían desactivado para comodidad de los trabajadores. Durante más de un año, los residentes, más de un tercio de los cuales eran mayores de 65 años, se habían quejado de la mala calidad de los materiales de construcción y del hábito de fumar en la obra. También habían señalado el historial previo del contratista de infracciones de seguridad. Se habló mucho de corrupción.
Todo esto podría haber provocado una reacción incendiaria entre los ciudadanos de Hong Kong. Sin embargo, las protestas públicas están prohibidas desde 2020, cuando se impuso una ley de seguridad nacional en el territorio tras las multitudinarias marchas prodemocracia. Las autoridades, inquietas, han actuado con rapidez para prevenir cualquier posible disturbio. El Sr. Lee ha prometido tomar medidas enérgicas contra quienes utilicen el incendio para sabotear la ciudad. En los últimos días, se ha informado de la orden de disolución de los grupos de voluntarios dispuestos a ayudar a las víctimas del incendio.
La policía arrestó a un solicitante que solicitaba una investigación independiente por sospecha de “intención sediciosa”, un delito tipificado en la ley de seguridad nacional. También detuvieron a un voluntario y a un exconcejal de distrito por sospecha de “incitar al odio contra el gobierno”. Una conferencia de prensa organizada por la sociedad civil sobre el incendio fue cancelada después de que la policía citara a varios de los que debían intervenir.
El Sr. Lee también ha evadido las preguntas sobre la gobernanza local y, en cambio, se ha comprometido a acelerar los planes para eliminar gradualmente los andamios de bambú (uno de los pocos sectores de la construcción de Hong Kong que no está dominado por empresas continentales). Esto a pesar de que gran parte del andamio de las torres sobrevivió intacto al incendio. Es preocupante que tampoco esté claro qué logrará la comisión del Sr. Lee. Carece de la facultad de citar a testigos ni de declarar responsabilidades penales. Regina Ip, una legisladora progubernamental, sugiere que “producirá resultados antes”. Sin embargo, los críticos se preguntan si permitirá a las autoridades tener mayor influencia sobre las conclusiones.
En cambio, la principal prioridad del gobierno parece ser mantener el orden público antes de las elecciones al Consejo Legislativo del 7 de diciembre. Es solo la segunda vez que se celebran estas elecciones desde que el gobierno central de Beijing restringió la participación a los “patriotas”, es decir, a los simpatizantes del Partido Comunista Chino. Las autoridades de Hong Kong ya habían estado animando a los residentes a votar incluso antes del incendio. Las primeras elecciones, en diciembre de 2021, registraron una participación históricamente baja del 30,2%, lo que se consideró ampliamente una protesta silenciosa contra la reforma electoral.
“La participación será menor de lo inicialmente deseado”, predice la Sra. Ip, cuyo Nuevo Partido del Pueblo presenta ocho candidatos. Esto desagradará a los gobiernos de Hong Kong y Beijing: ambos buscan una participación masiva para dotar al voto de una apariencia de legitimidad. En cambio, podría ofrecer una idea de la profunda indignación por el incendio.
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