Washington.— Legisladores estadounidenses investigarán si el Ejército de Estados Unidos incurrió en violaciones a la ley, e incluso en crímenes de guerra, durante un ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre contra un bote sospechoso de narcotráfico en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. La Casa Blanca ha defendido la legalidad de la operación, aunque los hechos siguen siendo objeto de controversia.
El ataque, autorizado por el secretario de Defensa Pete Hegseth, destruyó una embarcación con 11 personas a bordo como parte de una nueva campaña militar contra presuntos narcotraficantes. Sin embargo, de acuerdo con un informe divulgado por The Washington Post, el comandante a cargo habría ordenado un segundo ataque para eliminar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos del bote, presuntamente para cumplir la instrucción de “no dejar sobrevivientes”.
La Casa Blanca niega que haya habido sobrevivientes y rechaza la versión del periódico, aunque Hegseth reconoció que tuvo conocimiento posterior del segundo ataque. El presidente Donald Trump declaró que él no habría autorizado esa acción y aseguró que investigará lo ocurrido.
Desde septiembre, Estados Unidos ha realizado al menos 21 ataques contra presuntos cargamentos de droga, con más de 80 personas fallecidas, en el marco de una creciente presión de Washington para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien considera un gobernante ilegítimo.
¿Fue legal el ataque?
Expertos consultados por Reuters señalaron que matar a presuntos narcotraficantes que no representan una amenaza inminente constituiría un asesinato bajo la ley estadounidense e internacional. Aunque la administración Trump ha clasificado a los cárteles como “grupos armados”, especialistas en derecho internacional afirman que no cumplen con la definición aceptada para justificar acciones militares bajo las leyes de la guerra.
Los críticos destacan que:
El Congreso no ha autorizado el uso de la fuerza contra cárteles de la droga.
Clasificar a los cárteles como terroristas no justifica ataques letales.
El derecho internacional prohíbe atacar a combatientes incapacitados o náufragos.
El Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa menciona específicamente que disparar contra supervivientes de un naufragio constituye una orden “claramente ilegal”.
Si el segundo ataque se hubiera llevado a cabo contra personas incapacitatedas, expertos señalan que podría constituir un crimen de guerra.
¿Puede haber consecuencias legales?
El Congreso podría citar a funcionarios, imponer límites al uso de la fuerza o restringir financiamiento. Algunos legisladores republicanos han expresado preocupación por los ataques, y el almirante Frank Bradley enfrenta cuestionamientos en sesiones informativas clasificadas.
Las impugnaciones judiciales son poco probables debido a la amplia deferencia que los tribunales estadounidenses otorgan al Ejecutivo en temas de seguridad nacional. Además, los sobrevivientes que podrían haber impugnado legalmente la operación fueron repatriados.
Estados Unidos tampoco es signatario de la Corte Penal Internacional, por lo que los tribunales internacionales tienen capacidad limitada para intervenir.
¿Podrían procesar a los mandos militares?
Si las investigaciones concluyen que hubo homicidios ilegítimos, tanto mandos militares como civiles podrían enfrentar cargos por asesinato o crímenes de guerra. El Departamento de Justicia tendría la facultad de investigar y procesar a Hegseth, mientras que Bradley y otros oficiales podrían ser juzgados en tribunales militares.
Cualquier acusado podría alegar que seguía órdenes, aunque la ley establece que una orden manifiestamente ilegal debe ser rechazada.
El expresidente Trump conserva la autoridad para indultar a cualquier persona condenada por delitos federales o de guerra.
La investigación continúa mientras aumenta el escrutinio internacional sobre la legalidad de la campaña militar en el Caribe.
