¿Trato justo? Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
En medio del estruendo político que dejó la llamada Marcha de la Generación Z en la Ciudad de México, el Poder Judicial capitalino informó que cuatro de los detenidos ya fueron vinculados a proceso por robo y lesiones, y que otros cinco enfrentarán prisión preventiva en lo que avanza la investigación.
Las audiencias se llevaron a cabo en el Reclusorio Norte, donde la Fiscalía local presentó diversas imputaciones contra un total de nueve participantes. El mensaje oficial fue claro.
La autoridad actuó, procesó y mantuvo el orden. Sin embargo, la otra mitad de la historia continúa archivada en silencio.
La jornada no solo estuvo marcada por vidrios rotos y forcejeos. También quedó documentado el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiacos que arremetieron contra manifestantes y reporteros, incluso contra quienes portaban identificaciones de prensa a la vista.
Videos y testimonios circularon por toda la ciudad. Ninguno de estos elementos aparece en los comunicados oficiales.
La línea institucional se centró en exhibir a los jóvenes detenidos mientras se ignoran los abusos que quedaron registrados.
El problema no es nuevo. El gobierno capitalino presume protocolos, pero cuando estos fallan, la rendición de cuentas se disuelve en trámites que nunca llegan a puerto. Las agresiones contra periodistas se acumulan sin respuesta. Las carpetas abren lento y cierran rápido.
Las conferencias matutinas ofrecen discursos de control y responsabilidad, pero los policías responsables siguen en activo, sin una sola sanción visible.
La Fiscalía ya consignó a nueve manifestantes. La pregunta que hoy flota en el aire es si tendrá la misma prisa para procesar a los uniformados que golpearon a jóvenes desarmados y empujaron a la prensa durante la cobertura.
La autoridad exige respeto a la ley, aunque parece olvidar que también está obligada a cumplirla. En una ciudad que presume derechos y libertades, la justicia no puede ser selectiva ni acomodarse según convenga al relato oficial.
Hasta ahora, nadie en el gobierno capitalino ha explicado si se investigará a los elementos que se excedieron en el uso de la fuerza.
No existe un anuncio claro, una carpeta detallada o una postura firme. Lo único visible es el contraste.
Para unos hay proceso inmediato y prisión preventiva, para otros ni siquiera se menciona la posibilidad de una audiencia.
La Marcha de la Generación Z dejó claro que la inconformidad juvenil va al alza, pero también dejó al descubierto un sistema que actúa con rapidez contra manifestantes y con profunda lentitud cuando la responsabilidad señala a sus propios cuerpos de seguridad.
La justicia, en esta ciudad, sigue teniendo dos velocidades, una de ellas lentas hasta el olvido.
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