Confirman muerte de siete menores reclutados en bombardeo del Ejército colombiano El Imparcial
El presidente Gustavo Petro defendió la operación, indicando que buscaba proteger a un grupo de soldados que enfrentaba una inminente emboscada. La información proviene de un reporte de AP.
El hecho ocurrió durante un ataque aéreo realizado el martes de la semana pasada en una zona rural del departamento del Guaviare. Esta región se localiza en el suroriente de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela.
El objetivo del operativo era una columna de aproximadamente 150 hombres de las disidencias de las extintas FARC. El grupo es liderado por alias ‘Iván Mordisco’ y opera bajo la denominación FARC-EMC.
El Ministerio de Defensa reportó inicialmente 19 combatientes abatidos en este operativo. Este bombardeo representa el más letal ordenado por el gobierno del presidente Petro desde que asumió el cargo.
La Defensoría del Pueblo actualizó la cifra de menores fallecidos de seis a siete. La corrección se realizó tras recibir un nuevo informe del Instituto Nacional de Medicina Forense.
Durante la operación, tres adolescentes fueron liberados del grupo armado. Estos jóvenes quedaron bajo protección del Estado colombiano.
Declaraciones oficiales sobre los hechos
Distintas autoridades se han pronunciado sobre el suceso, reflejando posturas diversas ante lo ocurrido.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la muerte de los siete menores reclutados. En un comunicado, la institución sostuvo que las estructuras armadas ilegales utilizan a los menores “como escudos humanos”.
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Marín hizo un llamado específico a las fuerzas militares. Solicitó que “adopten todas las precauciones factibles para proteger a los niños” durante sus operaciones.
El presidente Petro justificó su decisión de autorizar el bombardeo a través de la red social X. Explicó que el grupo de disidentes se dirigía a emboscar a un pelotón de 20 soldados.
“Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, escribió el mandatario en su cuenta. Reconoció que toda muerte es lamentable, “y más de menores de edad”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, generó controversia con sus declaraciones. Afirmó que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”. Añadió que “lo que mata no es la edad, es el arma en sí”.
Debate sobre el Derecho Internacional Humanitario
El hecho ha generado un intenso debate sobre el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
Expertos y organizaciones de derechos humanos han señalado un punto crucial. Los menores reclutados son considerados víctimas y mantienen su condición de sujetos especiales de protección.
Esta protección especial se mantiene incluso cuando los menores han sido utilizados en hostilidades por parte de los grupos armados.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señaló que los argumentos del Gobierno son insuficientes. Laura Bonilla, subdirectora de la fundación, explicó que “los menores son sujetos especiales de protección durante un conflicto armado”.
Bonilla añadió que las fuerzas militares pudieron haber violado el principio de proporcionalidad durante la operación.
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Cambio en la política de seguridad nacional
La muerte de los menores coloca al presidente Petro en una posición compleja. En el pasado, había criticado duramente este tipo de operaciones realizadas por gobiernos anteriores.
Tras asumir el cargo hace tres años, Petro suspendió los ataques aéreos. Su objetivo explícito era reducir las muertes de menores en operaciones militares.
En esa época, llegó a acusar a gobiernos anteriores de cometer “crímenes de guerra” por casos similares al ahora ocurrido.
Sin embargo, en los últimos meses, su gobierno ha intensificado el uso de esta estrategia militar. El ministro Sánchez indicó que desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022, se han realizado 13 bombardeos contra grupos ilegales.
De estos operativos, ocho se han realizado específicamente en el transcurso de 2025.
Este incidente ocurre en un contexto de preocupación nacional. Según la Defensoría del Pueblo, en 2024 fueron reclutados 463 menores en Colombia por grupos armados ilegales.
La situación refleja los desafíos que persisten en la protección de menores en medio del conflicto armado que continúa en varias regiones del país.
