El SAT vigila tus tarjetas departamentales y estos son los errores que debes evitar al usarlas Expansión

Tarjetas departamentales tipo Liverpool, Palacio de Hierro o Coppel se utilizan a diario para diferir pagos o acceder a promociones, por lo que su uso se ha extendido tanto que muchas personas ya realizan operaciones sin conocer las implicaciones formales que conlleva, especialmente ahora que se acerca la temporada de fin de año. Cada pago registrado con esas tarjetas forma parte del flujo económico del titular y está sujeto a comprobación. La regulación establece criterios específicos sobre cómo se deben justificar estas operaciones.

Una tarjeta departamental puede generar una discrepancia fiscal cuando los pagos realizados no coinciden con los ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Salvador Rotter Aubanel, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que toda erogación es analizable por la autoridad fiscal cuando no hay claridad en su origen. “Todos los pagos a las tarjetas, ya sean bancarias o departamentales, el SAT los puede considerar ingresos del contribuyente”, dijo. El fundamento está en el Artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que faculta al SAT a contrastar los ingresos declarados con los gastos realizados, incluidos pagos de tarjetas, compra de bienes o servicios. Si existe una discrepancia, la autoridad puede reclasificar esos recursos como ingresos omitidos. El especialista señaló que existe una práctica que coloca al contribuyente en riesgo inmediato frente al SAT: pagar tarjetas departamentales en efectivo, ya que ese tipo de operaciones rompe la trazabilidad financiera exigida por la autoridad fiscal. Lo peor que puede hacer un contribuyente es pagarlas en efectivo, porque no hay forma de demostrar el origen del dinero utilizado”, dijo. Cuando no hay un comprobante de procedencia bancaria, la autoridad presume ingresos no declarados y puede iniciar una revisión electrónica. Otro foco de riesgo es utilizar tarjetas departamentales ajenas. El integrante del CCPM advirtió que esta práctica es común durante temporadas de promociones como El Buen Fin, cuando muchas personas piden prestada una tarjeta para aprovechar descuentos. "Mucha gente acostumbra decir: ‘no tengo tarjeta de esa tienda, préstame la tuya y yo te voy pagando". El problema surge cuando el titular de la tarjeta recibe depósitos de otra persona. Para el SAT, esos movimientos aparecen como ingresos propios, lo que puede derivar en una discrepancia fiscal. Rotter puntualizó que solo existe una forma legal de evitarlo: “A menos que yo conserve un CFDI a nombre de la persona del tercero”, dijo Sin esa relación documental, los depósitos recibidos son considerados ingreso personal y deben pagarse impuestos sobre ellos. La creencia de que las tarjetas departamentales no están fiscalizadas es falsa. Las tiendas reportan información financiera a la autoridad. “Sí llegan a reportar al SAT la deuda que yo tengo con ellos, el importe de la deuda”. Además de la facturación electrónica, el Buró de Crédito comparte historiales crediticios con las autoridades, lo que significa que movimientos, deudas y capacidad de pago quedan expuestos ante el SAT. Cuando los pagos realizados con una tarjeta departamental no corresponden con el nivel de ingresos declarados, el SAT puede iniciar una auditoría. “Sobre todo cuando es una operación que sale de los parámetros de lo que la persona estaba obteniendo con sus ingresos”, refirió Rotter. Un caso típico es el de un asalariado que gana 10,000 pesos al mes y registra pagos mensuales de 10,000 pesos adicionales en su tarjeta. Esa diferencia genera alerta fiscal automática. Cuando detecta diferencias, el SAT suma los ingresos declarados con los ingresos omitidos y recalcula la base total del ISR. Después aplica actualización por inflación, recargos mensuales y una multa sobre el monto corregido. “Puede llegar a sumar una cantidad igual al monto omitido o puede ser mayor”.

El especialista en finanzas personales, Ramón Bernardo Martínez Juárez explicó que muchas personas confunden la línea de crédito con ingreso real y usan las tarjetas departamentales como una extensión de su salario. Esto provoca desorden financiero y riesgo de caer en deudas impagables. “La tarjeta no es ingreso, es deuda. Quien no entienda eso va a tener problemas tarde o temprano”. Cuando los usuarios pagan solo el mínimo o llenan la tarjeta con meses sin intereses, su flujo mensual se compromete. Martínez advirtió que una persona que paga más del 30% de su ingreso mensual en deudas ya está en riesgo de sobreendeudamiento. Además alertó sobre otra práctica poco visible: las tiendas aumentan la línea de crédito a los clientes totaleros (quienes pagan el total cada mes) para intentar que dejen de serlo y caigan en intereses. “Cuando suben tu línea de crédito no es un premio, es una trampa para que un día ya no puedas pagar el total”. Rotter y Martínez coincidieron en tres medidas clave: - Evitar el efectivo en pagos de tarjetas. - Usar transferencias desde cuentas propias para acreditar origen de recursos. - No prestar tarjetas ni recibir depósitos sin respaldo documental. - Mantener límite de deuda mensual máximo del 30% del ingreso. - Conservar comprobantes y trazabilidad bancaria.