Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida Entrelineas
La asociación civil “Por el Derecho a Morir con Dignidad (DMD)” llamó a los legisladores a abrir el debate sobre la muerte medicamente asistida y la eutanasia en México, con el objetivo de despenalizarla y concebir un marco jurídico para su regulación.
Durante el conversatorio “Muerte Médicamente Asistida en México”, la presidenta de la organización, Amparo Espinosa Rugarcía, sostuvo que, con base en encuestas realizadas por la asociación, el 70% de las mexicanos y los mexicanos están a favor de de la muerte medicamente asistida, la eutanasia y el suicidio asistido, “lo que fue muy sorprendente, porque la mayoría de las personas apostaban a que iba a ser una minoría y no fue así”.
En ese sentido, Espinosa Rugarcía indicó que desde la asociación se está trabajando en un “Observatorio del Dolor” en conjunto con universidades, “lo que puede ser muy importante, porque se sufre mucho. Las personas que se acercan a nosotros viven verdaderos calvarios que nadie les da una respuesta y teniendo datos, lo más cercanos posibles a cuánto sufrimiento hay en México, puede añadir a la causa”.
Al respecto, Columba Suinaga Romero de Terrenos, coordinadora de proyecto de DMD, señaló que “es momento que el Congreso escuche nuestras demandas, porque la muerte médicamente asistida representa para muchas personas que podrán ejercer control sobre su etapa final”.
“En ese momento podrán estar acompañadas, cuidadas, rodeadas de sus seres queridos y de profesionales comprometidos con su bienestar. Es una forma de prolongar una vida que para ellas ha dejado de ser digna”, expresó.
Sin embargo, Suinaga Romero de Terrenos reconoció que se trata de un tema complejo donde es esencial abordarlo con responsabilidad, por lo que hizo un llamado a los legisladores en México a que inicien una discusión seria, informada y transparente.
Para ello, destacó que se debe escuchar a los pacientes que viven con enfermedades terminales o limitantes para la vida, “porque son ellos quienes mejor conocen lo que necesitan” y convocar a expertos en bioética para que aporten conocimiento riguroso y fortalezcan las decisiones legislativas, lo que, dijo, permitirá identificar riesgos, inconsistencias y vacíos legales.
Así como también establecer una regulación cuidadosa y garantista que establezca requisitos claros sobre quiénes pueden solicitar la eutanasia y en qué condiciones, procedimientos accesibles que sean rigurosos, garantistas y que protejan al paciente contra influencias indebidas.
“Es necesario crear un marco jurídico que otorgue seguridad, tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud, incluyendo el derecho a la objeción de conciencia”, abundó.
“No podemos ignorar que la falta de regulación obliga a muchas personas a vivir con un sufrimiento extremo y a otras a buscar alternativas por su cuenta, muchas veces peligrosas o violentas. Una buena regulación puede evitar estos escenarios, agregó.
En su intervención, Samara Martínez, periodista e impulsora de la “Ley Trasciende”, que busca regular la eutanasia, manifestó que “a veces el cuerpo y el corazón se juntan tanto con las sábanas de una cama de hospital que se pierde por completo la esencia del paciente. Yo no quiero eso y no quiero que nadie más pase por eso”.
“He aprendido a ver la muerte desde una perspectiva humana, a entenderla como un proceso más de la vida (…) Encausando el dolor, poniéndolo hacia un propósito con sentido, cambia la perspectiva de vida y te hace aferrarte a algo”, añadió.
“Tengo dos caminos: si me pongo a luchar contra la muerte, inevitablemente ella va a ganar; o le abro camino y le doy la bienvenida de la manera más digna y hermosa que un ser humano merece”, concluyó.
La propuesta de Martínez contempla que la Ley General de Salud legalice la eutanasia o ayuda médica para morir en México y que el Código Penal deje de criminalizar la autonomía y la libertad de las personas pacientes de enfermedades terminales.
La presentación de dicha iniciativa se tiene prevista para el próximo 28 de octubre en el Senado de la República y el 29 de octubre en la Cámara de Diputados.
Con información de El Universal
