Cerca de 40.000 trabajadores colombianos, en mayoría mujeres, se quedarían sin empleo debido a nueva medida del Gobierno Petro Infobae

El sector textil colombiano enfrenta una amenaza muy grave tras el anuncio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la posible eliminación de los aranceles a hilos de algodón, poliéster y sus mezclas. Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como el Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de Colombia (Sintratextil) mostraron un rechazo categórico a la medida, con la que su aprobación pondría en riesgo la industria textil nacional y la estabilidad de más de 8.000 empleos formales.

“El decreto no representa una medida de competitividad, sino una sentencia de muerte para la industria textil colombiana”, afirmó por un lado el presidente de Sintratextil, Carlos Ramiro Gallego, por medio de una denuncia pública.

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Por su parte, el presidente de la CGT, Jorge Iván Diez, advirtió que “con esta decisión del Gobierno Nacional ellas verán cerradas las oportunidades de empleo formal en sus territorios”, en referencia al impacto sobre las mujeres trabajadoras del sector.

Las organizaciones sindicales y gremiales presentaron diversos argumentos y advertencias sobre el proyecto de decreto. Según la CGT, la eliminación del arancel del 10% a los hilos importados destruiría el empleo en Colombia y también favorecería el trabajo en industrias asiáticas que, según denuncian, no cumplen con los estándares mínimos de protección laboral.

“Los confeccionistas que solicitan la eliminación del arancel son grandes importadores de hilos y telas y han sido responsables de la desaparición de esta cadena”, sostuvo Diez. Desde Sintratextil, se advirtió que la medida permitiría la entrada masiva de productos asiáticos con precios hasta un 35% por debajo del costo real de producción, resultado de subsidios y prácticas de dumping en China, India, Vietnam y Tailandia.

Impacto sobre el empleo formal

El impacto sobre el empleo formal es uno de los puntos más sensibles de la controversia. De acuerdo con ambas, más de 8.000 empleos directos y 30.000 indirectos (38.000 en total), en su mayoría ocupados por mujeres cabeza de hogar, se encuentran en riesgo. La CGT enfatizó en que el sector textil es un importante generador de empleo formal para las mujeres colombianas, en las etapas de hilatura, confección y acabado. Diez alertó que la sustitución de la producción nacional por importaciones de Asia agravaría las condiciones de desigualdad laboral que ya enfrentan las trabajadoras del sector.

Las consecuencias del decreto se extienden más allá de las fábricas y talleres. Según la denuncia, el algodón colombiano, cultivado principalmente en Córdoba, Cesar, Tolima, Huila y Meta, perdería a las hilanderías como su principal comprador. Esto afectaría de manera directa a miles de pequeños agricultores, reduciría sus ingresos y pondría en riesgo la rotación agrícola y la seguridad alimentaria rural.

El documento advierte que la situación podría agravar la pobreza y fomentar la migración hacia las ciudades, lo que debilitaría aún más el tejido social y productivo del campo colombiano.

Precios finales de las tiendas

En el plano económico, los sindicatos y gremios sostienen que la eliminación del arancel no tendría un impacto muy importante en la competitividad ni en los precios finales de las prendas. La CGT calcula que el hilo representa apenas un 1,5% del costo de una prenda, mientras que Sintratextil lo sitúa en menos del 1%. “Eliminar el arancel ahorraría tan solo centavos por cada peso del costo de producción, una diferencia mínima que no hace competitiva a la confección colombiana frente a productos asiáticos”, argumentó la CGT.

Además, se estima que el Estado dejaría de recaudar cerca de $165.000 millones anuales, sin que ello se traduzca en beneficios reales para la industria nacional.

Otro aspecto crítico señalado por ambas fuentes es la pérdida de acceso a mercados internacionales. Sintratextil advierte que, al desaparecer la producción local de hilo, Colombia perdería las reglas de origen establecidas en los tratados de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, México y la Unión Europea. Esto implicaría el cierre de mercados internacionales que en la actualidad permiten exportar confecciones colombianas con beneficios arancelarios.

La CGT coincide en que la medida impediría cumplir con las estrictas reglas de origen incluidas en los acuerdos comerciales vigentes, lo que afectaría de gravedad la capacidad exportadora del sector.

Tanto la CGT como Sintratextil criticaron la competencia desleal que enfrenta la industria nacional. Ambas organizaciones denunciaron que los hilos importados de Asia ingresan al país a precios artificialmente bajos, gracias a subsidios y ayudas internas en sus países de origen, lo que distorsiona el mercado internacional. La CGT detalla que un kilo de hilo importado de Asia cuesta en promedio USD2,1, mientras que el mismo producto desde México o Brasil alcanza los USD3,2 por kilo, una diferencia del 35%. Además, señalaron que el verdadero problema del sector no son los aranceles, sino el contrabando técnico, la subfacturación, la evasión tributaria en plataformas digitales como Shein y Temu, y los altos costos logísticos, energéticos y de transporte.

Evasión de aranceles e impuestos de Temu o Shein

“A lo que hay que ponerle coto es a la evasión de aranceles e impuestos vía plataformas como Temu o Shein, lo que les ahorra alrededor de un 60% en cargas tributarias”, puntualizó Diez.

Frente al panorama, los sindicatos y gremios hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional. Sintratextil solicitó la suspensión inmediata de la firma del decreto hasta que se analicen sus impactos económicos, fiscales, laborales y rurales. Además, exigió la instalación de una mesa interministerial de trabajo que involucre al sector textil, las centrales obreras, los gremios agrícolas y las universidades, con el objetivo de evaluar de manera integral los efectos de la medida. “Solicitamos la suspensión inmediata de la firma del decreto, hasta que se analicen sus impactos económicos, fiscales, laborales y rurales”, insistió Gallego.