Embargos fiscales podrán ejecutarse sin fallo judicial, según Coparmex NotiPress
La reciente reforma a la Ley de Amparo autoriza a las autoridades fiscales a aplicar medidas como embargos, bloqueos de cuentas y cancelaciones de sellos digitales sin resolución judicial previa. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que esta disposición compromete la continuidad operativa de las empresas, al eliminar protecciones anticipadas en procedimientos legales.
En un pronunciamiento oficial el día 15 de octubre, Coparmex sostuvo que la aprobación de esta reforma representa un retroceso para la certeza jurídica. "Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona", indicó el organismo presidido por Juan José Sierra Álvarez.
Así, el documento difundido destaca cómo esta medida no puede analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto de modificaciones judiciales las cuales alteran el equilibrio institucional. En ese contexto, la confederación afirmó que las nuevas reglas limitan el control judicial sobre los actos de la autoridad, lo cual afecta tanto a personas físicas como a empresas.
Entre las disposiciones señaladas como más delicadas se encuentra la restricción para suspender el acto reclamado, incluso en asuntos fiscales. Esta situación abre la puerta a ejecuciones inmediatas sin que los jueces analicen previamente si se respetaron los procedimientos legales correspondientes.
Igualmente, la organización empresarial también señaló cómo la nueva versión de la ley reactiva una cláusula con efectos retroactivos, calificada como una amenaza directa para casos en curso. Además, advirtió que se mantuvieron limitaciones que reducen el acceso a la justicia y vulneran la seguridad jurídica de los sectores productivos.
Otro punto destacado por Coparmex fue la modificación en el concepto de "interés legítimo", al considerar que esta nueva definición es más restrictiva. Según el pronunciamiento, esta interpretación debilita la posibilidad de defender derechos colectivos, impidiendo a asociaciones, cámaras o colegios representar causas comunes en beneficio de grupos amplios de la sociedad.
Además, en términos operativos, el organismo argumentó que la reforma genera costos adicionales, al exigir que cada persona o empresa tramite su propio amparo. Esta condición provocaría una sobrecarga en los tribunales y establecería un entorno desigual entre grandes corporativos y micro, pequeñas y medianas empresas.
Según la confederación, "la reforma elimina la posibilidad de proteger a los contribuyentes frente a actos arbitrarios o desproporcionados". Desde su perspectiva, la consecuencia inmediata será la afectación a la liquidez de los negocios y un entorno jurídico menos predecible.
Coparmex concluyó que, en un entorno donde México busca aprovechar ventajas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del proceso de relocalización de cadenas productivas, esta reforma representa un retroceso en competitividad. Asimismo, insistió en que el país envía señales de incertidumbre al modificar reglas sin generar consenso, lo cual debilita la confianza de los inversionistas y complica el desarrollo económico.
