Jueza bloquea temporalmente los despidos de la administración Trump Excelsior

Bernardo MoratoUna jueza federal de Estados Unidos ordenó el miércoles al presidente Donald Trump detener los despidos masivos de empleados públicos durante el cierre del gobierno, después de que la Casa Blanca señalara que esperaba cesar a 10 mil trabajadores.
La medida cautelar llega cuando la parálisis presupuestaria entra en su tercera semana, con el Congreso atascado en el enfrentamiento por el gasto y la administración ejecutando recortes de personal en plena suspensión de actividades.
La jueza de distrito Susan Illston emitió una orden de restricción temporal en San Francisco en respuesta a una demanda de sindicatos que alegan que los despidos son ilegales.
Illston, magistrada veterana de la Corte del Distrito Norte de California, instruyó a detener los ceses mientras evalúa los argumentos de fondo del caso.
Según la orden de siete páginas, algunos empleados ni siquiera sabían que habían sido despedidos porque los avisos se enviaron a correos institucionales inaccesibles durante un “shutdown” como el actual.
Illston apuntó que los sindicatos han recibido consultas de trabajadoras embarazadas y de otros empleados que “temen que su seguro de salud se vea afectado”, mientras “no hay nadie en la oficina para responder preguntas”.
Agregó que “aquellos que han recibido avisos de reducción de personal no pueden prepararse para sus próximos despidos porque el personal de recursos humanos que típicamente los asistiría también está suspendido”.
El jefe de presupuesto de Trump, Russ Vought, fue consultado en una entrevista sobre cuántos despidos habría.
“Creo que probablemente terminaremos superando los 10 mil”, respondió.
“Queremos ser muy agresivos donde podamos en cerrar la burocracia”.
Vought dirige la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y ha ocupado cargos similares en anteriores etapas del gobierno de Trump.
Documentos judiciales del Departamento de Justicia indicaron que más de 4 mil empleados fueron despedidos el viernes, con los Departamentos del Tesoro, Salud, Educación y Vivienda entre los más afectados, según la presentación.
Vought sostuvo que eso era apenas una muestra y que habría más ceses.
La decisión judicial se produjo mientras el Senado fracasaba por novena vez en aprobar un proyecto de financiamiento previamente avalado por la Cámara de Representantes y defendido por los republicanos.
El estancamiento mantiene a buena parte del gobierno sin recursos, con oficinas cerradas y servicios limitados, un patrón que los informes del Congreso describen como recurrente en periodos de falta de apropiaciones.
La Casa Blanca ha defendido su enfoque, enmarcando los ceses en un proceso de “reducción de personal” o RIF, por sus siglas en inglés.
En el sistema federal, una RIF es el mecanismo regulado por el que una agencia elimina puestos por restricciones presupuestarias u otros cambios, con reglas específicas sobre retención, reasignación o separación del servicio.
La jueza Illston, sin embargo, consideró que la manera en que se ejecutaron los avisos en pleno cierre impedía el debido proceso a los trabajadores afectados.
Trump ha advertido que la persistente negativa de los demócratas a apoyar la resolución presupuestaria “resultaría en despidos masivos” dirigidos a empleados considerados alineados con la oposición, según afirmaron los demandantes.
En tanto, la orden de Illston congela los ceses mientras se sustancia el litigio, que podría marcar los límites legales de las RIF en un contexto de cierre.
Los cierres han mostrado efectos administrativos y económicos medibles en episodios anteriores, al interrumpir operaciones civiles, retrasar pagos y limitar la gestión de programas.
Por definición, durante un “shutdown” las agencias aplican planes de contingencia que separan funciones esenciales de las no esenciales hasta que el Congreso apruebe las apropiaciones.
La orden de Illston introduce ahora un freno adicional: el gobierno no podrá avanzar con nuevos despidos mientras la corte evalúa la legalidad del proceso.
Vought no ofreció más detalles inmediatos sobre el alcance de los ceses futuros, pero insistió en que la administración pretende “ser muy agresiva” en la reducción de la burocracia.
Los sindicatos sostienen que la notificación defectuosa y la ausencia de personal de recursos humanos durante el cierre impiden a los trabajadores defender sus derechos o planificar su cobertura médica, lo que, a su juicio, incumple la normativa federal que regula las reducciones de fuerza.
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