La reconfiguración americana | Texto por Mario Luis Fuentes Editorial Aristegui Noticias

El retorno de Donald Trump al poder representa una tentativa de los grupos de poder político, industrial, militar y comercial que representa, de reconfigurar las coordenadas fundamentales del orden mundial establecido tras la caída del Muro de Berlín. Ese orden, que se consolidó bajo el paradigma del neoliberalismo global, el multilateralismo institucional y la hegemonía político-militar norteamericana, atraviesa hoy una mutación profunda. La “doctrina Trump” redefine tanto las estrategias de seguridad y defensa como la arquitectura económica internacional. A través de su política exterior y comercial, el actual gobierno busca revertir las lógicas globalizadoras que, si bien beneficiaron a las grandes corporaciones estadounidenses, también erosionaron su poder de control territorial y político sobre regiones clave.

Desde 1989 hasta los primeros años del siglo XXI, el mundo operó bajo una estructura unipolar en la que Washington actuaba como árbitro del sistema internacional. Sin embargo, las guerras prolongadas en Irak y Afganistán, el ascenso de China y el resurgimiento de Rusia debilitaron ese esquema. Trump ha capitalizado políticamente ese desgaste, apelando a un nacionalismo económico y a una redefinición estratégica del poder norteamericano. Sin embargo, su gobierno no busca restaurar el multilateralismo, sino desmantelarlo en favor de una lógica transaccional y utilitaria.

El viraje es claro: la política exterior de Estados Unidos ya no se concibe como garante de un “orden liberal internacional”, sino como instrumento directo de intereses nacionales inmediatos. En esa lógica se inscriben los bombardeos a Irán, el apoyo irrestricto a Israel -particularmente en su ofensiva sobre Gaza y el actual proceso de acuerdo de paz que está en marcha- y una política de contención hacia Rusia que combina pragmatismo con beligerancia. En efecto, la promesa de “pacificar Gaza” bajo tutela estadounidense e israelí representa, en realidad, una estrategia para redibujar la influencia norteamericana en Medio Oriente frente al avance chino en la región, especialmente en Irán y Arabia Saudita.

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia en distintos tableros -desde Ucrania hasta Siria- marca el retorno de una geopolítica clásica, pero sin las reglas del viejo equilibrio bipolar. Trump ha sustituido el discurso de “exportar la democracia” por el de “proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos”. En este nuevo marco, las alianzas ya no responden a principios ideológicos sino a abiertos cálculos económicos y de seguridad. De ahí su respaldo sin matices a Israel, actor central en la defensa de la hegemonía militar norteamericana en Oriente Medio.

Asimismo, el bombardeo a objetivos iraníes de hace unos meses, en el contexto de la guerra de Gaza, debe entenderse como como parte de una política de proyección de fuerza que busca disuadir a China y Rusia de expandir su influencia en el eje euroasiático. Esta estrategia supone un cambio de fondo: el abandono del multilateralismo como principio rector de la política exterior y su sustitución por una diplomacia de fuerza y de negociación bilateral asimétrica.

En el plano económico, el gobierno de Trump está desmantelando los cimientos del comercio global tal como se configuraron en la era de la primacía de la otrora poderosa Organización Mundial del Comercio (OMC). Su apuesta por acuerdos bilaterales busca maximizar la capacidad de coerción de Estados Unidos y reducir los márgenes de autonomía de sus socios. El reemplazo del TPP por acuerdos bilaterales con Japón y Corea del Sur, o la propuesta de renegociación del T-MEC en condiciones ventajosas para Washington, son ejemplos de esa lógica.

Este desplazamiento hacia un proteccionismo selectivo implica también un cuestionamiento al papel del dólar como moneda global de intercambio. Al tensionar las cadenas de suministro globales y privilegiar la producción doméstica, Trump intenta recuperar el control sobre los circuitos productivos estratégicos -tecnología, energía, defensa y alimentos- frente a China. El resultado es una “relocalización geopolítica de la economía”, en la que los mercados no son concebidos más como espacios de libre competencia, sino como territorios de poder administrado.

En América Latina, el giro geopolítico norteamericano se expresa en una narrativa renovada de intervención que combina retórica de seguridad con acciones encubiertas o abiertas. Bajo el argumento de combatir a los cárteles de la droga, Estados Unidos redefine su presencia militar y diplomática en la región. El Secretario de Defensa ha sostenido que los Estados Unidos “se encuentran en combate abierto contra el crimen transnacional”, una afirmación que legitima operaciones extraterritoriales y presiona a los gobiernos latinoamericanos a aceptar cooperación bajo supervisión militar.

El caso de Venezuela es paradigmático: la acusación de que Nicolás Maduro encabeza un “narco-Estado” se suma al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado; todo lo cual parece formar parte de una estrategia simbólica destinada a reforzar la narrativa del “autoritarismo criminal” latinoamericano frente a la “democracia liberal occidental”. En esta lógica, el discurso de los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico funcionan como instrumentos de intervención y de control de recursos estratégicos, especialmente petróleo, litio y agua.

Desde esta perspectiva, la transformación del orden económico mundial no puede comprenderse sin atender al papel creciente de la black economy o economía de la sombra. Las transacciones ilícitas -tráfico de drogas, armas, personas, minerales, e incluso residuos electrónicos- generan, según estimaciones de organismos financieros internacionales, alrededor de 650 mil millones de dólares al año: una cifra comparable al presupuesto anual de defensa de la OTAN. Esta economía paralela se entrelaza con la economía formal, financiando campañas políticas, lubricando circuitos financieros y consolidando redes de poder híbrido entre Estado, corporaciones y crimen organizado.

La relación entre Estados Unidos y los grupos criminales transnacionales se plantea entonces ya no sólo como simple persecución penal, sino de administración funcional.

En tanto que la economía criminal alimenta la demanda interna y estabiliza ciertas zonas de producción, se convierte en un elemento estructural del capitalismo global. En América Latina, esta dinámica ha reconfigurado los equilibrios internos de poder: los cárteles operan como actores económicos, políticos y militares, influyendo en la formación de gobiernos locales y en la definición de políticas públicas.

De este modo, la redefinición de las relaciones entre la principal potencia económica y militar y las redes criminales transnacionales marca un punto de inflexión histórico. Ya no se trata solo de guerras territoriales o comerciales, sino de una disputa por el control de los flujos, legales e ilegales, de información, capital, energía y violencia, que sostienen la globalización contemporánea. En este nuevo escenario, América Latina corre el riesgo de convertirse nuevamente en un espacio subordinado, donde las economías ilícitas y las estructuras estatales se entrelazan, y donde la soberanía se diluye bajo la nueva lógica y doctrina norteamericana de la seguridad y el control.

El “nuevo orden Trump” no busca entonces únicamente una nueva “estabilidad” geopolítica que sea benéfica para los grupos de poder a los que representa, sino dominio abierto. Peligrosamente, parece que su objetivo es imponer un sistema global basado en la fuerza, la transacción y la asimetría. En ese contexto, los países latinoamericanos enfrentan el desafío de preservar su autonomía económica y política frente a un imperio que ya no necesita predominantemente ocupar territorios, sino ante todo, controlar las rutas del dinero, los flujos del comercio y las redes del crimen que, paradójicamente, el propio sistema mundial ha engendrado.

Investigador del PUED_UNAM