¡¡¡Sigue el huachicol fiscal!!! Elarsenal.net
Raúl Flores Martínez.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presume que el combate a las redes de factureras, el contrabando y el llamado huachicol fiscal avanza con paso firme, incluso asegura que en los últimos dos años se han presentado más de un centenar de denuncias por operaciones ilícitas en el sector de hidrocarburos, con un monto que supera los 16 mil millones de pesos.
También presume 59 querellas adicionales contra estructuras dedicadas a la simulación de operaciones y la evasión masiva de impuestos, con un daño estimado al erario superior a los 54 mil millones de pesos.
En los números, la narrativa suena contundente. Sin embargo, la realidad dista mucho de reflejar una victoria contra las redes de corrupción financiera. Hasta ahora, no hay un solo detenido de alto perfil relacionado con estas operaciones multimillonarias. Ninguno de los grandes operadores financieros, empresarios o despachos contables vinculados a los esquemas de facturación falsa ha pisado una celda.
Los únicos que enfrentan procesos o sanciones son los contribuyentes pequeños: comerciantes, prestadores de servicios o microempresarios que, muchas veces por desconocimiento o asesoría deficiente, incurrieron en omisiones fiscales menores.
Mientras tanto, los verdaderos arquitectos del fraude —los llamados delincuentes de cuello blanco— continúan disfrutando de sus fortunas, protegidos por entramados legales y por una estructura burocrática que castiga abajo y perdona arriba.
La retórica oficial del “combate frontal” contra la defraudación fiscal parece quedarse en comunicados. En el terreno judicial, los casos se diluyen en laberintos procesales, carpetas incompletas y una impunidad que huele a complicidad. Las redes de factureras siguen operando bajo nuevos nombres, adaptando sus estrategias para continuar drenando recursos públicos a través de empresas fachada y contratos simulados.
El huachicol fiscal es hoy una industria criminal con tentáculos en dependencias, notarías, bancos y hasta despachos contables “respetables”. No se trata sólo de evasión, sino de un mecanismo de lavado de dinero que distorsiona la competencia económica y financia esquemas de corrupción política.
Pese a los discursos triunfalistas, el saldo es amargo: cientos de denuncias, miles de millones perdidos y cero responsables tras las rejas. La Procuraduría Fiscal enfrenta su mayor reto no en la redacción de boletines, sino en demostrar que puede romper la red de complicidades que protege a los grandes defraudadores del país.
Porque mientras los peces gordos sigan nadando en la impunidad, el combate al huachicol fiscal no será más que una marea de cifras sin justicia.
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