Representación política: la nueva ruta de los taxistas Periódico Correo

1.- Representación política: la nueva ruta de los taxistas

La decisión obedece a un reclamo acumulado. Durante años, los taxistas han apoyado a candidatos del PAN en distintas campañas, incluida la más reciente de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, pero aseguran que no han visto traducidos en leyes ni políticas los intereses de su gremio. De ahí que ahora demanden un espacio real de representación. “Somos una parte importante y hemos hecho una labor muy importante para llevar a varios precandidatos y candidatos a cargos de elección popular”, subrayó Guerrero Mendoza.

El planteamiento del gremio no se limita a la exigencia de espacios, sino también a la agenda que quieren impulsar. Su demanda central es endurecer la regularización del servicio privado de transporte. Aunque hoy opera bajo lineamientos, acusan que la autoridad ha sido permisiva con los llamados “piratas” y no garantiza condiciones equitativas de competencia. La molestia se arrastra desde la administración estatal pasada, donde —según el líder taxista— no hubo acciones contundentes contra el crecimiento del transporte privado.

Hace poco más de un mes, Guerrero Mendoza sostuvo un encuentro con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona. Allí, los taxistas denunciaron malos tratos del director de Transporte, Moisés Ranjel Villagómez, situación que, afirman, se corrigió tras sus reclamos. Sin embargo, en el tema de los operativos contra el pirataje no ha habido avances, y el gobierno estatal mantiene una actitud de cautela que los inconforma.

La búsqueda de posiciones de poder institucional tampoco es nueva. En el pasado se barajó la posibilidad de integrar a representantes del gremio en administraciones municipales, como la de Alejandra Gutiérrez Campos, pero las negociaciones se desvanecieron. Ahora el movimiento llega más organizado, con una narrativa clara: el sector reclama la influencia política que considera legítima tras décadas de apoyo electoral.

El desafío se traslada al dirigente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra. Su discurso sobre refrescar al partido tendrá que ponerse a prueba frente a este planteamiento. O abre espacio a liderazgos sociales, como el de los taxistas, o mantiene la lógica de repartir posiciones solo entre los afines a su grupo político. “Yo creo que ellos ya lo vieron, él ya lo vio y que volteen a ver al sector, a ver a las personas que finalmente han estado siempre”, concluyó Guerrero Mendoza.

2.- Narcocultura y tolerancia armada en Comonfort

Esta semana circuló un video que muestra cómo, durante un baile, un hombre desenfundó un arma larga y disparó al aire. El hecho ocurrió durante las fiestas de San Miguel Arcángel en la comunidad de Delgado de Arriba, Comonfort, donde gobierna el morenista Gilberto Zárate Nieves. Lo preocupante no es solo la escena, sino la reacción de los asistentes: nadie huyó, nadie interrumpió la fiesta, todos siguieron como si nada. Ese desdén ante la violencia expone un fenómeno cada vez más enraizado en Guanajuato: la normalización de la presencia armada en espacios comunitarios.

Los disparos ocurrieron mientras se presentaba el cantante de narcocorridos Tito Torbellino Jr., lo que conecta con un entramado cultural que legitima, celebra o al menos tolera la narrativa del crimen organizado. El video revela un síntoma que muy probablemente no ocurre solo en ese poblado: la convivencia de lo comunitario con lo criminal.

Cuando se habla de control territorial, casos como este son el ejemplo más claro. La población ha aprendido a convivir con armas y pistoleros porque el Estado se ausenta o aparece solo de manera episódica. En ese vacío se instala una “pax narca”: una tranquilidad relativa, sostenida no por la autoridad legítima, sino por el poder coercitivo de grupos criminales que imponen sus propias reglas, ante la mirada pasiva de autoridades locales, como se observó en Comonfort.

El secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, tiene un reto crucial: devolver la confianza y la seguridad cotidiana a comunidades donde hoy se vive en calma, pero bajo la tutela del crimen. Estas comunidades donde las grandes detenciones y aseguramientos pasan de noche y su realidad es una en la que se enraízan criminales.

3.- Gobierno de Tierra Blanca busca reparar crisis de bomberos

El gobierno del panista Rómulo García Cabrera en Tierra Blanca firmó un convenio de colaboración con el Cuerpo de Bomberos de Victoria, con el objetivo de regularizar la atención en casos de siniestro. La medida busca responder a un reclamo ciudadano tras meses de ausencia de este servicio en el municipio.

Sin embargo, la efectividad del acuerdo genera dudas. La estación de bomberos de Victoria se encuentra a más de 20 minutos de la cabecera municipal de Tierra Blanca, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata. Además, dentro de la propia administración existe inconformidad: los bomberos no solo deberán atender incendios, sino también accidentes y otras emergencias que antes correspondían a Protección Civil, que también lo harán, pero en menor medida. Esto anticipa tensiones presupuestales, pues la carga de trabajo crecerá para los bomberos, con lo que en términos de recursos económicos —que dependen en gran medida de apoyo ciudadano— puede no ser sostenible

El origen de la crisis está en la desaparición de los Bomberos del Noreste, que dejaron de operar tras el retiro del apoyo municipal. La decisión respondió a diferencias entre el alcalde y la corporación, no a deficiencias en el servicio, lo que desató reclamos ciudadanos y dejó a la población sin una cobertura fundamental en emergencias.

Ahora García Cabrera intenta reparar el daño político y social con este nuevo convenio, vigente de octubre a diciembre, y con posibilidad de renovarse en enero. Ya veremos si es una solución efectiva o apenas de un paliativo para sortear las críticas.

Contra Retrato

Yulma Rocha Aguilar

La delegada de Movimiento Ciudadano en Guanajuato continúa tejiendo alianzas con diversos sectores. Esta semana sostuvo un encuentro con el Sindicato Nacional de Salud de Guanajuato, Sección 37, al que también acudieron otros liderazgos del partido, como los diputados locales. Entre los acuerdos está mantener comunicación y den su opinión sobre iniciativas que presente el partido en materia de salud. Previamente se había reunido con organizaciones adheridas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Un dato relevante es que Rocha Aguilar ha sido la única representante partidista que, a finales del año pasado, se sentó a dialogar con el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTIIA), una organización de origen guanajuatense que ha ganado fuerza en la región y que representa nuevas formas de sindicalismo más autónomas frente a las viejas estructuras corporativas.

Tras la instalación del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano en el estado, su trabajo ha transitado de la exposición mediática a una operación territorial más definida, que incluye no solo sindicatos, sino también liderazgos sociales y empresariales.

Como se dijo en esta columna hace tiempo, sus declaraciones públicas han carecido de impacto real al no sostenerse en un seguimiento político efectivo. Sin embargo, en el terreno organizativo, Rocha Aguilar parece haber encontrado un camino más sólido: consolidar acuerdos con actores que, en tiempos electorales, resultan claves. No resultará extraño que esto comience a incomodar a otras fuerzas, particularmente al PRI, cuya ya dudosa fuerza depende en gran medida de su relación con estas organizaciones, que se configura más simbólica que efectiva.

Por cierto, queda para la anécdota que durante la reunión con el SNTSA 37, resultó significativo que su secretario general, José Martín Cano Martínez, entabló conversación telefónica con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez. Ese último se puso a disposición para atender sus peticiones y llevarlas a lo nacional.