REFORMA a Ley de AMPARO frenará INVERSIONES y traerá Mayor INCERTIDUMBRE a ECONOMÍA #MX Punto Por Punto

La reforma a la Ley de Amparo, lejos de fortalecer el Estado de derecho, podría abrir la puerta al abuso de autoridad, al despojo y a la paralización de inversiones extranjeras.

• Expertos advierten que los cambios propuestos complican la defensa legal de empresarios y ciudadanos ante actos del gobierno, lo que en automático representa un golpe duro a la economía del país.

¿Por qué la reforma de la Ley de Amparo pone en peligro las inversiones?

La iniciativa podría complicar la posibilidad de defenderse contra actos de autoridad. Esto significa que un empresario, comerciante o inversionista podría perder todo su capital si el gobierno, a cualquier nivel, decide expropiar, clausurar o detener un proyecto.

• “Ya de por sí es complicado con un Poder Judicial influido por el gobierno; va a ser difícil poder ganar un juicio, pero ahora también las reglas procesales las están complicando” narró José María Soberanes, director de Derecho en la Universidad Panamericana.

La preocupación es clara: la reforma podría disuadir cualquier iniciativa privada que implique riesgo o capital significativo.

Impacto en la inversión extranjera por la nueva reforma

No solo las inversiones nacionales están en juego. Los capitales extranjeros ya enfrentan un entorno legal hostil en México, donde empresas canadienses ya empiezan a resentir estos vacíos legales.

• La incertidumbre jurídica no solo afecta la operación de empresas grandes, sino que también genera una fuga de capitales.
• En el segundo trimestre del año, salieron del país más de 160 mil millones de pesos, un reflejo del temor de los inversionistas ante un marco jurídico poco sólido.

“Cuando un cliente me pregunta sobre las certezas jurídicas para invertir en México, lo que puedo decir es que su dinero realmente puede estar en riesgo”, indicó Gonzalo Bolio, especialista en Derecho de Amparo.

Riesgos para emprendedores y comerciantes

Emprendedores y pequeños comerciantes podrían enfrentar pérdidas devastadoras ante un acto de autoridad sin posibilidad de defensa inmediata.

Esto podría generar un freno al desarrollo económico local y un clima de incertidumbre que afecte la creación de empleos y la formalización de negocios.

• Además, la complejidad que propone la reforma hace que recurrir al amparo sea más lento y difícil, lo que disminuye la efectividad de este mecanismo constitucional, a pesar de que se promete que los mecanismos de justicia van a ser más rápidos.
• La Ley de Amparo, diseñada para proteger a ciudadanos y empresas frente a excesos de autoridad, podría perder fuerza en su función por cambios que representan un arma de doble filo.

Ante este panorama, empresarios, abogados y académicos llaman a evaluar con cautela la iniciativa y sus posibles efectos en la economía nacional.

Ley debilita acceso a la justicia y afecta la competencia económica

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación ante los riesgos que representa la reforma a la Ley de Amparo, la cual, consideró, limita las suspensiones con efectos generales de leyes, toda vez que va en detrimento del principio de progresividad de los derechos humanos, debilita el acceso a la justicia y afecta la competencia económica.

• De acuerdo con el organismo empresarial, lo aprobado por el Legislativo hace unas horas, reduce las facultades del juez para otorgar las suspensiones, cuando se aleguen razones de interés social y de orden público.
• Además, las modificaciones a la Ley de Amparo pretenden impedir el otorgamiento de suspensiones en los casos que expresamente se señalen en la ley, por considerar que son supuestos que pueden causar afectación al orden público.

El CCE recalcó que el amparo constituye la principal herramienta que ofrece protección a personas y empresas frente al ejercicio de la autoridad.

• Para el CCE, “la suspensión es una herramienta del amparo que permite que se detengan o restituyan derechos humanos presuntamente violados, mientras se desahoga el juicio.

Sin esta medida las violaciones se podrían extender por años, ser irreparables o cesar, lo que haría improcedente el amparo.

• La organización empresarial llamó la atención en que, en muchos casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales, además de desconocer los derechos colectivos y amenazar la eficacia de las resoluciones judiciales.

“La suspensión es una medida fundamental dentro del juicio de amparo, muestra de ello son los diversos juicios promovidos por particulares en los últimos años, en donde los jueces otorgaron la suspensión con efectos generales para evitar una afectación a la libre competencia y, por consecuencia, una desigualdad entre quienes tienen más posibilidades de llegar al término de un juicio y de quienes no cuentan con los recursos o la asesoría adecuada”.

• Según el CCE, en el futuro, podría generar que se incremente el listado de asuntos en los que no puede concederse una suspensión, no obstante que con ello se afecte a la colectividad.

Nueva reforma podría limitar protección de ciudadanos y empresas

Alejandra Cullen advirtió, en Noticias en Claro, que la iniciativa, impulsada por la Presidencia, podría reducir la capacidad de defensa frente a actos de autoridad.

“Antes tú podías apelar a una suspensión que te permitía que pararan esa resolución hasta en tanto se hiciera una revisión a fondo del caso.

• Ahora estas suspensiones quedan eliminadas y básicamente lo que hacen es hacer más complicado que un ciudadano pueda acceder a un amparo y pueda protegerse de un acto de autoridad del Poder Ejecutivo”, explicó.
• “Lo más delicado de la nueva ley de amparo… es que un empresario o una empresa queda completamente fuera de su alcance el defenderse de un acto de autoridad de entidades como el SAT o la UIF”, agregó Alejandra Cullen.

Impacto en empresas y contribuyentes

• Según la especialista, la reforma beneficiaría principalmente a instituciones como el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ahora podrían actuar sin que los afectados puedan suspender sus medidas hasta que se resuelva el asunto de fondo.

“Quedamos a expensas de la UIF, del SAT y de cualquier autoridad que quiera ejercerse en contra nuestra”, advirtió.

Riesgos para ciudadanos comunes

La reforma no solo afectaría a empresarios, sino también a ciudadanos comunes. Antes, la ley de amparo permitía suspender actos injustificados de autoridad, incluyendo cobros fiscales indebidos o detenciones injustas. Con la modificación, el acceso a esta protección legal se vuelve más limitado.

“Si te detienen injustamente, si te quieren cobrar o hacer un crédito fiscal que no está bien justificado… se hace mucho más complejo obtener un amparo”, señaló la especialista.

Autoridad judicial y decisiones Fast Track

• Alejandra Cullen subrayó que la reforma también fortalecería la autoridad del Ejecutivo y aceleraría la toma de decisiones judiciales: “Es efectivamente una ley que simplemente hace más autoritaria la toma de decisiones en una corte que ya hace resoluciones fast track sin tomar en cuenta los derechos de los mexicanos”.

Reforma Judicial y al Amparo generan incertidumbre para inversiones 

La reciente reforma al Poder Judicial y la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo generan incertidumbre a los inversionistas internacionales que buscan aliarse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica estatal, advirtió Diego González, analista de Moody’s, en el marco de un foro organizado por la calificadora.

• “Eso sí empieza a meter incertidumbre a inversionistas internacionales que buscan invertir en el país en activos y en un sector que por naturaleza es de muy largo plazo”, dijo González durante su participación en Inside Latam: México 2025 realizado en la Ciudad de México.
• CFE prevé inversiones en el sector eléctrico en el orden de US$30.000 millones mayoritariamente en generación de energía, pero también en redes eléctricas. Las autoridades gubernamentales estiman deUS$6.000 hastaUS$9.000 millones de inversiones del sector privado en generación, luego de un distanciamiento que duró todo el sexenio pasado.

Moody’s estima que México necesitará duplicarla capacidad instalada de generación eléctrica para cubrirla demanda de energía en los siguientes 15 años.

• El analista de la agencia calificadora dijo que el Gobierno actual mostró un cambio de dirección para cerrarlas brechas de inversión junto al sector privado a través de los nuevos esquemas de participación privada, y agregó que los fundamentales para la inversión están presentes. “Es muy positivo cuando lo comparamos con la administración pasada”.

Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de CFE, dijo que para ver anuncios de inversión de la empresa eléctrica con el sector privado en los tres modelos existentes, definidos porla Secretaría de Energía, hace falta que se publiquen los reglamentos y lineamientos de la legislación secundaria en materia energética.

México oficializó en marzo un paquete de leyes energéticas, sin embargo, aún no han publicado los reglamentos previstos para la primera mitad de septiembre de este año.

• “Falta aterrizarlos reglamentos, los lineamientos que nos van a marcar el proceso de hacer una selección vía un proceso competitivo para contar con contrapartes con las que podamos desarrollar estos proyectos”, dijo el representante de la compañía estatal.

El Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se enfrascó en una batalla judicial con el sector privado por cambios administrativos y legales en materia eléctrica que culminaron con una reforma a la Constitución mexicana en materia judicial y energética que favorecen a los gigantes estatales CFE y Pemex.

• México reformó este año al Poder Judicial estableciendo la elección popular de jueces, magistrados y ministros, lo cual pone a Empresas y Ciudadanos en indefensión.

A última fechas, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para cambiarla Ley de Amparo, una de las principales protecciones jurídicas de ciudadanos contra abusos de las autoridades, porque considera que se ha utilizado para ir en contra del interés público; pero en los hechos, es una ley recesiva y dictatorial. /PUNTOporPUNTO