El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pide respuestas al gobierno mexicano El Financiero
Pareciera que vivimos en la penumbra, donde las desapariciones forzadas se siguen acumulando y el gobierno del país retiene información al respecto. Mientras el gobierno celebra una baja de homicidios dolosos, las desapariciones forzadas son su sombra.
De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, son 133 mil personas desaparecidas y un promedio de 45 desapariciones al día, números que se mantienen al alza mientras el estado se mantiene en silencio frente al requerimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
A través de su Comité contra la Desaparición Forzada (CED), la ONU ha intentado dar luz sobre esta crisis y, con ello, instar al gobierno a tomar acción. En abril de 2025, el Comité activó el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el cual permite a la organización intergubernamental investigar desapariciones sistemáticas, exigir información al Estado, realizar visitas y emitir recomendaciones. Éste, es un mecanismo reservado para casos graves. Es decir que, si se activa para cualquier nación, se considera que el problema es sistemático y generalizado. México es uno de ellos.
Derivado de lo anterior, el 24 de junio el CED envió una carta al gobierno mexicano: un documento en el que se piden respuestas concretas. En ella, se exponen datos alarmantes que revelan una realidad en donde México es un epicentro de desapariciones: desde 2012, concentra el 37% de las peticiones urgentes recibidas por el Comité a nivel global. Además, el escrito señala una impunidad prácticamente absoluta: de las 133 mil personas desaparecidas registradas, solo se han emitido 373 sentencias. Se suman detalles de la crisis forense, con más de 72 mil cuerpos y restos humanos sin identificar, amontonados en fosas comunes, en servicios médicos forenses, pedazos de vida que el sistema abandona y deja en la oscuridad. Mientras, el gobierno calla.
El CED había dado hasta el 18 de septiembre para que México responda. Un informe donde indique qué está haciendo en este respecto y proponga alternativas. No lo presentó. Un silencio que muestra cómo se quiere mantener esta crisis, al igual que las personas desaparecidas, en la penumbra. Sin embargo, el desafío sigue presente.
Dentro de lo positivo es que, incluso si el gobierno hubiese respondido, el CED no se conforma con la narrativa y los datos oficiales. Buscan información de las colectivas, organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas; quienes buscan sin descanso, excavan fosas y enfrentan una burocracia ineficiente.
Eventualmente, por el historial de la cooperación formal de México con las Comisiones, el informe llegará; aunque tarde y con números maquillados. Probablemente, también, incluirá propuestas en materia legislativa. Sin embargo, esas 133 mil vidas revelan un problema real donde no es suficiente contar o incluso robustecer una Ley General en Materia de Desaparición Forzada si su aplicación es prácticamente inexistente. Para que las leyes sean más que papel requieren de recursos, capacitación y voluntad para identificar esos 72 mil restos: buscar para encontrar, identificar y castigar a las personas responsables. La impunidad, como bien lo hace notar la activación del artículo 34 de la Convención, es sistemática. Mientras esa falla organizacional persista, las desapariciones forzadas continuarán al alza.
Las autoridades de México podrán esconder lo que no quieren ver. Entre más lo hagan, el enorme problema de desapariciones seguirá creciendo. Porque lo que se oculta no desaparece: sigue ahí, gritando en desde la penumbra.
X: @marlenemizrahi
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