Rechazan disculpa de Garduño a 1,798 km de Ciudad Juárez Diario.mx

Activistas y fronterizos solidarios con la comunidad en movilidad se manifestaron ayer en el exterior de la estación migratoria del puerto fronterizo Lerdo para exigir justicia por las 82 víctimas del incendio ocurrido la noche del 27 de marzo de 2023 en Ciudad Juárez.
Previo a la disculpa pública que ofreció el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, en la Ciudad de México, a mil 798 kilómetros de distancia del edificio federal en donde ocurrió el incendio en el que murieron 40 hombres extranjeros, 27 resultaron heridos y 15 mujeres ilesas, los fronterizos recordaron que no se trató de un acto de buena voluntad, sino de un requisito para permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual ha llevado en libertad desde el inicio.

El acto que realizó ayer Garduño Yáñez lejos de la frontera y ocho meses después de la resolución emitida en enero por el juez federal penal Víctor Manlio Hernández Calderón, bajo el proceso penal 237/2023, no debe olvidar la omisión y negligencia que terminó con la vida de 40 personas, externó la doctora Leticia Chavarría.
Como parte de la manifestación pacífica, los asistentes colocaron una manta que dejaron colgada de la reja del edificio federal, en la que se lee: “27M, hasta que la dignidad se haga costumbre”.
También realizaron un pase de lista y encendieron 40 veladoras con los nombres y las banderas de los países de las víctimas mortales.
“Estamos acá para exigir justicia, ya que todavía no ha habido una reparación real del daño para víctimas, sobrevivientes y sus familiares. La disculpa pública también es importante para nosotros que no se ve como un acto de buena voluntad, sino como un requisito que le pusieron para que pudiera llevar ese proceso en libertad, pero en realidad el proceso de investigación sigue, todavía no se ha declarado nada concreto. Y estamos aquí para eso, para que no se olvide a las personas, a las víctimas y que no se nos olvide la reparación del daño”, dijo Jenifer Rosales, quien apoya a las personas migrantes como parte de una organización religiosa.
Carla Palacio, abogada del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, también se unió a la manifestación en la que denunció que durante el incendio el INM no contaba con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de las personas en movilidad y que actualmente siguen sin existir.
“También somos conscientes que una disculpa pública no es suficiente para reparar todas las violaciones y todo el daño causado en las personas sobrevivientes”, agregó.
A través de un comunicado de prensa, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), también señalaron que la disculpa pública no es el cierre del caso “ni será realizada por el Estado mexicano, es una acción personal de Francisco G. Y., financiada con recursos públicos, como parte de los requisitos para su suspensión provisional”.
En el marco del proceso judicial derivado del incendio, las organizaciones que acompañan jurídicamente a parte de las familias de los fallecidos y las víctimas sobrevivientes externaron que la disculpa no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan.
Indicaron que para hablar de una reparación integral, es primordial que las 82 víctimas reciban una compensación económica. Aunque la mayoría de las víctimas masculinas sobrevivientes o familiares de los fallecidos la han recibido, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas, lo que les impide acceder a dicha compensación.
Pidieron que también se les otorgue una estancia por razones humanitarias con la documentación adecuada para acreditarlo.
Dijeron que es necesario que todas las personas vinculadas a proceso penal, sin importar el cargo que ostentaban al momento de los hechos, enfrenten un juicio hasta sus últimas consecuencias sin beneficios procesales injustificados. Asimismo, se deben investigar las responsabilidades del gobierno de Ciudad Juárez; y el Estado mexicano debe implementar las modificaciones legislativas adecuadas que eliminen la detención migratoria.
“Se debe garantizar la no repetición de hechos como éste mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Es también indispensable que el Estado mexicano asuma un compromiso claro para ofrecer medidas de reparación adecuadas y dignas para las víctimas y sus familias, más allá de actos que generen impunidad y perpetúen la injusticia”, pidieron.
Indicaron que, aunque el acto simbólico de justicia es personal, fue coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pese a no ser su responsabilidad. Y, las compensaciones económicas entregadas hasta la fecha han sido erogadas por el INM, es decir, con dinero público.
Como representantes legales “reiteramos que este acto público no debe considerarse como el fin del caso. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para cambiar la política migratoria que criminaliza, detiene y desgasta a las personas migrantes en el país. Esto incluye cumplir con la recomendación de la CNDH sobre el caso y garantizar el acceso a la justicia para quienes han sido y son víctimas de delitos”, externaron.
También señalaron que el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez es un reflejo de la política migratoria mexicana de contención, ya que las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado, y como tal, éste tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición.
“La disculpa pública no puede ni debe sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos que México tiene con las víctimas. Es urgente que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de su responsabilidad, que modifique las políticas migratorias que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de personas, y que garantice que hechos como éste nunca se repitan”.
Agregaron además que, mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor.