¿Está Colombia en las “puertas del infierno”? Infobae

Colombia está “en las puertas del infierno”, dice Vicky Dávila, candidata de derecha para las elecciones presidenciales del próximo año en Colombia. Afirma que esos comicios decidirán si el país “arde” o “da marcha atrás”. Otros opinan de forma distinta. “Los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, dice Gustavo Bolívar, candidato de izquierda y aliado del presidente Gustavo Petro. Sostiene Bolívar que el turismo y la bolsa están en auge, el desempleo registra mínimos históricos y la inflación ha bajado desde la elección de Petro.

La polarización es un fenómeno global, pero los políticos de derecha e izquierda de Colombia parece que viven en dimensiones paralelas. En realidad, la economía de Colombia está razonablemente bien, aunque acumula riesgos. Aunque Petro arremete contra las instituciones independientes, Colombia no se está convirtiendo en Venezuela ni en Cuba. La degradación de la seguridad resulta preocupante. A inicios de junio, Miguel Uribe, candidato presidencial, fue asesinado a tiros. El 15 de septiembre, Donald Trump declaró que Colombia había “fracasado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones antidrogas (una declaración que habría puesto fin a gran parte de la ayuda estadounidense si la administración Trump no hubiera emitido simultáneamente una exención, lo que la convirtió más en un gesto simbólico que en algo práctico). Colombia sigue siendo mucho menos violenta que los terribles años noventa, pero no resulta difícil imaginar una recaída en esa dirección.

La economía estuvo lenta durante dos años tras la toma de posesión de Petro en 2022. Ahora se encuentra en buen estado. Se prevé que crezca un 2,4% este año, poco espectacular pero mejor que gran parte de Sudamérica. En julio, la tasa de desempleo fue de 8,8%, el nivel más bajo para ese mes en casi un cuarto de siglo. La bolsa es la cuarta de mejor desempeño del mundo en el último año, con un aumento del 54% en moneda local. La inflación se redujo a la mitad desde que Petro asumió el cargo. El turismo, una de sus grandes apuestas, vive un auge. Colombia recibió cerca de 7 millones de visitantes en 2024, dos millones más que dos años atrás.

Aun así, Petro no puede atribuirse mucho mérito. Presume de haber bajado la inflación, pero sus presiones sobre el banco central obstaculizaron ese trabajo. Existen reservas. Alrededor del 60% de los trabajadores en Colombia laboran en la economía informal, donde tienen menos beneficios, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, impulsado sobre todo por el consumo. La prohibición gubernamental para nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas está alejando a los inversores extranjeros.

Demasiado esfuerzo

Las áreas en las que se ha centrado Petro han mostrado menos avances. El número de personas que vive bajo la definición de pobreza del gobierno (menos de 3,90 dólares al día) ha disminuido. Pero la cantidad que vive en pobreza extrema (menos de 1,90 dólares al día) apenas ha cambiado. La desigualdad ha caído lentamente; Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.

Parte del esfuerzo de Petro para combatirla fue un fuerte aumento del salario mínimo. Pero incluso antes, este salario equivalía ya a más del 90% del salario medio, la relación más alta de la OCDE, un club integrado sobre todo por países ricos. Al encarecer la contratación formal, Petro incentivó la informalidad. Los primeros datos sugieren que lo logró.

Algunas reformas incluso han desmantelado servicios que funcionaban correctamente, como el sistema de salud. Después de incrementar el papel del Estado en el sistema, maternidades y salas de emergencia cerraron o dejaron de recibir nuevos pacientes.

La mayor amenaza para la economía es el alto gasto público. El déficit fiscal alcanzará un 7% del PBI este año, elevando la deuda pública a un récord histórico superior al 60%. En junio, el gobierno suspendió por tres años el límite legal al gasto y endeudamiento estatal. La legislación solo lo permite en circunstancias extraordinarias, que según el propio ente fiscal del gobierno actualmente no existen.

Así, el próximo presidente enfrentará un desastre fiscal. Bolívar e Iván Cepeda, otro candidato presidencial de izquierda, aseguran que pueden encontrar recortes, pero se comprometen a proteger los programas sociales. Incluso un ganador de derecha podría verse obligado a aumentar impuestos; un enfoque sensato sería hacerlos más progresivos y ampliar la base impositiva.

Los temores de la derecha están más cerca de la realidad en materia de seguridad. El asesinato de Uribe en junio evocó el pasado sangriento del país. Los políticos sienten tensión. Entrevistar a muchos de ellos implica ingresar a un mundo de escoltas, policías corpulentos y vehículos blindados. El asesinato ocurrió en medio de una serie de hechos violentos, incluyendo un coche bomba en Cali, una ciudad importante, y el derribo de un helicóptero policial. Estos hechos causaron 20 muertos y más de 70 heridos. Desde junio, decenas de soldados fueron secuestrados por civiles en múltiples ocasiones, aparentemente por encargo de bandas narcotraficantes, y liberados días después.

Estos ataques evidenciaron el fracaso de la política de seguridad insignia de Petro, “Paz Total”, que intentó negociar con todos los grupos armados a la vez. A pesar de agrupaciones marxistas residuales, estos grupos son narcotraficantes, no luchadores por la libertad. Los primeros ceses al fuego colapsaron y no existen acuerdos permanentes a la vista, en parte porque el ejército no ha ejercido suficiente presión. “Si no eres lo bastante fuerte, no negocies”, dice Sergio Fajardo, candidato presidencial de centro. Mientras aparentaban negociar la paz, los grupos aprovecharon los ceses al fuego para expandirse territorialmente, armarse y reclutar.

Ahora los grupos armados cuentan con unos 22.000 miembros, un aumento del 45% desde que Petro asumió el cargo. El número de desplazados por la violencia aumentó en 230.000 personas, según Naciones Unidas. Al menos un grupo armado está presente en más de la mitad de los municipios de Colombia, según Pares, un centro de estudios en Bogotá. Los diálogos de paz de Petro no son el único problema. Los grupos ya se expandían bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque. El cultivo de coca, de donde obtienen cocaína, se encuentra en niveles récord.

La extorsión creció un 50% entre 2021 y 2024, el secuestro un 75%. Los ataques contra las fuerzas armadas en los primeros siete meses de este año ya superan el total anual de cualquier año completo en la última década. La tasa de homicidios al menos se ha mantenido estable, pero con cerca de 25 por cada 100.000 personas es superior a la de cualquier otra democracia sudamericana, salvo Ecuador. “No es motivo de orgullo”, dice Cepeda, aunque señala que es bajo para los estándares históricos de Colombia. A inicios de los años noventa, cuando Pablo Escobar sembraba el terror, la tasa era de 86 por cada 100.000. A principios de los 2000, superaba 70 debido a los grupos rebeldes violentos.

El deterioro de la seguridad es un problema evidente; el de las instituciones se pasa por alto. Pocas escapan a la retórica de Petro. Afirma que existe un “bloqueo institucional” en su contra y contra la voluntad popular, y habla de convocar una asamblea constituyente para reescribir la constitución.

Su estilo caótico de gobierno debilita la administración pública. Por renuncias y constantes reestructuraciones, los ministros no tienen mucha duración. Petro nombra uno nuevo en promedio cada 20 días. El cambio constante deja a los burócratas desmotivados y sin rumbo. El daño al banco central es más directo. Critica sus decisiones sobre tasas de interés, señala que buscan frenar el crecimiento económico “por motivos puramente políticos” y sostiene que intenta “desfinanciar al gobierno colombiano”.

El poder legislativo también es un objetivo. Cuando el Senado bloqueó el proyecto de ley de Petro sobre derechos laborales, amenazó con eludirlo mediante un referendo de legalidad dudosa. Acobardado, el Senado lo aprobó después. La aprobación del Congreso es requisito para convocar una constituyente, pero Petro y su ministro de Justicia sugieren que pueden saltarse ese paso y convocarla por demanda popular.

Cortejando el desastre

También hay choques frecuentes con el sistema judicial. Petro suele alegar haber sido víctima de un “golpe blando” cuando los tribunales fallan en su contra. En febrero de 2024, tras un conflicto con la Corte Suprema por la selección de un nuevo fiscal general, convocó a manifestantes en la calle. Rodearon la corte, dejando a los jueces atrapados por horas, hasta que Petro finalmente ordenó dispersarlos. Su gobierno niega haber instigado el asedio.

Las instituciones de Colombia probablemente resistirán esto. Incluso los críticos de Petro admiten que su retórica es muchas veces solo para la galería. Hay consenso en que habla demasiado. Lo positivo es que la constitución limita a Petro a un solo mandato y la mayoría de candidatos de izquierda parecen menos volátiles.

Si se busca una señal clara sobre la situación de Colombia, conviene observar las preferencias reveladas de su gente. En los últimos tres años, alrededor de un millón parece haber dejado el país de forma permanente, el doble de los que lo hicieron en los tres años previos a la pandemia. Colombia no está en la puerta del infierno. Pero su próximo presidente tendrá mucho por hacer para mejorar el país.