Nuevo escándalo del Gobierno Petro: presupuesto para la Unidad de Víctimas estaría viciado y tendría $4.5 billones en juego Infobae
Un presupuesto anual de 4.5 billones de pesos, asignado a la reparación de más de diez millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, está bajo escrutinio por presuntos actos de corrupción y clientelismo.
Según una investigación de Semana, la Unidad para las Víctimas, entidad fundamental en la atención a quienes han sufrido la violencia, habría sido entregada por el gobierno de Gustavo Petro a un clan político de Santander liderado por el senador Gustavo Adolfo Moreno Hurtado.
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Las denuncias señalan que esta ‘captura’ política ha puesto en riesgo la transparencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos, en un contexto donde la promesa oficial era la “cero tolerancia” frente a la corrupción.
La consolidación del control político sobre la Unidad para las Víctimas se remontaría a 2024, cuando la presunta influencia del senador Moreno, aliado del Gobierno en el Congreso, se hizo evidente a través de nombramientos estratégicos.
El punto de inflexión llegó en junio de 2025, con la designación de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la entidad. Romero Polanco, exescolta y exsecretario de Gobierno en Barrancabermeja durante la administración de Alfonso Eljach Manrique, mentor político de Moreno, no tenía experiencia en el sector, pero su llegada habría marcado el inicio de una serie de nombramientos de funcionarios vinculados al clan santandereano.
De los 42 cargos directivos de la Unidad, 22 están directamente ligados al senador Moreno, y 19 de ellos provienen de Santander, según datos recogidos por Semana.
Entre los beneficiados figuran financiadores de la campaña de Moreno al Senado en 2022, como Luis Gabriel Taboada Castro, quien ocupa la jefatura de planeación y la dirección territorial de Urabá; y Francisco Yesid Triana Castillo, responsable de tres direcciones y aportante económico al proyecto político del congresista.
Otros funcionarios, como Carlos Arturo Vásquez Aldana y Alix Aguilar Tirado, también tienen antecedentes en la administración local de Barrancabermeja o en municipios de la región. Además, el exalcalde de Lebrija Luis Carlos Ayala Rueda fue nombrado subdirector de reparación individual.
La controversia se agrava con la presencia de Fredy Orlando Quintero Mogollón, designado subdirector de la Unidad, pese a estar investigado por la Fiscalía como presunto integrante de redes de apoyo al terrorismo del ELN durante su periodo como alcalde de Chitagá (Norte de Santander).
Según el ente acusador, Quintero Mogollón habría financiado actividades ilícitas y auspiciado delitos graves en varios municipios de la región.
Esta situación ha generado indignación entre empleados de la entidad, quienes denuncian que los criterios de selección de personal responden a intereses políticos y no a la experiencia o idoneidad necesarias para atender a las víctimas.
“Algunas personas que están trayendo de Santander, Norte de Santander y Boyacá no tienen la experiencia. Hay excesivos honorarios. Los salarios se están asignando a dedo y se están ajustando los perfiles bajo sus intereses. La mayoría son cercanos al senador Moreno”, relató un funcionario de la Unidad a Semana.
Las denuncias de corrupción y sobrecostos en la contratación son recurrentes. El mencionado medio accedió a órdenes de compra entre junio y septiembre de 2025 que revelan pagos cuestionables: ollas comunitarias por 19 millones de pesos, plantas aromáticas por 4 millones y rituales indígenas que superan los 3 millones.
“Me dio la orden de elevar los precios del transporte para las personas que llegaban a los eventos. Si un transporte llegaba por 70.000 pesos, me dijo que pasara la factura por 300.000 pesos. Todo aquí es al doble, al triple. Luego se pasaba la solicitud para que Financiera hiciera el desembolso. Todo está arreglado. Ellos saben cómo hacen las cosas”, dijo el funcionario de la entidad.
Las transferencias al Fondo para la Reparación de las Víctimas alcanzan apenas el 25% de cumplimiento, y la implementación de medidas de reparación solo llega al 9%.
El ambiente laboral dentro de la entidad también se ha deteriorado. Empleados y contratistas denuncian maltrato, retención injustificada de honorarios, sobrecarga de trabajo y represalias contra quienes cuestionan la gestión del clan político.
“Utilizan su poder y condición para retener las cuentas sin ninguna justificación. En las conversaciones con los directores, nos dicen que ‘ustedes se sacan solitos’, como si se tratara de una amenaza. No respetan los horarios y la desconexión laboral”, dijo una de las denunciantes. Además, la no renovación de contratos de expertos y la contratación de personal sin el perfil adecuado han incrementado la carga laboral y retrasado tareas clave desde 2024.
