Lanza DHS ‘cacería’ vs votantes indocumentados Diario.mx
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está compartiendo información de registro de votantes estatales con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una búsqueda de no ciudadanos, confirmó la administración Trump.
El intercambio de datos viene después de que abogados del Departamento de Justicia este verano demandaran que funcionarios electorales en casi dos docenas de estados entregaran sus listas de votantes, alarmando a algunos secretarios de estado demócratas y expertos electorales. Han expresado temores sobre cómo la administración Trump planeaba usar los datos. Incluso algunos secretarios de estado republicanos se han negado a proporcionar sus listas completas de votantes.
Seguridad Nacional en una declaración sin firmar a Stateline llamó el intercambio de información esencial para “limpiar extranjeros de los registros de votantes”.
Agregó que el gobierno federal estaba “finalmente haciendo lo que debería haber hecho desde siempre — compartir información para resolver problemas”.
“Esta colaboración con el Departamento de Justicia permitirá legal y críticamente que Seguridad Nacional prevenga que extranjeros ilegales corrompan el proceso democrático de nuestra república y asegure aún más la integridad de nuestras elecciones a nivel nacional. Las elecciones existen para que el pueblo estadounidense elija a sus líderes, no los extranjeros ilegales”, dice la declaración.
El Departamento de Justicia dijo en su propia declaración que los datos de registro de votantes estatales proporcionados en respuesta a solicitudes de la División de Derechos Civiles del departamento están “siendo revisados para entradas de votantes inelegibles”.
El voto de no ciudadanos es extremadamente raro. Un estudio de las elecciones de 2016 ubicó la prevalencia del voto de no ciudadanos en 0.0001% de los votos emitidos.
El intercambio de datos marca un siguiente paso en los esfuerzos del presidente Donald Trump de ejercer más influencia federal sobre las elecciones administradas por estados. Trump firmó una orden ejecutiva a principios de este año que buscaba requerir que los individuos proporcionaran documentos de prueba de ciudadanía para registrarse para votar, una regla rápidamente bloqueada en corte federal. También ha amenazado con firmar otra orden ejecutiva intentando restringir las boletas por correo.
Al menos 10 estados han proporcionado datos públicamente disponibles o han dado al departamento direcciones sobre cómo solicitar datos públicos. El viernes, el Secretario de Estado de Indiana Diego Morales, un republicano, confirmó a reporteros que había proporcionado al Departamento de Justicia toda la información de votantes solicitada, incluyendo licencias de conducir y números parciales de Seguro Social —haciendo a Indiana el primer estado conocido en haber suministrado datos personalmente sensibles.
Mientras que la administración no describió cómo Seguridad Nacional usará los registros de votantes para buscar no ciudadanos, la agencia opera un programa poderoso, Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos, o SAVE, que puede identificar el estatus de inmigración o ciudadanía de un individuo.
SAVE fue originalmente destinado para ayudar a funcionarios estatales y locales a verificar el estatus de inmigración de no ciudadanos individuales buscando beneficios gubernamentales.
Pero Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que es parte de Seguridad Nacional, esta primavera lo rediseñó en una plataforma que puede escanear registros de votantes de estados si los funcionarios suben los datos.
En el pasado, SAVE solo podía buscar un nombre a la vez. Ahora puede conducir búsquedas en masa, permitiendo a funcionarios potencialmente alimentar en él información sobre millones de votantes registrados. SAVE revisa esa información contra una serie de bases de datos federales y reporta de vuelta si puede verificar el estatus de inmigración de alguien.
Desde mayo, también puede recurrir a datos del Seguro Social, transformando el programa en una herramienta que puede confirmar ciudadanía estadounidense porque los registros del Seguro Social para muchos, pero no todos, los estadounidenses incluyen la información.
Mientras el Departamento de Justicia ha buscado registros de votantes estatales este verano, cartas de los abogados del departamento a funcionarios estatales en muchas instancias han demandado listas completas de votantes registrados que incluyen información personal sensible como números de licencias de conducir y números parciales de Seguro Social.
Al menos 22 estados fueron solicitados para algunos datos, según el Centro Brennan para la Justicia en la Universidad de Nueva York, que está siguiendo las solicitudes.
Algunos estados han entregado archivos de votantes públicamente disponibles u ofrecido direcciones sobre cómo solicitarlos. Otros han rechazado rotundamente las solicitudes.
“El Departamento de Justicia no ha mostrado ninguna buena razón para su expedición de pesca de información sensible de votantes sobre cada estadounidense”, dijo la secretaria de Estado de Maine Shenna Bellows, una demócrata, en un comunicado de prensa el lunes anunciando que su oficina había rechazado la segunda solicitud del Departamento de Justicia para los datos de votantes de su estado.
Justin Levitt, quien sirvió como consejero de política senior para democracia y derechos de voto en la Casa Blanca de Biden y ahora es profesor de derecho en la Universidad Loyola Marymount, dijo que no tiene confianza de que Seguridad Nacional actuaría cuidadosamente con cualquier dato recibido.
Levitt, hablando con Stateline el miércoles antes de que el intercambio de datos fuera confirmado, expresó preocupación de que el Departamento de Justicia estaba “sirviendo como caballo de Troya” para otras entidades dentro del gobierno.
“El hecho de que tengan que escabullirse por la puerta trasera en lugar de tocar la puerta principal te dice que hay procedimientos impropios ocurriendo”, dijo Levitt.
