
La incapacidad temporal (IT) posiciona a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de absentismo. Entre 2018 y 2023, el número de jornadas laborales perdidas por IT ha pasado de 242 millones a 368,7 millones, un aumento del 52%. Estos niveles de bajas laborales, que representan un 5,6% de jornadas no trabajadas en un año sobre las potenciales, equivalen a que un millón de trabajadores hubiera estado de baja cada día de 2023; o, alternativamente, que cada trabajador estuviera 20 días al año ausente por IT (5 días más que en 2018), según el informe elaborado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Además, el estudio estima la producción potencial asociada a los días de baja por IT en 81.574 millones de euros de PIB, un 5,4% del total nacional. Esta cifra supone 25.900 millones de euros más de coste total al año que en 2018, lo que representa un incremento del 47%. Esta subida se concentra en las incapacidades temporales por contingencias comunes, como enfermedades no profesionales o accidentes no laborales, y no en las contingencias profesionales, como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que son gestionadas principalmente por las mutuas y que han permanecido prácticamente estables.
Los procesos de larga duración, los que duran más de 365 días, son los que más han crecido durante los últimos años, hasta llegar a duplicarse, pasando de 83.000 en 2018 a 167.000 en 2023. Aunque este tipo de IT solo representan el 2,4% de los procesos finalizados en 2023, concentraron el 34,1% de los días totales de baja. Además, los días perdidos correspondientes a este tramo han aumentado un 87% en los últimos seis años, frente al 35% de las bajas inferiores a 12 meses, y suponen 110 millones de días de baja.
Otro de los factores que contribuye a los niveles máximos de IT es el incremento de las jornadas perdidas de las personas que acumulan más de un proceso en 12 meses. Según el estudio, más del 50% de los trabajadores con baja activa en 2023 fueron repetidores. Esta cifra explica por sí sola la práctica totalidad del aumento del absentismo por IT en los seis años estudiados. De hecho, el porcentaje de personas repetidoras sobre el total de población protegida se ha incrementado un 55% desde 2018. Estos casos, pese a ser solo el 16,6% de los trabajadores, concentran el 69,6% de las bajas y el 64,5% de las jornadas perdidas, 12,6 puntos más que en 2018, por lo que son responsables de prácticamente la totalidad del aumento del indicador de absentismo por IT en el periodo 2018-2023.
El aumento de las bajas laborales por incapacidad temporal hace que algunas mutuas duden de la veracidad de estas patologías. Por ello, recurren a la contratación de agencias de detectives, que se encargan de vigilar a los trabajadores durante su periodo de baja, para corroborar si realmente sufren la dolencia por la cual se encuentran en un cese temporal de su empleo. En lo que va de año, las mutuas con convenios con el Estado han desembolsado millones de euros en la contratación de detectives privados. Desde Umivale Activa, destacan que el dinero destinado a este tipo de contratos no ha presentado ninguna variación este año, sino que es el programado en la partida presupuestaria.
Por ejemplo, la empresa MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 presentó este año dos licitaciones, una adjudicada el 19 de mayo y formalizada el 28 de agosto, por 776.550 euros, por el que se contrataba los servicios de investigación por medio de detectives privados en Aragón, Asturias, Cantabria, Alicante, Albacete, Murcia, Almería, Melilla, y Tenerife. Además, el 12 de septiembre presentó otra licitación —que se encuentra en evaluación— por 837.900 euros, con el mismo objetivo para Valencia, Castilla y León, Las Palmas, Barcelona, Girona, Baleares, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Sevilla, Jaén, Cádiz, Huelva, Córdoba, Badajoz, Málaga, Granada y Ceuta.
Por su parte, Umivale Activa, mutua encargada del estudio citado en el artículo, realizó una licitación por 327.250 euros, adjudicada el 17 de abril de 2025, para la contratación del “servicio de investigación por medio de detectives privados en todo el territorio nacional”, según aparece publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Otras de las mutuas que realizaron la contratación de detectives privados a lo largo de este año son Ibermutua, con una inversión de 33.300 euros repartidos en cuatro licitaciones distintas; y Mutualia, que presentó en julio de 2025 una licitación con valor de 158.200 euros para la contratación de los servicios de investigación privada a cargo de detectives. En concreto, estas mutuas han gastado en lo que va de año 2.133.200 euros en este tipo de contrataciones.
“En agencias como la nuestra, despachos de detectives de tamaño mediano, observamos que en relación con los últimos cuatro años, el porcentaje de encargos de investigación de bajas laborales ha pasado del 50% del total de los servicios contratados a más del 70% en 2024. Por ahora, en 2025, representan más del 80% del total de las investigaciones realizadas, y la tendencia sigue siendo al alza”, explica Ignacio Ochoa, director de Ochoa Detectives Privados, una agencia de investigación que abrió sus puertas en 1999.
Según el experto, las empresas suelen requerir los servicios de detectives para bajas fingidas o simuladas cuando han observado ciertos comportamientos que pueden indicar falsedad en el motivo de la incapacidad. Estos pueden ser desde desencuentros relacionados con decisiones de la empresa o periodos vacacionales hasta empleados que aprovechan lesiones reales cuya duración prolongan innecesariamente. “Es frecuente que nos indiquen que les ha llegado a sus oídos, a través de diferentes fuentes, que tal o cual empleado de baja está trabajando, a pesar de sus supuestas lesiones”, explica.

El investigador asegura que los detectives a veces presencian “milagros”: “Vemos a personas que no pueden levantar peso cargando sacos de obra, a quien no puede caminar participar en competiciones deportivas de Trail en montaña o a quien han diagnosticado agorafobia disfrutar fin de semana tras fin de semana de paseos por el centro de la ciudad o en atestados centros comerciales”.
Ochoa cuenta que, en el primer contacto con las empresas, les suele solicitar el planteamiento de los motivos por los cuales necesitan contratar sus servicios e información acerca del caso, sin datos personales. “Una vez que sabemos cuáles son las circunstancias de la baja laboral, se plantea un calendario de trabajo”, señala. Tras la recopilación de los datos por parte de la empresa, el detective explica que inicialmente se procede a la recopilación de información, siempre de fuentes legales.
Después, se establece un operativo basado en vigilancias y seguimientos discretos, sin alertar a la persona investigada de su presencia. Según Ochoa, estos seguimientos y vigilancias, ajustados al fin de la investigación, se pueden prolongar por el tiempo necesario para acreditar la actividad observada, cuando esta es incompatible con los motivos que originaron la baja laboral. Respecto a los medios que utilizan, el detective destaca que pueden ir desde vehículos de vigilancia discreta a turismos, motocicletas o seguimientos a pie, incluso en transporte público.
“Desde mi experiencia profesional, más de 26 años dedicados a la investigación privada, la única conclusión que puedo sacar es que no hay un perfil bien definido para este tipo de investigaciones. Desde el CEO de una gran corporación hasta personal sin ninguna cualificación profesional, hemos tenido investigaciones de bajas laborales en las que las personas investigadas cubrían cualquier perfil profesional”, destaca Ochoa.
Además, señala que, pese a no existir un perfil concreto, hay sectores en los que destaca la “profesionalidad” de aquellos empleados que engañan en sus bajas laborales, así como algunos perfiles personales más habituales, pero en personas de cualquier sexo y edad. No obstante, el experto detalla que estos casos son “más frecuente en empleos de menor cualificación profesional”, pero considera que podría deberse a “factores personales y no a profesionales”.
Sobre la legalidad de su trabajo, Ochoa detalla que “la investigación privada en España es totalmente legal”, ya que están regulados por ley: “Nuestra licencia profesional la emite el Ministerio de Interior, siendo la Dirección General de la Policía quien se encarga del control y colaboración de los detectives privados”.
La contratación de este tipo de empleos ha aumentado como consecuencia del incremento de las bajas laborales. Según destaca el informe de Umivale, el absentismo por incapacidad temporal es “un reto estratégico y económico de primer orden que requiere una respuesta inmediata, coordinada y basada en la evidencia”. Según la mutua, las cifras récord, su rápido crecimiento y el empeoramiento de todas las variables sin excepción “evidencian la necesidad urgente de medidas estructurales”.
Además, los autores destacan que, en el ámbito de la incapacidad temporal, están en juego, además de la salud de las personas trabajadoras y el buen funcionamiento de los recursos sanitarios, la sostenibilidad del sistema, el bienestar y la capacidad de generar riqueza y empleo del país. Por tanto, la mutua considera “urgente y necesario un esfuerzo conjunto y decidido de todos los agentes implicados en aras de un objetivo común que beneficia a todos”.
GERARDO FLORES LEDESMA AUNQUE EL T-MEC estará vigente al menos hasta 2036, estará sujeto a revisiones anuales no sólo comerciales, sino que también se pondrá sobre la mesa otros asuntos que deberá atender, como migración y seguridad, so pena de enfrentar más presiones desde EU. Ya hemos recibido agresiones a varios sectores importantes par
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