Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones Infobae
Un escándalo de corrupción sacude a la Fiscalía General de la Nación en Colombia bajo la dirección de Luz Adriana Camargo.
Según revelaciones obtenidas por Semana, funcionarios de la entidad estarían implicados en la venta de expedientes reservados de investigaciones de alto perfil, aprovechando las debilidades del Modelo Único de Investigación Financiera (Muif).
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Este esquema, que involucraría sumas de hasta 200 millones de pesos por cada expediente filtrado, pone en entredicho la integridad del sistema judicial y la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico.
De acuerdo con información recabada por el medio mencionado, el modus operandi del llamado “cartel de expedientes” consiste en traficar con documentos confidenciales de investigaciones clave, entregados en dispositivos USB a cambio de pagos millonarios.
Los funcionarios involucrados, presuntamente adscritos a la Dirección de Lavado de Activos, habrían facilitado que abogados y personas investigadas accedieran a detalles reservados de los procesos, lo que les permitió anticipar decisiones judiciales como órdenes de captura.
Un fiscal relató al medio mencionado que un abogado se presentó ante él con pleno conocimiento de las acciones que el despacho planeaba ejecutar, lo que encendió las alarmas sobre la presunta filtración de información interna.
El epicentro de estas irregularidades se encuentra en el Modelo Único de Investigación Financiera, una estrategia implementada tras la llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía. El Muif, inspirado en experiencias previas de la fiscal en Guatemala, fue concebido para fortalecer la coordinación y priorización de investigaciones, integrando a expertos de diversas áreas y promoviendo la digitalización de expedientes.
Sin embargo, la obligatoriedad de cargar documentos escaneados en carpetas compartidas dentro de la red institucional permitió que un número indeterminado de funcionarios accediera sin restricciones a información altamente sensible.
Fiscales consultados por el medio ya citado señalaron que esta exposición facilitó la multiplicación de oportunidades para traficar con expedientes, ya que la reserva legal de los procesos habría quedado comprometida. Entre los casos emblemáticos que habrían sido objeto de filtración figura el expediente de Manuel Castañeda, conocido como el “narcochofer”, investigado por lavado de activos.
La denuncia, presentada ante la delegada para las Finanzas Criminales Aura Liliana Trujillo y su asesora María Isabel, incluyó pruebas sobre cómo los expedientes, almacenados en el sistema del Muif, fueron extraídos y vendidos en una USB.
Otro expediente filtrado involucra a un megacontratista relacionado con la investigación por lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Según fuentes de la Fiscalía citadas por el medio citado, este empresario, que habría realizado millonarios aportes a la campaña presidencial de 2022, pagó una suma considerable para acceder a los documentos de su caso.
El contratista, en lugar de recurrir a los canales legales habituales, habría optado por la vía corrupta, lo que generó preocupación entre los fiscales por la posibilidad de que los investigados pudieran anticipar las acciones de la justicia.
El listado de expedientes vendidos también incluye investigaciones sobre una tienda de ropa de bajo costo en Barranquilla, objeto de extinción de dominio por lavado de activos, y un reconocido restaurante de comida mexicana.
En uno de estos casos, un abogado se adelantó a las decisiones de un fiscal, evidenciando que la información reservada ya estaba en poder de sus clientes gracias a la intervención de funcionarios corruptos.
Los afectados pagaron 200 de los 500 millones de pesos exigidos por la entrega de los documentos, según una denuncia radicada este año en la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén, Bogotá.
El funcionamiento del Muif, según los fiscales, exige que cada proceso se cargue en una carpeta digital accesible a asesores y funcionarios de la Delegada para las Finanzas Criminales. Estos asesores analizan la información y toman decisiones sobre el rumbo de las investigaciones, lo que ha generado molestia entre los fiscales por considerar que se vulnera la autonomía y la reserva de los procesos.
“Ese modelo lo trajo la fiscal y lo copió de Guatemala. Indica que los fiscales deben incluir la información del caso en una carpeta a la que tienen acceso desde la Delegada para las Finanzas Criminales hacia abajo, incluyendo los investigadores. De esta forma vigilan y se meten en todo el proceso; se pueden anticipar y conocer lo que se supone que está en la autonomía de los propios funcionarios”, explicó un fiscal al medio mencionado.
Las denuncias de los fiscales no se limitaron a la Dirección de Lavado de Activos. Durante la implementación del Muif, se realizaron reuniones técnicas para compartir información entre distintas delegadas y direcciones, lo que incrementó la desconfianza entre los funcionarios.
Algunos fiscales, según la denuncia, optaron por no entregar información relevante debido al riesgo que representaba para la seguridad de los procesos y de los propios investigadores, especialmente en casos coordinados con agencias internacionales como la DEA y la Embajada de Estados Unidos. Un fiscal expresó a Semana: “Muchos no entregaban la información simplemente por desconfianza. La experiencia advierte que compartir la información en casos de relevancia es un problema de seguridad para el proceso, incluso para los fiscales que llevan las investigaciones”.
El mencionado medio también accedió a correos electrónicos enviados por asesores de la Dirección contra el Narcotráfico, en los que solicitaban a los fiscales el listado y detalle de las órdenes de captura emitidas y por emitir durante el año. Esta práctica fue calificada por los funcionarios como un “despropósito y un atropello” a la independencia judicial, ya que obligaba a los fiscales a revelar información estratégica sobre investigaciones en curso.
Frente a las denuncias, la Fiscalía sostuvo que el Muif se creó para organizar las actuaciones dispersas y que solo un grupo reducido de funcionarios tenía acceso a los expedientes priorizados.
Afirmaron no tener conocimiento de filtraciones a través del sistema. No obstante, los denunciantes aseguraron al medio citado que las directivas de Finanzas Criminales estaban al tanto de las alertas desde mayo de este año, aunque al ser consultadas por el medio, negaron haber recibido tales denuncias.
