PP culpa a la Ley de Vivienda de quitar 120.000 pisos de alquiler y lleva su derogación al Pleno del Congreso Infobae
El PP culpa a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos por el incremento de la "inseguridad jurídica", por lo que pedirá la próxima semana al Congreso su derogación.
En concreto, la formación defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Alberto Núñez Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.
En su moción, recogida por Europa Press, el grupo parlamentario denuncia que a raíz de la ley que pactaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal.
"El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos", remarca el PP.
PONEN DE EJEMPLO A CATALUÑA
Como ejemplo de las consecuencias perjudiciales de esta norma, el PP expone el caso de Cataluña, que fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler.
Según datos de Idealista que recoge el PP, los precios en la región han subido un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. Asimismo, en Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.
Por estos motivos, la formación pide derogar una ley que consideran "intervencionista" y que está provocando "inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación".
LUCHA CONTRA LA "OKUPACIÓN"
El PP aprovecha su iniciativa para denunciar el "fenómeno creciente de la ocupación ilegal". Según datos del Instituto de Estudios Económicos compartidos por el Partido Popular, hoy hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
Con este panorama, el PP pide acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Además de estas cuestiones, el Grupo Popular incluye otros dos puntos en su moción para pedir medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y crear la figura del "Proyecto Residencial Estratégico" para unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reducir los plazos de construcción de diez a cuatro años y destinar la mitad de las viviendas que se construyan bajo esta figura a vivienda asequible.
