Restaurante Andrés Carne de Res firmó un acuerdo con nueve clientes que sufrieron quemaduras en la sede de Bogotá Infobae
Tras el suceso ocurrido el 5 de septiembre en la sede de la calle 82 en Bogotá, donde al menos nueve personas sufrieron quemaduras debido a la falla de una máquina de humo que expulsó chispas incandescentes sobre los clientes, las partes involucradas consensuaron una serie de compromisos orientados a reforzar la seguridad y garantizar la protección de los consumidores.
El pacto incluye una compensación económica para los afectados, así como la implementación de medidas adicionales para evitar la repetición de hechos similares.
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El accidente generó preocupación entre los asistentes y la opinión pública, lo que motivó la intervención de las autoridades y la representación legal de las víctimas.
El abogado Juan Pablo López, apoderado de los afectados, explicó en diálogo con Caracol Radio que el acuerdo se alcanzó en menos de 48 horas desde que asumió el caso. López destacó que el modelo restaurativo adoptado va más allá de las obligaciones legales, ya que Andrés Carne de Res se comprometió a realizar auditorías y controles internos adicionales, así como a fortalecer la gestión de riesgos y la capacitación en primeros auxilios para su personal.
Estas acciones buscan cumplir con la normativa vigente y establecer garantías estructurales que prevengan futuros incidentes.
“Celebramos el hecho de que asuman obligaciones más allá de las legales con el propósito de cumplir este esquema asociado a la protección integral de todos los consumidores”, afirmó López.
En cuanto a la compensación, el abogado confirmó que el acuerdo contempla una contraprestación económica destinada a cubrir los daños ocasionados durante el accidente. Entre los perjuicios reconocidos se encuentran gastos médicos y daños materiales como ropa y dispositivos electrónicos.
“Esto tiene que ver mucho con ejercicios que en el derecho de los mercados tiene que ver con promesas de no repetición, pero efectivamente garantías estructurales que permitan asumir obligaciones más allá de las legales”, explicó López.
Aunque los detalles específicos del monto no fueron revelados, López subrayó la importancia de que el acuerdo respondiera a las necesidades de las víctimas y evitara la judicialización del caso.
“Lo importante es que haya promesas aplicables para evitar que estas situaciones se repitan, pero sin desconocer la labor empresarial y el empleo que generan compañías tan grandes como Andrés Carne de Res”, explicó López en diálogos con el medio mencionado.
La intervención del Ministerio de Trabajo añadió un componente regulatorio relevante al proceso. El 9 de septiembre, la entidad realizó una inspección en la sede de la calle 82, que se extendió por más de ocho horas.
Durante la visita, los funcionarios identificaron riesgos eléctricos y térmicos, así como posibles escenarios de cortocircuitos, descargas eléctricas e incendios, además de temperaturas elevadas en las cocinas que podrían afectar la seguridad de los empleados.
Como resultado, el Ministerio ordenó el sellamiento temporal de un área puntual de la cocina en el tercer piso, medida preventiva que no implicó el cierre total del restaurante ni la suspensión de su operación general, según aclaró la empresa en un comunicado recogido por El Espectador.
La firma de consultoría legal y tecnológica Lex Vibe, que participó en la mediación, detalló que el restaurante asumió el compromiso de eliminar riesgos similares a los que provocaron el accidente, reforzar la capacitación en primeros auxilios y contratar a un tercero independiente para realizar un análisis de riesgos.
Por su parte, el restaurante reiteró públicamente sus excusas al grupo de clientes afectados y aseguró que las puertas de Andrés D.C. permanecen abiertas al público mientras se implementan los ajustes y recomendaciones del Ministerio de Trabajo. La empresa enfatizó que la medida de sellamiento es temporal y limitada a un área específica, y que la operación general continúa sin interrupciones.
Tanto las víctimas como sus representantes y la firma Lex Vibe coincidieron en la necesidad de que las autoridades mantengan un equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y la preservación de la actividad empresarial.
