Violencia, precariedad y problemas de salud marcan la gestión de la gobernadora de Colima Excelsior

Alejandrina FrancoLejos de los anuncios optimistas, Colima se mantiene como uno de los estados más golpeados por la violencia y con serios rezagos en materia de salud y economía.
Las cifras oficiales muestran que, a mitad de la actual administración de Indira Vizcaíno Silva, el panorama sigue siendo adverso y la población se siente cada vez más desprotegida.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, Colima encabeza la lista nacional de homicidios dolosos, con una tasa de 140 por cada 100 mil habitantes, ubicándola como la entidad más violenta del país.
El mismo reporte calcula que el impacto económico de la violencia en el estado asciende a 40.
8% de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa pérdidas millonarias derivadas de asesinatos, extorsiones, gasto en seguridad y disminución de la productividad.
Mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI refuerza esa realidad: 68.
5% de los colimenses considera que la inseguridad es el principal problema del estado, muy por encima de otras preocupaciones sociales, ya que al menos entre 2021 y 2024 se registraron 2 mil 280 homicidios dolosos en la entidad, según datos oficiales.
En materia económica, las cifras tampoco son alentadoras, para el primer trimestre de 2025, la población económicamente activa de Colima fue de 373 mil personas, con 364 mil ocupadas.
Aunque la tasa de desempleo se mantiene baja (2.
43%), gran parte de los trabajadores se encuentra en la informalidad, lo que se refleja en empleos precarios y sin seguridad social.
El salario promedio mensual en el estado es de apenas 7 mil 820 pesos, considerado insuficiente frente al incremento del costo de vida.
El sector salud enfrenta otro reto.
La falta de especialistas, el desabasto de medicamentos y la limitada infraestructura hospitalaria generan inconformidad ciudadana.
De acuerdo con registros del INEGI, la cobertura médica en zonas rurales sigue siendo insuficiente y comunidades enteras carecen de acceso a servicios básicos.
Además, organizaciones internacionales advierten que el clima de violencia repercute en la salud mental de la población, sin que existan programas robustos de atención psicológica.
El contraste entre los discursos oficiales de la mandataria y la realidad cotidiana es evidente.
Mientras se habla de inversiones y proyectos de seguridad, la percepción ciudadana muestra desconfianza e inconformidad.
Los datos duros son claros, Colima sigue atrapado entre la violencia, la precariedad económica y los rezagos en salud.
Ante esta problemática, la exigencia social es creciente, pasar de los anuncios a los resultados, ya que, de no hacerlo, el estado podría continuar encabezando listas nacionales por razones negativas, con un costo humano y económico cada vez más alto.
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