Harina disfrazada de hidrolizado: el riesgo que el Congreso ignora Infobae
El Congreso de la República del Perú analiza el Proyecto de Ley 09829/2024-CR, que busca modificar la Ley General de Pesca con el argumento de estimular el consumo humano directo de anchoveta y combatir la anemia en la población. La intención es válida, aprovechar un recurso altamente nutritivo. Sin embargo, la propuesta ignora prácticas históricamente irregulares de algunos actores del sector, la normativa vigente y la realidad de la cadena productiva, abriendo una rendija peligrosa que puede derivar en un desvío masivo de anchoveta hacia la harina ilegal, disfrazada de hidrolizado.
Actualmente, la producción de concentrados proteicos de origen pesquero está regulada por el Decreto Supremo N° 015-2016-PRODUCE, que establece los requisitos técnicos, sanitarios y de trazabilidad para garantizar un procesamiento seguro. Esta norma permite innovar y generar productos de valor agregado sin necesidad de modificar la Ley General de Pesca.
Introducir el hidrolizado como alternativa legal de consumo humano directo (en adelante “CHD”) no resuelve los problemas de abastecimiento ni combate eficazmente la anemia. Por el contrario, abre un canal que podría derivar la anchoveta destinada al CHD hacia la harina, reproduciendo el patrón histórico de desvío de la harina.
Entre 2017 y 2018, solo se pescó el 42 y 54% de la cuota asignada de 300 mil toneladas para CHD. Posteriormente, considerando las necesidades del mercado, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ajustó la cuota a 150 mil toneladas, logrando un cumplimiento del 75% entre 2021 y 2023 (Ministerio de la Producción, marzo 2025).
En el 2024, a pesar de un cumplimiento mejorado, gran parte de la materia prima se exportó a Ecuador, por lo que no fue aprovechada para el mercado nacional. Para el 2025, PRODUCE adelantó la cuota anual de 75 mil toneladas para los meses de enero a julio, de las cuales, hasta marzo, se había alcanzado cerca del 50% (Ministerio de la Producción, marzo 2025). Estas cifras evidencian que el recurso existe, pero no se utiliza adecuadamente para la elaboración de productos destinados al mercado interno.
El verdadero problema es el desvío de la anchoveta, especialmente cuando la normativa vigente abre la puerta a la producción de harina ilegal. Entre el 2018 y 2024, más de 32 mil toneladas anuales de anchoveta destinadas al consumo humano directo nunca llegaron a planta, convirtiéndose en harina ilegal. Entre el 2015 y 2017 se habrían producido 90 mil toneladas de harina ilegal al año, con un valor superior a 130 millones de dólares (Apoyo Consultoría, 2017). Además, las exportaciones hacia Ecuador pasaron de 900 toneladas en 2019 a casi 32 mil en 2024, y a marzo de 2025 más de 15 mil toneladas ya habían salido del país (Ministerio de la Producción, 2025).
La normativa actual no promueve un aprovechamiento eficiente. El Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la anchoveta para CHD permite hasta un 10% de merma en muelle y hasta un 40% adicional en planta, lo que implica que casi la mitad del recurso puede terminar como harina residual. Legalizar los hidrolizados sin una supervisión estricta abriría la puerta para que la anchoveta destinada al CHD, cuyo objetivo principal es combatir la anemia, se desvíe masivamente, replicando el patrón de pérdida de materia prima que las estadísticas ya evidencian.
No hay duda de que la innovación tecnológica y la diversificación de productos son fundamentales. Apoyo la investigación, la producción de concentrados y el desarrollo de nuevos productos que saquen el mayor provecho de un recurso altamente nutritivo. Pero primero hay que asegurar a la gallina que pone los huevos de oro. Esto solo es posible mediante una supervisión, control y fiscalización eficientes, que garanticen que la materia prima llegue realmente a los productos de CHD y no se pierda como harina ilegal.
El referido Proyecto de Ley ignora estas evidencias. Legalizar los hidrolizados sin una supervisión eficaz reproduce el mismo patrón que ha convertido un recurso estratégico en harina ilegal. El Perú cuenta con normativa suficiente, capacidad de pesca y potencial de producción para abastecer al mercado interno. Lo que falta es orden, fiscalización y coherencia en la política pesquera para garantizar que la anchoveta cumpla su verdadero propósito de nutrir a la población.
