Colombia ocupó el último lugar en competitividad fiscal de la Ocde por segundo año Infobae
El Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2024 volvió a situar a Colombia en la última posición entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), una tendencia que se mantiene por segundo año consecutivo.
Este resultado, presentado por Tax Foundation Org, refleja que el sistema tributario colombiano no solo es el menos competitivo del bloque, sino que exhibe características que, según el informe, desincentivan la inversión y el crecimiento económico.
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El análisis no se centra en la cantidad de impuestos recaudados, sino en la manera en que está estructurado el código tributario en comparación con las mejores prácticas de la Ocde.
El índice evalúa 42 variables agrupadas en cinco pilares: impuesto de renta corporativo, impuestos a las personas, impuestos al consumo, impuestos a la propiedad y reglas transfronterizas.
La medición pone especial énfasis en dos conceptos: la “competitividad”, entendida como la capacidad del sistema para no penalizar excesivamente la inversión y el trabajo mediante tasas marginales elevadas, y la “neutralidad”, que implica evitar que el sistema favorezca a determinados sectores o tipos de financiamiento.
El informe identifica tres elementos que penalizan de manera significativa a Colombia en la metodología del índice: la tasa de renta corporativa más alta de la Ocde, la existencia de un impuesto al patrimonio de carácter permanente y la aplicación de un gravamen a las transacciones financieras, conocido como 4×1000.
Esta combinación, según el documento, encarece el capital, desalienta el ahorro formal y añade fricción al sistema de pagos, factores que, por diseño del índice, empujan a Colombia al fondo del ranking.
En el ámbito del impuesto de renta corporativa, la tarifa general en Colombia es del 35%, la más elevada dentro del grupo de la Ocde y superior al promedio del bloque. Además, algunos sectores enfrentan recargos temporales, lo que incrementa aún más el costo marginal del capital.
En cuanto a los impuestos a la propiedad, la reinstalación del impuesto al patrimonio con carácter permanente desde la reforma de 2022 representa, según el informe, un obstáculo para la neutralidad fiscal, ya que grava el stock de riqueza incluso si no genera flujo, penalizando el ahorro a largo plazo y la acumulación de capital.
Respecto a los impuestos al consumo y las transacciones, aunque la tasa general de IVA es del 19%, cifra cercana al promedio de la Ocde, la existencia del gravamen a los movimientos financieros introduce una carga adicional sobre pagos y retiros.
El índice considera esta figura como especialmente agresiva, lo que contribuye a la posición rezagada de Colombia.
El contraste con otros países de la región es notorio. Chile se ubica en el puesto 29, mientras que México ocupa la posición 23 y ha mostrado una mejora respecto a 2023.
Dentro del grupo latinoamericano de la Ocde, Colombia no solo permanece en el último lugar, sino que no logra acortar la distancia con sus pares, quesí han registrado avances positivos.
La persistencia de Colombia en la última posición no responde a un hecho aislado. En 2023, el país también ocupó el puesto 38 entre 38, lo que, según el informe, evidencia un problema estructural de diseño que no se soluciona con ajustes menores en tasas o beneficios sectoriales.
El documento advierte que, dada la elevada deuda fiscal, las dificultades del Estado para recaudar fondos y los nuevos intentos de consolidar una reforma tributaria, es probable que Colombia continúe figurando entre los países con menor competitividad fiscal en el índice.
En este contexto, la reciente propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado inquietud en diversos sectores.
El proyecto contempla que la carga tributaria sobre hidrocarburos y el sector minero-energético superaría el 70%, lo que ha provocado un rechazo generalizado. El sector del carbón, en particular, advirtió que las medidas propuestas en materia tributaria eliminarían las posibilidades de crecimiento y desarrollo de toda la industria.
Otras ramas productivas también manifestaron su preocupación ante un proyecto que, lejos de aportar alivio, generó un clima de incertidumbre y debate.
