Exministro de Correa seguirá preso en EE.UU. mientras suspenden audiencia en Ecuador por caso Villavicencio Infobae
El exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, permanecerá detenido en Estados Unidos mientras espera una nueva audiencia de inmigración que definirá si es deportado o no a Ecuador. Su situación migratoria se analizó el lunes 25 de agosto en el Centro de Detención de Krome, en Florida, pero la diligencia no concluyó con un pronunciamiento. La jueza Romy Lerner decidió suspender la sesión a la espera de más información sobre los procesos que Serrano enfrenta en Ecuador, en particular su vinculación como presunto autor intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
En Miami, la abogada de Serrano acudió al centro migratorio junto a una amiga cercana. Los medios permanecieron en los exteriores sin acceso a la sala. El exministro, que ingresó a Estados Unidos en mayo de 2021 con una visa de turismo, solicitó asilo meses después. Sin embargo, según su hija, fue detenido en agosto de este año por haber extendido su estadía legal. La familia sostiene que la vida del exfuncionario corre peligro en caso de ser deportado a Ecuador y que su proceso de asilo fue tramitado correctamente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deberá resolver si Serrano continúa detenido, es liberado bajo fianza o es expulsado a su país.
Casi en paralelo, este martes 26 de agosto, Quito debía ser escenario de la audiencia de formulación de cargos en la que la Fiscalía General del Estado tenía previsto acusar formalmente a Serrano, al exasambleísta correísta Ronny Aleaga, al empresario Xavier Jordán y al sentenciado por corrupción y crimen organizado, Daniel Salcedo. Todos son señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023. No obstante, la diligencia fue suspendida debido a la ausencia del abogado de Aleaga, Jonathan Ayala, quien presentó un justificativo médico. La jueza Daniela Ayala calificó la inasistencia como una “clara práctica dilatoria” y pospuso la audiencia para el 3 de septiembre.
La fiscal del caso, Ana Hidalgo, debía sustentar la acusación contra los investigados, quienes habrían planificado, ordenado o financiado el ataque contra Villavicencio. La teoría de la Fiscalía se basa en dos años de investigación que ya derivaron en condenas contra los autores materiales, sicarios de la banda Los Lobos. En 2024 fueron sentenciados varios de los responsables directos y Carlos Angulo, alias “Invisible”, considerado autor mediato del crimen. Ahora la atención se centra en la presunta responsabilidad de quienes, desde la política y los negocios, habrían facilitado la ejecución.
En Ecuador, el delito que se les atribuye es asesinato con fines de conmoción social, tipificado con una pena de hasta 26 años de prisión. La acusación, además de Serrano, recae sobre personajes que ya han sido cuestionados en otros casos judiciales: Aleaga, señalado por sus vínculos con grupos criminales; Jordán, prófugo del caso Metástasis; y Salcedo, condenado por tramas de corrupción hospitalaria y delincuencia organizada. La Fiscalía asegura contar con elementos que los relacionan con la planificación del magnicidio, aunque todos los implicados niegan su participación y denuncian persecución política.
La defensa de Serrano insiste en que su detención en Miami responde a una irregularidad migratoria y no a las investigaciones judiciales en curso. Sin embargo, la Fiscalía ecuatoriana ya comunicó formalmente a las autoridades de Estados Unidos que el exministro será procesado por su presunta participación en el magnicidio. Este cruce de procesos ha colocado a Serrano en una encrucijada jurídica: mientras un tribunal estadounidense estudia si debe ser deportado, un tribunal ecuatoriano espera su comparecencia para iniciar el juicio.
El asesinato de Villavicencio marcó de forma decisiva la campaña electoral de 2023 y reveló la magnitud del poder del crimen organizado en la política. El periodista y candidato presidencial había denunciado amenazas y nexos entre mafias y dirigentes antes de ser asesinado a la salida de un mitin en Quito. La fotografía de Aleaga y Jordán en una piscina en Miami, publicada meses antes por el propio Villavicencio, ya había expuesto vínculos que ahora la Fiscalía intenta probar en sede judicial.
La audiencia de formulación de cargos en Ecuador se reanudará el 3 de septiembre, y la corte migratoria en Miami deberá programar una nueva fecha para decidir si el exministro será deportado o si continúa detenido mientras se tramita su pedido de asilo.
